El mal de los partidos españoles

Para describir adecuadamente la economía de los partidos políticos en España, debemos partir de la consideración de que esos partidos constituyen lo que los economistas designaríamos como un oligopolio altamente concentrado. Nuestro sistema de partidos está constituido, en efecto, por dos competidores, el Partido Popular y el Partido Socialista, que concentran una gran parte de la representación popular y del poder que se deriva de ella, a los que se añaden otros dos contendientes nacionales -IU y UPyD- y varios regionales -CiU, PNV, ERC, BNG, CC, Amaiur, etc- con una representación más bien exigua, aunque en el ámbito autonómico o local algunos puedan ser dominantes.

Quiero dejar claro desde el principio que el carácter oligopólico del sistema español de partidos no se deriva de la singularidad del sistema electoral -que necesariamente conduce a una representación concentrada-, sino de las instituciones que configuran la economía de los partidos -algunas de las cuales se encuentran incorporadas en la Ley Electoral- como un mercado con fortísimas barreras a la entrada.

Expliquemos bien esto. El sistema electoral, principalmente por la exigencia de que las circunscripciones electorales coincidan con las provincias y por el empleo de la Ley d'Hondt como regla de atribución de escaños, conduce a una representación concentrada en pocos partidos políticos, alejada de la proporcionalidad en el cómputo nacional. Sin embargo, no veo este resultado como un problema, toda vez que, con un sistema así, se asegura la gobernabilidad del país, al evitarse que la fragmentación del electorado tenga un reflejo inmediato sobre la distribución del poder. El problema, por tanto, no está en los resultados electorales, sino en el hecho de que esos resultados se reiteran, con pequeñas variaciones, elección tras elección. Digamos que nuestro sistema electoral posibilita la alternancia de los dos grandes partidos en el poder; pero dificulta enormemente el relevo de esos mismos partidos dentro del olioligopolio. Y este es, indudablemente, un efecto de esa economía de los partidos que genera fuertes barreras a la entrada dentro del sistema.

Me refiero principalmente al hecho de que, dentro de nuestro sistema, los partidos han devenido en instituciones fuertemente dependientes de la obtención de subvenciones públicas. Los partidos políticos españoles ya no son asociaciones de ciudadanos que, con sus propios recursos, intervienen en la política. No, más bien se trata de instituciones económicamente vinculadas al Estado, las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales. Y ello, con el agravante de que esa vinculación es sólo accesible para unos pocos actores: los partidos que ya forman parte del oligopolio.

Con esta economía, los partidos españoles han devenido en organizaciones sujetas a una fuerte inercia que se deriva del hecho de que, debido a su carácter oligopólico concentrado, la competición política se encuentra severamente limitada. En España, prácticamente, lo que se dirime en las convocatorias electorales es la eventual rotación entre los dos partidos líderes, sin que nunca se plantee su posible sustitución.

Son tres los aspectos en los que esta inercia se muestra con meridiana claridad: la selección del personal político y la burocratización de las organizaciones, por una parte, y su desideologización, por otra.

Comenzando por el primero, se puede señalar que, con el curso de los años, se ha ido extendiendo un proceso de selección de los dirigentes locales, regionales y nacionales de los partidos políticos vinculado al desarrollo de una carrera profesional dentro de su correspondiente organización. Los partidos buscan cada vez menos atraer a profesionales con conocimientos útiles para la gestión política, y se conforman con la promoción de los que han sabido ser fieles a la organización -y a sus dirigentes- durante los largos años en que han ocupado puestos secundarios dentro de ella. Dado que la retribución de los políticos que ocupan puestos de representación es relativamente mediocre, no sorprende que muchos de los que, finalmente, acaban ocupándolos sean personas poco cualificadas que nunca han obtenido empleos de relevancia en el sector privado o en el ámbito funcionarial de las administraciones públicas.

Los políticos profesionales, sobre todo en el ámbito local y regional, aunque también en el nacional, han estado sujetos así, de manera creciente, a un proceso de selección adversa en el que los mejor preparados para el ejercicio de sus funciones resultan rechazados, mientras que los más dóciles con quienes ostentan el poder son promocionados.

Con este bagaje no resulta nada sorprendente que los partidos políticos se hayan convertido en organizaciones fuertemente burocratizadas en las que cuenta más la fuerza inercial del ejercicio del poder interno que los resultados del debate político o los de la gestión de las instituciones en términos del bienestar de los ciudadanos.