El gran apagón

El diccionario de la R.A.E define “apagón” como: “interrupción pasajera del suministro de energía eléctrica”, (Fundeu RAE: Apagón en la península Ibérica, claves de redacción. Publicado el pasado 29 de abril). Pero hay un apagón que debería escribirse con mayúscula, Apagón, porque no se trata de una “interrupción pasajera”, sino que se ha hecho “permanente” y no afecta al “suministro de energía eléctrica”, sino a la energía y vitalidad de nuestro Estado de Derecho, siendo la causa inequívoca de todos los demás apagones que deterioran la convivencia, que se vienen sucediendo desde hace tiempo con inusitada intensidad y frecuencia, y que ya ni causan asombro ni denuncia. El Apagón, no es pues de origen material, físico o electrotécnico; sino intelectual, ético, moral y, al mismo tiempo, tan profundamente jurídico e institucional, que convierte a la Constitución (C.E) en papel mojado. El apagón eléctrico es espontáneo e involuntario, aunque sin duda es producto de una mala gestión técnico-administrativa, y recuperable no obstante el daño que haya causado. Sin embargo, el Apagón aquí subrayado, ha supuesto una desconexión brutal con los pilares del Estado de Derecho; diríase que de forma voluntaria y programada, endémica, más dolosa que culposa, y está llevando nuestra democracia a la penumbra de una autocracia fáctica de difícil vuelta atrás.

Este Apagón del gobierno afecta a las Instituciones del Estado, es ya una “interrupción permanente”, de energía jurídica, de fe y confianza en dichas Instituciones, que si bien muestra su penumbra en los gobiernos de Sánchez, tiene su origen en la capacidad erosiva iniciada con el expresidente Zapatero, con su ley de la memoria histórica, el desprecio a la transición democrática, su perversa redefinición de los conceptos de Nación, y la consiguiente relativización de la C.E. Este corte de la energía revitalizadora del Estado, de la conciencia constitucional (con su inherente doblez política), de lógica humanística, de incompetencia, fracaso o desidia ministerial y, en fin, de ética básica, persiste, in crescendo, desde que Sánchez perdiera las elecciones y, pese a ello, fuera nombrado Jefe del Ejecutivo.

La razón de ese encumbramiento fue el apoyo prestado por quienes no creen en el modelo de Estado o tratan de destruirlo. Tal desafuero hay que buscarlo en las lagunas jurídicas de nuestra C.E, su falta de previsión ante reinterpretaciones partidistas y de algunas normas jurídicas sibilinamente cambiadas, en un abordaje constitucional sin escrúpulos, evidenciando que los padres de la C.E, jamás pensaron que de esas lagunas se iba a beneficiar alguien políticamente nefasto, un alumno de Maquiavelo con matrícula de honor a su fidelidad, con una idea elástica, mercantilista, egoísta y ruin de la democracia. Ya no cabe duda de que los apagones físicos más importantes, los desastres acaecidos, expresados aquí en sentido amplio, como por ejemplo el de la Dana del 29 de octubre del año pasado, el infarto eléctrico del reciente 28 de abril, y las calamidades actuales en las terminales de Barajas, en especial en la T.4, traen causa del  gran Apagón que el gobierno ha infligido al Estado de Derecho.

Empezando por el desastre de la DANA, la coincidencia de los informes técnicos es unánime en otorgar una vital importancia causal, al abandono y descuido de los cauces de ríos y barrancos, rechazando dragar su curso por intereses espurios o prejuicios ideológicos. Indolencia que parte de la desastrosa y culpable política iniciada por el expresidente Zapatero, que enterró los grandes proyectos hidráulicos relativos a los trasvases. La muerte de 227 personas, los aún desaparecidos y los inmensos daños materiales tienen una causa, que no es otra que la incompetencia y pasividad del gobierno, de su Apagón. Especial transcendencia tuvo el comportamiento presidencial, actuando como Poncio Pilato, lavándose las manos con aquella frase celebre: “si necesita más recursos, que los pida”, porque su deber era declarar la emergencia nacional y haberse adelantado a procurar lo necesario. En las cautelas previsoras y avisos de emergencia, el gobierno también estuvo desaparecido; así como en el resarcimiento por medio de ayudas, porque hasta la fecha, las víctimas y damnificados, las han recibido con cuentagotas.

En cuanto al importante apagón del 28 de abril en toda España peninsular y en Portugal, la interrupción fue tan larga y generalizada que los daños producidos fueron extremadamente cuantiosos, sin olvidar que motivó algún fallecimiento. Las causas de este infarto eléctrico y masiva deselectrificación, están claras para todos los técnicos competentes comprometidos con la verdad. Las energías renovables, la eólica y la solar, becerros de oro de este gobierno, no estuvieron a la altura a la hora de confiarlas la demanda en exclusividad. La Red Eléctrica de España (REE), en el mix energético que ella solita programa, las asignó una demanda superior a la que podían aportar y el colapso sobrevino. Impulsar estas energías limpias está muy bien, pero llevarlas al extremo de la adoración, ignorando que hay otras energías limpias, como la nuclear, según lo expresa la misma Unión Europea, es un grave error.

La REE, conocida actualmente como Redeia Corporación S.A, empresa pública en la práctica, ya había hecho caso omiso de los varios avisos recibidos antes del reciente infarto eléctrico del 28 de abril, cuando ya se observaba esa obsesión por dejar “mandar” a esas energías tan renovables como inestables. Y tanto va el cántaro a la fuente que al final todos a oscuras. Este sorprendente apagón también trae causa del verdadero Apagón de Sánchez, de los desafortunados nombramientos de sus ministros y ministras. Por un lado, el de la Vicepresidenta Tercera y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (solo el nombre marea); y de otro, el de la Presidenta de la REE, cuyo perfil profesional y C.V nada tiene que ver con las funciones técnicas que debería desempeñar, siendo su mérito principal haber sido una ministra gris del gobierno del expresidente Zapatero. La conjunción de estos incompetentes nombramientos nada bueno podía augurar.

Por último, el caos en las terminales del Aeropuerto de Barajas, sobre todo en la T4, ha llegado a unos límites que trasciende nuestro ámbito territorial. Y así, en las noticias de algunos países europeos se informa de este desastre, con calificaciones como “ciudad sin hogar” o “zombieland”. Si no fuera porque los sufrimientos de quienes lo padecen sin culpa, y de quienes lo causan y a la vez lo sufren por su estado de necesidad, se producen en el interior de un complejo aeroportuario moderno, diríase que las calamidades transcurren en un campamento de refugiados tercermundista. Las brechas abiertas en la seguridad personal de usuarios y empleados del Aeropuerto, el deterioro en la salud y bienestar de las personas concernidas, con centenares de personas sin techo, que utilizan las instalaciones destinadas a los pasajeros para pernoctar, están llevando al Aeropuerto a una situación extrema, donde la desidia de AENA, órgano competente en la materia para erradicar tal situación, y del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, de quien depende, es manifiesta. También es incomprensible la pasividad culpable del Ministerio del Interior que, por otra parte, está sorprendiendo con un aumento de delincuencia y falta de seguridad en general.

En resumen, a lo penoso de la situación para quienes usan estas terminales aeroportuarias, ha de sumarse el desprestigio de España ante las naciones y los operadores turísticos extranjeros. Una vez más, el origen está vinculado al Apagón del gobierno, causado por un presidente, a quien el deterioro del Estado de Derecho le importa tanto, como las calamidades de la Dana, la insufrible inestabilidad eléctrica en general, y en Renfe en particular, o el paisaje espantoso de la T4.

Pero el gran Apagón va a escalar de penumbra a oscuridad con la reforma de la Justicia. El Consejo de Ministros del martes 13 de los corrientes, ha dado luz verde al “Proyecto de Ley Orgánica para la Ampliación y Fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal”. El pilar constitucional de la Justicia, es lo único que le queda a Sánchez para controlar los tres poderes del Estado. De ahí que quiera realizar una reforma amplia de la Justicia que le garantice su control. Cinco de las siete asociaciones de jueces y fiscales han asegurado que las reformas propuestas suponen un serio retroceso en el estado de Derecho. La reforma, dicen, “es estructural y de gran calado, y afecta gravemente a los principios constitucionales, como la igualdad, el mérito y la capacidad en el acceso a las carreras judicial y fiscal, así como deteriora el Estado de Derecho, la separación de poderes e independencia judicial”. A estas futuras designaciones de jueces y fiscales, que serán casi digitales por la reforma, hay que sumar dos cambios tremendamente involucionistas y debidamente camuflados en el título de la Ley. Se trata de confiar la instrucción de las causas penales al Ministerio Fiscal, y la ampliación del mandato del Fiscal General a cinco años. Todo ello con un fin esotérico e inconfesable: asegurar aún más el control de la Justicia y desmontar las amenazas penales que se ciernen en torno al círculo más próximo de Sánchez. El gran Apagón está servido, pasando de la penumbra democrática a la oscuridad autocrática.

• Juan A Pérez Morala es Comandante del E.A (en situación de retiro), exabogado y Doctor en Dereccho.

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