´El gobierno parece realmente decidido a cerrar la vía electoral como medio para la lucha política´

¿Qué consecuencias tiene que Maduro haya adelantado también las elecciones legislativas haciéndolas coincidir con las presidenciales?

Hasta ahora no es oficial, y habrá que ver cómo responde el Consejo Nacional Electoral ante el desafío técnico de hacer esas mega-elecciones en tan corto tiempo. Diosdado Cabello declaró que introduciría la solicitud ante la ANC la próxima semana, lo que quiere decir que se está examinando la situación y sobre todo las reacciones tanto internas (dentro del chavismo) como en general. Lo que hay que resaltar es que aumenta exponencialmente el costo de deslegitimación de estas elecciones. Uno de los precandidatos de oposición que pretendía competir a pesar de la decisión de la MUD de no participar, Claudio Fermín, declinó hacerlo precisamente por esta nueva situación. Henri Falcón, el otro precandidato que, por su origen chavista, decía poder movilizar a los descontentos de ambos bandos y reunir el voto opositor a pesar de las condiciones deplorables de la elección, ha emitido un comunicado en el que repudia este nuevo escenario y sugiere que no participaría en caso de confirmarse. La inscripción de los candidatos está pautada para los próximos días, de modo que no se sabe qué puede pasar con esa decisión de Falcón. En otras palabras, este anuncio dinamita la poca verosimilitud que tenían las elecciones presidenciales y hay que preguntarse qué busca el gobierno de Maduro con eso. Por una parte se puede pensar que, dado que la elección presidencial no será reconocida internacionalmente, es poco el costo de hacerlas completamente ilegales y de paso barrer a la oposición al quitarle el único espacio institucional que domina, que es la Asamblea Nacional. Otra posibilidad es que con esta maniobra el gobierno retrase las elecciones (por razones supuestamente técnicas por lo complicado de la elección) y con ello responda a una de las objeciones más importantes (pero no la única) de la comunidad internacional y de la oposición, obligando a una nueva ronda de deliberaciones acerca de las condiciones electorales, fecha, etc. que podría romper el acuerdo ya alcanzado en el seno de la MUD. En todo caso como hipótesis de trabajo hay que verlo como un paso más hacia la radicalización. Las reacciones internacionales no han sido hasta ahora muchas, pero llegarán sin duda en los próximos días.

Voluntad Popular (Leopoldo López) y Primero Justicia (Capriles), tan separados en muchas cosas, han rechazado las elecciones. ¿Es una buena señal?

Primero Justicia está al mando de Julio Borges; de hecho Henrique Capriles ha tenido una política propia y en las discusiones acerca de la participación se mostró partidario de participar con un candidato simbólico, lo que trajo un largo proceso de deliberación. En cuanto a VP, es un partido muy reducido por la persecución, exilio, prisión de su directiva. En realidad la separación entre VP y PJ obedeció más a cuestiones tácticas y a situaciones internas que a otra cosa. Desde mediados del año pasado se ha venido reconstituyendo esa alianza que es la que le da gravedad a la coalición opositora. De todos modos, la situación en general de los partidos políticos de la oposición es muy difícil, tanto por las amenazas del gobierno como por el desencanto y escepticismo de la población, exhausta bajo las condiciones tan terribles de vida que ha provocado el régimen de Maduro. La falta de eficacia política de las iniciativas del año pasado, cuando se intentaron todas las vías, desde la protesta a la negociación, pasando por las elecciones regionales y municipales (realizadas bajo condiciones muy adversas) para hacer valer la Constitución frente al atropello del gobierno y su ´junta de gobierno´ representada en la ilegal Asamblea Constituyente, ha debilitado la confianza en los partidos políticos.

En las municipales y en las regionales hubo división de la oposición. Los gobernadores de Acción Democrática juraron ante la Constituyente de Maduro. ¿Cuál sería la fórmula para recuperar la unidad?

Lo que está planteado ahora es completamente diferente a la situación de octubre, cuando se produjeron las elecciones para gobernadores. No solo porque el deterioro cotidiano en las condiciones de vida, incluyendo la abierta hiperinflación, ha cambiado las urgencias de la población, sino porque esas mismas elecciones resultaron decorativas: esos cuatro gobernadores de la oposición fueron prácticamente despojados de sus funciones y de paso, se ha comprobado con hechos el fraude electoral en el estado de Bolívar, algo que no había ocurrido antes. El gobierno realmente parece decidido a cerrar la vía electoral como medio para la lucha política y para el cambio de gobierno, y con esta nueva perspectiva de eliminar la legítima Asamblea Nacional ha obligado a la oposición a unificarse. La propuesta actual es constituir un gran frente de partidos y organizaciones civiles para demandar elecciones justas, desconociendo las convocadas para el 22 de abril. Es un juego nuevo, por así decirlo, en vista de la huida hacia adelante del régimen de Maduro. En todo caso las perspectivas son bastante oscuras y difíciles.

¿Tienen algún sentido y efectividad las sanciones de la Unión Europea?

Han sido muy importantes. Las sanciones estadounidenses y canadienses primero, y luego las de la UE, impiden que el gobierno siga financiándose ilegalmente (sin la autorización del Parlamento) y además afectan personalmente a altos jerarcas del gobierno. Es importante la cuestión de la prohibición de ventas de armas que entiendo que está incluida en las sanciones de la UE. De hecho, las sanciones fueron el motivo por el cual el gobierno accede a la ronda de negociaciones última, que evidentemente trató de evadir al no firmar el acuerdo propuesto por los cancilleres mediadores, que era un acuerdo que permitía la normalización institucional para elecciones libres.

¿Qué debería hacer la comunidad internacional?

No soy experta en ese tema, pero la presión internacional debe continuar por todas las vías posibles. Una importante es contribuir a que la OEA pueda dictaminar la violación de la Carta Democrática por parte del gobierno de Maduro. Otra, por supuesto, el escalamiento de las sanciones y su multiplicación en caso de sanciones personales. Otro mecanismo es no abandonar el dossier Venezuela en la opinión pública. Es importante también actuar en el plano humanitario, apoyando a Colonia y Brasil en cuanto a los refugiados de frontera. También indirectamente, la UE podría actuar con los gobiernos de México, Brasil y Colombia en cuanto a examinar los programas e intenciones de candidatos electorales como Andrés López Obrador y Gustavo Petro, así como el PPT de Lula, para evaluar la influencia de Venezuela en esos procesos.

¿Puede desestabilizar lo que está sucediendo a Colombia? ¿El hecho de que las fechas de las elecciones sea tan cercana puede tener alguna consecuencia?

Es complicado porque, por una parte, Colombia se enfrenta a una situación grave en la frontera, y es una situación que involucra a seres humanos desesperados por huir de Venezuela, pero indudablemente es una situación que se politiza al calor de la campaña electoral colombiana. Petro ha hablado, como candidato, un lenguaje muy parecido al de Chávez, y ha ofrecido incluso convocar una asamblea constituyente, siguiendo la fórmula consagrada por el chavismo. La situación con el ELN hace sospechar que el acuerdo de paz que se estaba negociando entre esta organización y el presidente Santos fue dinamitado por el gobierno venezolano para presionar a Colombia, que estaba jugando un rol muy importante en el Grupo de Lima. Sin embargo, puede ser tóxica para su candidatura esta proximidad. Es posible que Santos a su vez quiera sacar provecho de la situación; pero en todo caso, el problema de los refugiados existe y hay que darle apoyo al gobierno colombiano para abordarlo.

Llevamos años diciendo que los problemas de violencia, sanitarios, de alimentación son insoportables… ¿en qué escalón estamos?

Yo diría que la escala de los problemas es logarítmica y que la situación actual es infinitamente peor que lo que se ha podido decir en cualquier otro momento reciente. Acaba de publicarse una Encuesta de Condiciones de Vida realizada por las tres universidades más prestigiosas y sus resultados son terribles, a pesar de que los datos se recolectaron hace seis meses, antes de la hiperinflación. El 87% de los hogares es pobre según la medición por línea de pobreza, y el 60% está en pobreza crítica. En la medición multidimensional de la pobreza (que no considera únicamente el ingreso, pulverizado por la hiperinflación) la pobreza alcanza el 51% (en 2016 fue el 46%). Lo grave no es que hayan empeorado los problemas: es que el Estado mismo ya no funciona. Ni la administración pública, ni los servicios mínimos del Estado están funcionando. La única política pública del Estado hoy es la venta de comida subsidiada, de manera además irregular y eventual. El resto de los mentadísimos programas sociales del chavismo (las llamadas militarmente ´misiones´) desaparecieron por completo. Y los servicios universales como salud, educación y seguridad no funcionan por bajos sueldos, deserciones y corrupción, además de que los ingresos petroleros continúan en picado por la disminución de la producción petrolera. Estamos en el escalón del colapso generalizado. Y el costo humano que ello está teniendo es incalculable.