El gobierno de México ¿derecha o izquierda?

En política económica, Calderón coincide al 100% con el Gobierno español: apertura comercial hacia el exterior y una estrategia para atraer inversiones de cualquier parte del mundo. En política energética, el presidente español respaldó abiertamente a Calderón en su batalla contra las fuerzas de la izquierda mexicana que insisten en mantener el sector petrolero como un monopolio estatal cerrado a la inversión privada. De hecho España le ofreció a México compartir la estrategia que le permitió hace 30 años convertir el monopolio estatal energético de la era franquista en uno de los sectores más diversificados y eficientes de la economía española y europea actual.

Pero en México los herederos del marxismo y de los sectores nacionalistas-revolucionarios del antiguo régimen -que gobernaron México en forma ininterrumpida por más de 70 años- están empeñados en conservar y restaurar los peores rasgos de aquel sistema autoritario y estatalista.

Otro de los temas en el que coincide el gobierno "derechista" de Calderón con el gobierno socialista de España es en su política social. Calderón ha puesto en el centro de su administración una vigorosa e inteligente estrategia de desarrollo social, basada en el combate a la pobreza extrema y el acceso a la salud y educación de los sectores más necesitados; sistema muy similar al de los gobiernos socialdemócratas de Europa y América Latina.

Pero para la izquierda mexicana esto es sólo un intento por ganar votos, e insisten en que el control sobre la política social pase a manos del Congreso, en el que ellos (la alianza entre el Partido de la Revolución Democrática y los sectores más retrógrados del Partido Revolucionario Institucional) tienen mayoría.

Además, esta "izquierda" conservadora y retrógrada insiste en poner cada día más obstáculos a la participación ciudadana en la vida pública del país. Después de su derrota en la elección presidencial de 2006, se declaró víctima de un fraude electoral y exigió que el Instituto Federal Electoral fuera descabezado y que se impusieran reglas restrictivas muy severas a la libertad de expresión y participación ciudadana en política. Sólo los partidos -no los ciudadanos ni las organizaciones civiles- pueden contratar propaganda política en medios de comunicación, y el contenido de los mensajes está sujeto a la censura de la autoridad electoral, supuestamente para evitar "campañas negativas", es decir, críticas.

En particular pretenden impedir la participación de los católicos en debates tan fundamentales como la legalización del aborto. Pero en temas como el aborto y la familia, los gobiernos de México y España son signos opuestos. Mientras Zapatero ha impulsado reformas abortistas y ha dado su bendición al "matrimonio" homosexual, el gobierno de Calderón, a través de la Procuraduría General de la República, ha interpuesto una demanda de inconstitucionalidad contra la reforma que legalizó el aborto sin restricciones en el Distrito Federal, y ha adoptado políticas para favorecer al matrimonio tradicional.

De esta forma, Calderón demuestra que sí es posible un gobierno que respete los valores tradicionales de su pueblo y que al mismo tiempo sea moderno y avanzado en lo social, político y económico.