El falso ´derecho a decidir´: ¿quién decide qué?

España · José Manuel de Torres
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28 enero 2014
Es lugar común desde hace algún tiempo el que ciertos políticos se permitan reclamar con absoluta desfachatez desde los medios de comunicación un supuesto “derecho a decidir”... sobre asuntos tan variopintos como el futuro de “nuestro pueblo” (sólo el catalán o el vasco, ¡eso sí!), la vida del no nacido (sólo por las mujeres, ¡por supuesto!) o cualquier otra cuestión por esperpéntica que parezca: p.ej., la separación de Igueldo de San Sebastián (y, ¡claro está!, en esto último, sólo votan los del barrio, no los de la capital).

Es lugar común desde hace algún tiempo el que ciertos políticos se permitan reclamar con absoluta desfachatez desde los medios de comunicación un supuesto “derecho a decidir”… sobre asuntos tan variopintos como el futuro de “nuestro pueblo” (sólo el catalán o el vasco, ¡eso sí!), la vida del no nacido (sólo por las mujeres, ¡por supuesto!) o cualquier otra cuestión por esperpéntica que parezca: p.ej., la separación de Igueldo de San Sebastián (y, ¡claro está!, en esto último, sólo votan los del barrio, no los de la capital).

De hecho, son ya tropel los políticos a quienes se les llena la boca con la manida expresión del “derecho a decidir”, al punto de hacernos pasar ante nuestros ojos una mercancía averiada como si fuera “la forma democrática más depurada y saludable cuyo ejercicio sano, sin cortapisas y en libertad, es recomendable si realmente queremos homologarnos a Europa y vivir en una sociedad moderna y avanzada”. ¡Falso de toda falsedad!

Y es que desde que el el lehendakari Ibarretxe patentara tan lograda invención retórica para enmascarar su plan secesionista, felizmente derrotado en el Congreso en 2005, la fórmula del “derecho a decidir” ha calado tan hondo en nuestros lares patrios que incluso en cualquier Junta de Comunidad de Vecinos que se precie no es extraño que alguien tome la palabra y zanje cualquier discusión banal con la invocación a tan imaginario derecho.

Aclaremos, pues, unas cuantas cosas.

1. Se confunde a la gente cuando, a sabiendas de su falsedad, se quiere cambiar el único sujeto democrático de soberanía reconocido por nuestra Constitución (el pueblo español), por otros supuestos sujetos pequeñitos pretendidamente soberanos en sus respectivos territorios autónomos. Es decir, dejemos las cosas claras: que el pueblo vasco, el pueblo catalán, incluso el pueblo gallego, canario o andaluz, tienen razón de ser dentro del pueblo español, único soberano de derechos y deberes.

2. El “derecho a decidir”, como tal, no existe en el ámbito jurídico internacional, pese a la tozudez con que nos lo venden los nacionalistas. Este falso derecho sólo enmascara una apuesta (in)disimulada por la secesión que nuestro ordenamiento jurídico ni reconoce ni ampara. Como tampoco existe ningún otro derecho a la autodeterminación distinto al que ejerce con total normalidad democrática el pueblo español en su conjunto cada vez que elige a sus representantes políticos nacionales o autonómicos. Así pues, querer decidir la secesión unilateral de una parte del pueblo nunca puede ser un derecho, sino un acto de fuerza no democrática que un Estado democrático y de derecho tendría la obligación de impedir.

3. La libertad de elección individual de las mujeres nada tiene que ver con un falso “derecho colectivo de las mujeres a decidir” sobre la vida de un ser no nacido (eufemísticamente, sobre un embarazo no deseado). Cierto es que todos gozamos del libre albedrío para obrar bien o mal, según nuestra conciencia, pero esa libertad humana no puede ser nunca desvirtuada, confundida o amparada jurídicamente cuando sobre lo que se decide es ni más ni menos que sobre otra vida humana no nacida. No hay un “derecho a decidir” de la mujer embarazada sobre el ser que lleva en su seno, y sí hay una obligación del Estado de proteger en lo posible la vida de la madre y la del nasciturus. La doctrina del Tribunal Constitucional así lo estableció en su momento despenalizando el aborto sólo en tres supuestos muy medidos.

Y es que quizá ha llegado el momento en que la sociedad española se conciencie de que ningún derecho, real o figurado, sale finalmente gratis. Siempre hay un coste político, económico o moral. Y siempre hay un sujeto damnificado cuando estos falsos derechos se ejercen sobre los derechos de los otros. Por ello sería bueno recordar algo tan obvio como poco asimilado por los españoles: todo derecho conlleva una obligación, y esto a veces es ingrato. Exigir derechos sin demandar deberes es, a la larga, una mala política y un mal ejemplo para todos. Y tan democrático es lo uno como lo otro. Abrir un debate político para que los españoles terminen de comprenderlo parece urgente.

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