El Estado de las Autonomías en cuestión

Ocho años después aquel estado de opinión ha cambiado substancialmente. En un asunto tan central para un sistema político resulta asombrosa la profundidad del cambio en tan poco tiempo. Quienes cuestionan el Estado Autonómico (quieren "ninguna" o "menos" autonomía) alcanzan ya la cifra del 32 por 100 (23 puntos más que antes de la crisis). Los que quieren "más" autonomía descienden al 19,8 por 100 (13 puntos menos que en el año 2005). Los defensores del Estado de las Autonomía como está en la actualidad han pasado a ser minoría entre los españoles: el 38,5 por 100. El corrimiento de más a menos es espectacular y va aumentando en las sucesivas encuestas en las que se pregunta esta cuestión.

Es en el electorado del Partido Popular donde se ha producido con mayor intensidad este cambio de actitud. Ya son el 59,7 por 100 los que reclaman menos (o ninguna) autonomía. Y tan sólo defienden el actual Estado Autonómico el 28 por 100. En el Partido Socialista también se ha producido un cambio correlativo desde sus precedentes posiciones. Así, los partidarios de una menor autonomía pasan del 6 por 100 de hace ocho años a un 32 por 100. Y el 38 por 100 que quería más autonomía entonces se reduce al 17 por 100.

Mi opinión es que esta evolución del clima de la sociedad española ante el Estado Autonómico hay que tomarla en serio. El apoyo al Estado de las Autonomías, tal y como está ahora configurado, ya no se asienta sobre bases sólidas y se está haciendo frágil. La crisis ha hecho emerger las disfuncionalidades del modelo y su difícil sostenibilidad. Es cierto que este "nuevo clima" de opinión no se reparte de manera homogénea en toda España. En las Comunidades Autónomas con fuerte implantación nacionalista la tendencia se invierte, lo que plantea indudablemente un problema de no fácil gestión política.

La sociedad civil se ha puesto las pilas y ha tomado iniciativas que hay que tener en cuenta. Recientemente instituciones como el Foro de la Sociedad Civil o la Fundación Transición han elaborado sugestivos estudios en los que se reclama una revisión del Estado Autonómico. Ya no podemos juzgar estos estudios y propuestas como meras elucubraciones de laboratorio. Reflejan amplias inquietudes de la sociedad española y responden a este nuevo clima de opinión. Creo que ya no es posible defender una posición inmovilista ante este vital problema de la configuración del Estado surgido en la Transición. No se trata de suprimir el Estado Autonómico sino de someterlo a un inteligente y realista proceso de revisión. La descentralización tiene muchas ventajas y responde al principio de subsidiariedad. Pero el modelo actual presenta muchas deficiencias, ha generado un indeseable desorden y ha provocado fragmentaciones perniciosas en aspectos relevantes de la vida nacional. Las fuerzas políticas, principalmente los dos grandes partidos, deben tener la valentía de abordar esta cuestión, que a mí me parece clave para el futuro de nuestra convivencia.