El día D

Mundo · Tulio Álvarez
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5 junio 2017
La pregunta es más que pertinente, ¿hasta qué punto está dispuesto Maduro a proseguir la trágica estrategia de la Asamblea Nacional Constituyente? Al cierre de mayo, las dos encuestadoras más serias, si cabe el término en Venezuela, coinciden en el rechazo del 80% de la población a la entreverada propuesta del régimen. Pero lo que resulta sorprendente por demás es la data de un apoyo aproximado al 73% a la protesta que desde hace dos meses se desató en las calles.

La pregunta es más que pertinente, ¿hasta qué punto está dispuesto Maduro a proseguir la trágica estrategia de la Asamblea Nacional Constituyente? Al cierre de mayo, las dos encuestadoras más serias, si cabe el término en Venezuela, coinciden en el rechazo del 80% de la población a la entreverada propuesta del régimen. Pero lo que resulta sorprendente por demás es la data de un apoyo aproximado al 73% a la protesta que desde hace dos meses se desató en las calles.

Esto permite prever que, lejos de amainar, la movilización popular se mantendrá mientras tenga el combustible de la desesperante situación económica; y, un incentivo muy poderoso y nada despreciable, la lucha de sectores convencidos de “un ahora o nunca” libertario. Estos son los que tozudamente no han cejado en el enfrentamiento, en cada oportunidad en que se les ha provocado. ¿Acaso no era previsible este anárquico panorama? ¿Se confiaron tanto en el coyuntural éxito obtenido con el “diálogo fraterno”?

Al parecer, la desaceleración de noviembre era para tomar impulso en 2017. El robo del referendo revocatorio y las elecciones regionales ayudó bastante en una definición. Pero el mayor servicio vino de los firmantes de las famosas sentencias 155-17 y 156-17 de la Sala Constitucional, anulando el ámbito de atribuciones de la Asamblea Nacional y asumiendo el ejercicio de las mismas. Gracias a ellos se fueron desatando los demonios y no los han podido contener. De ahí viene la apresurada ejecución de una estrategia constituyente que estaba planteada para el mes de junio de 2018, no en este tiempo.

No me pregunten cómo lo sé, pero lo sé. Maduro está indignado con Escarrá porque planteó un proyecto tan incompleto que primero fue comunal con 500 asambleístas; inmediatamente, el mismo que tenía que presentar un proceso acabado y que solo tuvo ingenio para copiar mal y parcialmente las bases de convocatoria de 1999, desdice al mismo presidente indicando que sería por elección universal, directa y secreta; luego, al publicar los Decretos NOS 2830 y 2831 del 1º de mayo de 2017, lo comunal queda definitivamente sepultado con lo sectorial, aumentando a 540 asambleístas. Pero Maduro no puede actuar por dos razones: la patada merecida solo confirmaría el desastre y, lo que resulta más grave, Escarrá tiene su padrino, el militar.

Entonces, ocurre un absurdo, el Consejo Nacional Electoral en su apresurada carrera por enajenarse al esquema madurista, el mismo que en realidad no lo es, modifica las bases presentadas al percatarse de que no cuadran. Y suben los asambleístas a 545. Pero el equipo de Jorge Rodríguez observa que la única forma de solapar el desastre es llevar la ANC a un número cercano a los 700 constituyentistas. En eso están, atrapados por la improvisación; sin listados sectoriales confiables, salvo el de trabajadores que se reduce al seguro social; con frentes abiertos en el propio gobierno, el PSUV, el TSJ, el CNE y con los militares. ¿Por qué?

Aunque la fiscal general está impaciente por mayores y más significativas señales de apoyo de las que ha recibido hasta ahora, sus declaraciones sobre “el desconocimiento del modelo de Estado establecido en la Constitución y una ruptura del orden constitucional” y, lo más relevante, sus acciones u omisiones siguen causando un daño profundo al proyecto de eliminar definitivamente la Constitución de 1999. Todos esperan, algunos gritan por ello, una serie de antejuicios de mérito contra altos funcionarios. Pero, ¿eso es inteligente? Pareciera que es lo que están esperando para ejecutar un plan de inhabilitación y destituirla contando con el TSJ y los otros dos miembros del Consejo Moral Republicano. No lo haga.

Todo tiene su tiempo y hay que aplicar Mateo 6,33-34 para llegar al día “D”. El ministerio público sí puede intervenir. Comenzar con la investigación de las actuaciones de los funcionarios medios encargados de la ejecución del plan fraudulento en el CNE es la mejor forma de atacar la acción de Tibisay Lucena al modificar, sin competencia para ello, el Decreto Presidencial N° 2.878, publicado en Gaceta Oficial N° 41.156 de fecha 23 de mayo de 2017, mediante el cual se establece el número de los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente. Esos funcionarios efectúan un acto material o de ejecución sin respaldo de acto administrativo formal; vale decir, por una vía de hecho, manifiestamente ilegal e inconstitucional.

Y la fiscal debe proseguir transmitiendo el mensaje a quien corresponda, como solicitar una respuesta sobre “si perdió vigencia la democracia participativa y protagónica y se renovó la vigencia de la democracia representativa, porque de la letra de la sentencia parece que se elimina la democracia participativa, lo que le costó mucho al pueblo venezolano”. También insistir en el enjuiciamiento de la oficialidad de la Guardia y Policía Nacional encargados de la brutal represión y violación sistemática de derechos humanos. Porque ese componente militar asumió la responsabilidad de apoyar la ruptura constitucional pero los otros se encuentran pasivos, en silencio. Pronto les tocará una definición. El destino los va a alcanzar.

El CNE podría fijar dos fechas, la primera para la realización del simulacro de elección territorial; la segunda, el teatro de elecciones sectoriales. Tentativamente el 30 de julio una de ellas. Esos días el régimen convocaría su propia debacle. ¿El ejército, la armada y la aviación se prestarán a la contención mortal de las muchedumbres que impedirán el acceso a los centros de votación? ¿Ejecutarán un “Plan República” de consolidación de una dictadura? Esto si la protesta se mantiene por seis semanas más. “L’ora e fugita”.

Sería importante que todos los factores que han apoyado a Maduro tomaran conciencia de un elemento clave. Ellos saben bien que este proceso fraudulento tiene por objeto anular definitivamente la Constitución de 1999. Lo que no está claro que hayan evaluado es que Maduro, al dictar las bases de convocatoria, les ha dicho: “Si caigo yo, ustedes se hunden conmigo”. Maduro ya no es viable. Pero en un régimen democrático y pluralista ustedes tendrían derecho a lo mismo que se le ha negado a la mayoría del país, la posibilidad de participar políticamente. O ustedes se encargan de su problema interno o, civiles y militares, tendrán que afrontar el día “D” con todas sus consecuencias.

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