´El desalojo del chavismo es inminente´

Tulio Álvarez, abogado constitucionalista, repasa para www.paginasdigital.es la situación en Venezuela.

Maduro mantiene desde hace días el estado de excepción y la oposición, con mayoría en la Asamblea, reclama el referéndum revocatorio. ¿Hacia dónde puede evolucionar la situación?

Esta pregunta es muy compleja y requiere diferenciar:

Estado de excepción

Este es un país que vive en continua emergencia desde hace años y la pasividad es la única respuesta. Desde el 15 de marzo de 2015 hasta el 31 de diciembre del mismo año, Maduro estuvo facultado para dictar normas con rango y fuerza de ley, en materia de ´ejercicio de soberanía´, por la delegación legislativa realizada por la Asamblea Nacional mediante una “Ley Habilitante Antiimperialista”. Esta Ley fue aprobada tan solo cuatro meses después de que terminara su primer período habilitado mediante instrumento de la misma naturaleza; que, a su vez, estuvo precedido de numerosas y consecutivas habilitaciones que la Asamblea Nacional había concedido en periodos anteriores. Estos actos de delegación fueron tan amplios que el ejercicio de potestades normativas abarcó todo tipo de materias y, en especial, las regulaciones en el ámbito económico.

Siguiendo la línea conductual de su predecesor y ante una nueva realidad política, producto de los resultados de las elecciones realizadas el 6 de diciembre de 2015, Maduro plantea la existencia de una “emergencia económica” con la misma motivación y justificación de los instrumentos habilitantes que pudieron activar los mecanismos requeridos por la situación de hecho planteada. Esta declaratoria de Estado de Excepción fue bendecida, como siempre, por la Sala Constitucional.

Es fundamental destacar que bajo el marco jurídico creado por el referido decreto no se dictaron medidas de ejecución a pesar de que era factible desde el momento mismo de su aprobación. Me explico, si fuera una circunstancia económica novedosa que pone en jaque al país y a los ciudadanos, las decisiones no se hacen esperar y se deben asumir inmediatamente. Sin embargo, nuevamente la respuesta fue la pasividad demostrativa que no existe voluntad de afrontar nada salvo sí se trata de acciones y agresiones para seguir destruyendo.

Todavía hoy, sin tener que esforzarnos mucho para comprobarlo, se utilizan argumentaciones que tratan de invocar “razones superiores” o la necesidad de enfrentar “estrategias de desestabilización económica” para proseguir un ejercicio de personalismo y la reacción discrecional del Gobernante, en la mayoría de los casos para mantener el estado de cosas que originó la ruina y riesgos que se pretenden combatir. No tengo reservas para afirmar que el Decreto de Emergencia Económica constituye una manipulación que asume forma de burla a las necesidades del pueblo venezolano; además, fue anunciado en el peor momento imaginable; la oportunidad de la presentación de la Memoria y Cuenta, responsabilidad constitucional del Presidente de La República.

Las medidas anunciadas en el decreto de emergencia se manifiestan por sí mismas. Por ejemplo, la de “Disponer de los recursos provenientes de la economía presupuestaria del ejercicio económico financiero 2015” tiene como bochornosa realidad que esos recursos no existen por cuanto todo presupuesto resulta deficitario por el descontrol del gasto público y el despilfarro. La de “Asignar recursos extraordinarios a proyectos previstos o no en la Ley de presupuesto” se complica porque para la asignación de recursos el requisito es una disponibilidad o liquidez que no existe, salvo la emisión inorgánica de dinero que solo agravaría la situación. En el caso del deseo de “Diseñar e implementar medidas especiales de aplicación inmediata para la reducción de la evasión fiscal” resulta dificultoso imaginar un acoso fiscal mayor al hoy existente.

Se les ocurrió “Dispensar de las modalidades y requisitos propios del régimen de contrataciones públicas a los órganos y entes contratantes en determinados sectores a fin de agilizar las compras del Estado que revistan carácter de urgencia dentro del plazo de vigencia de este decreto”. Un mecanismo típico de utilización de la emergencia para facilitar la corrupción mediante el levantamiento de los controles, como lo hicieron con el sector eléctrico. Y sobre el tema de “Dispensar de los trámites cambiarios establecidos por Cencoex y por el Banco Central de Venezuela a órganos y entes del sector público y privado a fin de agilizar y garantizar la importación de bienes o insumos indispensables para el abastecimiento nacional” solo refleja el fracaso del control cambiario como mecanismo de desviación de recursos en el más pavoroso desangramiento que ha sufrido el país.

Que no decir de la orden de “Disponer de los trámites, procedimientos y requisitos para la exportación y nacionalización de mercancía” e “Implementar medidas especiales para agilizar el tránsito de mercancía por puertos y aeropuertos del país”. Terminología que refleja también el levantamiento de controles. Lo que se complementa con una disposición para “Adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el acceso oportuno de la población a alimentos, medicinas y demás bienes de primera necesidad”. Esto constituye reconocimiento evidente del fracaso de la misión más inmediata del Estado sin dejar de indicar que esta no es ninguna acción extraordinaria, al menos en democracia.

Una oda a la credulidad e ingenuidad que partiría de la confianza de cualquier inversor en un régimen especializado en perseguir al sector privado eso de “Adoptar las medidas necesarias para estimular la inversión extranjera”. Idea genial también “Requerir a empresas del sector público y privado incrementar sus niveles de producción”. El pequeño detalle es la inexistencia de un sector privado que puede producir, en forma inmediata, después de haber sido desmontado; y suponer que existe un sector público que de repente tendrá la eficiencia que nunca ha tenido.

Lo trágico de la situación es que ciertamente estamos en emergencia económica y el Poder Ejecutivo, responsable de la solución de esta crisis, lejos de despejar las circunstancias agrava las causas. El origen de la debacle económica está en la donación de nuestras riquezas naturales, el desmontaje del aparato industrial, el saqueo a los productores agropecuarios, el endeudamiento en el momento de mayores ingresos del país, la desviación de los fines de PDVSA y la disminución de su productividad, la corrupción desbordada y la ineficiencia administrativa. Tal anarquía y desgobierno nos ha llevado a una inflación inusitada y máxima en el orbe, carestía y miseria. Esta situación no se va a revertir con un decreto aunque así lo consideren los padres de esta emergencia eterna.

Referendo revocatorio

Múltiples incógnitas que surgen ante la definida estrategia de la oposición dirigida a convocar un referéndum revocatorio contra Maduro y la manifiesta voluntad de él a resistirlo utilizando los soportes de su mandato. Me refiero a lo que le queda al régimen a falta de pueblo: los militares, el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia, lo que de por sí es bastante aunque la realidad nacional hable por sí misma. Y es que la convicción nacional, incluyendo a los propios militantes del PSUV, manifiesta un profundo rechazo a la gestión de Maduro.

Comencemos por los dos primeros escollos, el bufete del Gobierno ubicado en Dos Pilitas y la oficina electoral del PSUV encargada de la tramitación del revocatorio que desde siempre ha cumplido esa función. La primera designación de rectores se hizo con la anuencia de la Sentencia del 30 de junio de 2000 emanada de una provisoria Sala Constitucional que declaró que el Congresillo “no tendría por qué ceñirse a las disposiciones de la Constitución”, sustituyendo a la sociedad civil con la discrecionalidad revolucionaria. Poco después, mediante Sentencia del 4 de agosto de 2003, la Sala Constitucional designó rectores tan imparciales como Jorge Rodríguez para “la ejecución” del primer revocatorio.

Ellos hicieron lo indispensable para el fraude: El cohecho y manipulación del Registro Electoral; la contratación de un sistema de automatización violando toda normativa de control; sin resguardo de los equipos a fin de evitar la manipulación y alteración de las que fueron objeto; el fracaso de las pruebas de auditoria; la falta de preservación de las urnas electorales; el secuestro de las instalaciones en que se realizaba el proceso electoral con militantes del oficialismo; la utilización de un sistema de identificación de huellas que pervertía el proceso; y la manipulación de la comunicación de la información y su procesamiento interviniendo la red desde distintos centros habilitados al efecto.

El TSJ y el CNE son la llave perfecta para violentar el derecho a la participación de los venezolanos pero hoy tienen otra estrategia: Desfigurar la verificación de firmas, colocar obstáculos insalvables para desechar la voluntad del elector u obligar a los firmantes a trasladarse a kilómetros de distancia para ratificar o llevar el proceso al próximo año para que pierda todo efecto, solo para ejemplificar. Pero el fraude es tan burdo que va en contra de decisiones previas que han asumido.

En efecto, existe un criterio consolidado de la Sala Electoral, sentencia Nº 103 de fecha 8 de agosto de 2013, en la oportunidad de suspender los efectos de los artículos 7 y 8 de la Resolución N° 130620-0135, emanada del Consejo Nacional Electoral, publicada en Gaceta Electoral Nº 677 de fecha 19 de julio de 2013, contentiva de las NORMAS PARA REGULAR LA VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE MANIFESTACIONES DE VOLUNTAD EN APOYO A LAS PERSONAS QUE ASPIREN POSTULARSE POR INICIATIVA PROPIA A LOS CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR, en el cual se advierte expresamente al Consejo Nacional Electoral que no podrá, para el proceso electoral correspondiente a las Elecciones Municipales 2013, exigir la presentación ante la Oficina Regional Electoral de electores que hayan manifestado su voluntad de apoyar alguna postulación por iniciativa propia mediante firma, a los fines de la validación de esta.

En la misma se puede leer: “Observa la Sala que el trámite establecido en los artículos 7 y 8 de la Resolución impugnada, consistente en exigir la presentación ante la Oficina Regional Electoral, de un determinado número de electores que manifestaron su voluntad de apoyar mediante firma la postulación respectiva, a los fines de su validación, se traduce, en apariencia, en una limitación desproporcionada e irrazonable del derecho a la participación, dado que pareciera suficiente a los efectos del cumplimiento del requisito por parte de quien pretende ser candidato por iniciativa propia, que proceda a consignar las firmas exigidas bajo las condiciones y requisitos establecidos por el Consejo Nacional Electoral”. Pero ahora nos obligan a ir a las sedes principales, como en el caso de un habitante de Santa Elena en Bolívar que tendría que recorrer 700 kilómetros para llegar a la Capital del Estado para revalidar su firma.

Sobre el soporte militar del régimen vale advertir que una elección es un acto cívico por excelencia, una jornada ciudadana que no puede estar sujeta a la interferencia o intervención de uno de los factores que compiten en el proceso. En ningún país del mundo una jornada de esta naturaleza está sometida al control exhaustivo del sector militar y mucho menos depende en todas sus etapas de tal presencia. El origen de la mayoría de los Gobernadores y altos funcionarios de este régimen es la carrera militar. Este es un régimen militarista que mueve los cordeles de un monigote. Pero ha surgido un líder que todos siguen. Se trata del revocatorio como manifestación de libertad que guía a un pueblo. A pesar del fraude.

Tenemos noticia de la carestía y de las colas. Pero ¿cómo es el día a día en Venezuela?

No se exagera cuando se afirma que estamos en presencia de una crisis humanitaria en Venezuela. Afecta de dos formas distintas a la población. La clase media-alta sufre la inflación y altos precios pero paga en un esquema de intermediación que se denomina “Bachaqueo”: Venta de productos regulados por muchas veces su valor llegando a absurdos indescriptibles. La clase media baja empobrecida a niveles indescriptibles con salarios que no cubren el pago de transporte para ir al trabajo o lo que se come en la jornada. Los sectores más populares condenados a colas diarias y eternas para adquirir pequeñas cantidades de productos regulados sin ningún tipo de equilibrio alimenticio. En Venezuela, por primera vez, se materializa una hambruna que se potencia cada día.

¿La represión ha dejado algún espacio de libertad?

No existen espacios de libertad. Los medios de comunicación fueron capturados por diversas vías. Una de ellas la adquisición con los dineros de la corrupción. Se da el cierre por falta de papel o por el acoso por demandas judiciales o inspecciones fiscales. No hay derecho a manifestar. Existe el riesgo de violencia en cada oportunidad en que surge una protesta, sea de los cuerpos de seguridad del Estado o los cuerpos paramilitares del régimen.

Algunos militares se han desmarcado de Maduro. ¿Puede haber una fisura?

Los militares gobiernan Venezuela, son los que tienen el control de todo. Lo que existen son diversas mafias y grupos vinculados al narcotráfico, el contrabando y otras prácticas delincuenciales.

¿Puede desempeñar algún papel la OEA?

El viernes 27 de mayo explotó en las redes la noticia el dialogo que se estaba desarrollando en República Dominicana entre altísimos dignatarios del régimen y otros personeros de la política venezolana que los medios identificaron al día siguiente como Carlos Vecchio, Alfonso Marquina, Timoteo Zambrano, Luis Aquiles Moreno y Roberto Marrero. No puedo garantizar el contenido de las conversaciones pero la información inicial indica que la delegación del régimen exigió “respeto a la Constitución” y “apoyo a las medidas económicas”, sin incluir el tema del revocatorio; mientras los otros propusieron una agenda sobre el respeto a las decisiones de la Asamblea Nacional y la realización del revocatorio este año.

En Venezuela existe un solo antecedente de revocatorio presidencial, ¿cuál fue la jugada del régimen en aquella oportunidad? Sencillo, secuestrar al CNE como institución con un cierto disimulo. La anterior afirmación se compadecía con las taras de una realidad institucional en la que la falta de independencia del Poder Judicial, las limitaciones a la libertad de expresión, la partidización de la Fuerza Armada, el accionar de grupos de exterminio, estaban expuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; al menos en su Comunicado de Prensa N° 23/02 del 10 de mayo del 2002, emitido al término de la visita a nuestro país de Cesar Gaviria en cumplimiento de la Resolución CP/RES.811 (1315/02).

Maduro está siguiendo al pie de la letra el guion cubano de los años 2003-04 que también cumplió su predecesor. En aquellos tiempos, a raíz de la consignación de las firmas de 3.236.320 de venezolanos para activar la solicitud de referéndum revocatorio del mandato el 20 de agosto de 2003, Chávez inmediatamente ripostó desde la ciudad de Buenos Aires que “las firmas consignadas son falsas” y agregó que “durante el año no se realizaría ninguna referendo en el país”. Poco después, el 2 de septiembre de 2003, manifestó desde Cuba que si el CNE validaba las firmas quedaría inhabilitado moralmente para realizar cualquier proceso electoral.

El CNE no solo escuchó el canto de fraude sino que obró en conformidad convocando para el 28 de noviembre de 2003 un proceso de recolección de firmas para el referendo revocatorio presidencial, esta vez bajo su control. Insatisfecho aun con tal actitud, el mismo difunto declaró públicamente la consumación de un mega fraude en su contra, lo que se parece mucho a la actitud de Dilma en Brasil al denunciar un Golpe por la activación del mecanismo constitucional del impeachment. Y no se produjo el evento comicial ese año, tal como fue predicho, porque presentada la solicitud el 19 de diciembre de 2003, el CNE difirió el proceso de verificación de las firmas que sirvieron de respaldo en contravención de las normas que ellos mismos habían aprobado.

Los diferimientos permitieron al revocable tomar nuevos bríos a costa del patrimonio nacional, las dadivas y limosnas que llamaron misiones y que hoy se muestran como lo que fueron; y las alianzas internacionales a cambio de la soberanía y la riqueza nacional, como lo fue la entrega de la reclamación contra Guyana a cambio de los votos de los países caribeños del Commonwealth, solo por poner un ejemplo. Pero quizás el acto más artero de ventajismo y violación de derechos fundamentales fue la libre utilización de la base de datos del CNE que contenía el listado de aquellos que activaron el revocatorio para ejecutar un proceso de manipulación y chantaje generalizado; en especial, a los funcionarios públicos o cualquier persona que pretendiera acceder a un servicio público.

En este punto aparece el tema de la negociación. El 29 de mayo de 2003 fueron suscritos entre el Gobierno de Hugo Chávez Frías y la oposición política venezolana, representada por la Coordinadora Democrática, unos acuerdos para hacer posible la solución electoral, pacífica, constitucional y democrática a la severa crisis democrática y de gobernabilidad que arrastraba Venezuela. Si entramos en comparaciones, la situación actual de desintegración nacional y destrucción del aparato productivo, hambre y miseria, le da a aquella crisis cierto grado de liviandad. Tales acuerdos se materializaron por la mediación de la Organización de Estados Americanos, la Organización de las Naciones Unidas y el Centro Carter, garantes de su cumplimiento.

Los Acuerdos de Mayo fijaron la ruta para lograr la reconciliación nacional pero para que esto se produjera necesariamente debía reconocerse el derecho a existir del otro sector y ya sabemos cuál es el criterio del régimen. El referéndum revocatorio del 15 de agosto de 2004 no fue un objetivo en sí mismo; era, eso sí, una opción o medio, entre otras planteadas antes de los Acuerdos, entre las que se incluía la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente o la enmienda constitucional para reducir los mandatos populares. En aquel tiempo la Sala Constitucional no bloqueo la enmienda como salida.

Los Acuerdos de Mayo suponían la existencia de un Poder Electoral imparcial y la intangibilidad de las normas electorales y la seguridad de las reglas con vistas a un juego que se anunciaba difícil y conflictivo. Pero el CNE modificó las reglas del juego a medida que se iba desarrollando el proceso que condujo al referéndum revocatorio, aplicándolas incluso con carácter retroactivo.

En cuanto a la actuación de los militares me basta recordar que, en fecha 20 de junio de 2003, Jorge Luis García Carneiro, para aquel entonces Comandante General del Ejército y luego Ministro de la Defensa en el momento de la ejecución del revocatorio, manifestó públicamente que el referéndum revocatorio del mandato presidencial no se llevaría a cabo y le restó valor a los compromisos contenidos en el Acuerdo. La OEA es un ente burocrático que se activa solo en función del interés de sus miembros más poderosos.

¿Qué esperanza hay en este momento para Venezuela?

Para dialogar hace falta que se reconozca la entidad humana y política de la contraparte, en la negociación no se pueden sacrificar los principios, en la estrategia no se debe subestimar al contrincante y, en el mejor escenario, la única garantía de cumplimiento es la fuerza de la movilización popular. El apoyo aunque sea indirecto a las medidas económicas asumidas en los estados de excepción implica el reconocimiento de una responsabilidad compartida y la negación de la estrategia destructora ejecutada por 17 años. Este es un régimen que destruyó a Venezuela ahora los venezolanos se encargaran de desalojarlos. Es inminente.