El debate es sobre España, no sobre Cataluña

España · Antxón Sarasqueta
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7 abril 2014
Aunque se hable de un debate “sobre Cataluña” lo que realmente se debate es sobre España y su proceso de ruptura. Lo importante no es la parte, es el todo. Lo importante no es que Cataluña quiera celebrar un referéndum constitucionalmente ilegal para romper España, lo fundamental es la respuesta del Estado democrático y su gobierno ante ese desafío totalitario y de rebeldía de una de sus comunidades autónomas.

Aunque se hable de un debate “sobre Cataluña” lo que realmente se debate es sobre España y su proceso de ruptura. Lo importante no es la parte, es el todo. Lo importante no es que Cataluña quiera celebrar un referéndum constitucionalmente ilegal para romper España, lo fundamental es la respuesta del Estado democrático y su gobierno ante ese desafío totalitario y de rebeldía de una de sus comunidades autónomas.

La clave está en la respuesta a esta pregunta: ¿va a utilizar el gobierno de la nación toda la fuerza del Estado democrático contra un proceso secesionista y de ruptura del Estado-nación como el que plantea abiertamente la comunidad catalana?

La autonomía catalana tiene en marcha un proceso de ruptura de España, y el debate en las Cortes sobre su derecho a celebrar un referéndum ilegal no es más que uno más de los pasos para dar apariencia democrática a lo que es un proyecto totalitario. Un trámite para alimentar el proceso.

Se trata de hacer legal lo que hoy es ilegal, mediante una estrategia muy estudiada históricamente en los procesos de subversión del orden democrático. Es un proceso de ingeniería legal, social, política como la que Karl Popper describió en <i>La Sociedad Abierta y sus Enemigos</i> (1945), como crítica a todas las formas de totalitarismo que emergen internamente y son el principal riesgo de las democracias.

En este proceso hoy convergen en España la izquierda, los nacionalistas, y los terroristas. No hay que olvidar que ese fue el Pacto de Perpiñán entre ETA y Carod Rovira (ERC), vicepresidente entonces del gobierno autonómico catalán con los socialistas. Y aunque hay gente de izquierdas, nacionalistas, empresarios y del propio PP que se llevan las manos a la cabeza ante esta realidad a la que se oponen, cuando estos procesos se ponen en marcha las declaraciones, intenciones y actitudes personales solo son testimoniales, no sirven para nada. Son arrastrados por la corriente. Solo el ejercicio de la fuerza del Estado democrático puede hacerlos fracasar.

No hay un solo caso en la historia política en el que la debilidad de un Estado democrático haya fortalecido a la nación y a la democracia, y sí hay muchos casos en contrario con trágicas consecuencias para las naciones y sus ciudadanos. La historia de Europa en el último siglo nos ofrece muchos ejemplos dramáticos para la humanidad y la libertad.

La principal paradoja de la España actual y que demuestra el deterioro de su sistema y de la clase política es que habiendo sido reconocido este periodo constitucional de la Transición como el mejor de su historia en progreso y libertades, es que se lo quieran cargar.

Pocos se acuerdan de que fue el anterior presidente socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, quien ya en 2006 solicitó al Consejo de Estado un dictamen sobre modificaciones de la Constitución española, organismo que valoró así la Constitución de 1978: “Es la que más estabilidad auténticamente democrática ha proporcionado a la España de los dos últimos siglos”. Es decir, el Estado y su gobierno no solo tienen la fuerza de la legitimidad y de la ley, sino la fuerza de la mejor democracia que han disfrutado los españoles históricamente. Por eso ha sido en estas décadas la principal referencia en el mundo como modelo de los procesos de transición democrática.

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