El carácter social de la enseñanza concertada

En un tuit reciente, el secretario general adjunto de Escuelas Católicas, Luis Centeno, sintetiza-ba el fondo de la polémica surgida estas últimas semanas a raíz de las primeras declaraciones de la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá: “el PSOE y Podemos están muy preocupados por la educación y por ello marcan los objetivos urgentes: eliminar progresi-vamente la enseñanza concertada, rebajar el estatus de la religión escolar, calificar los itinerarios segregadores, etc. Solucionado el problema”.

Es una desgracia que cuando cambia el Gobierno en España, se revitalice el debate educativo y volvamos a ocupar portadas con los trending topics sobre los mismos temas de siempre, sin nin-guna novedad: conciertos educativos y la asignatura de Religión. El acceso al poder de las iz-quierdas en plural ha desatado una nueva oleada de revanchismo antiLOMCE, cuyo alcance real es difícil de valorar dada la exigua representación del partido del Gobierno en el Congreso y el conglomerado de intereses que lo apoyan.

En las dos comparecencias que la ministra Celaá ha realizado ante la Comisión de Educación del Congreso, hemos podido comprobar lo lejos que estamos de alcanzar el Pacto Político y Social (aunque todos sigan hablando de él) y, a la vez, lo enconadas que están las posiciones, con todos los partidos rehenes de los programas electorales y de la presión de sus clientelas en la comunidad educativa. El ideal de la escuela pública, única y laica sigue presente, y además de manera excluyente, frente al derecho inalienable de los padres a ser los agentes principales en la educación de sus hijos, lo que significa en resumidas cuentas poder elegir escuela en condi-ciones de gratuidad equivalentes en las dos redes de centros sostenidos con fondos públicos, la red pública y la privada concertada. O sea, la demanda social tan cacareada estas últimas sema-nas.

La principal novedad de estas comparecencias vino de la mano del turno de réplica de Celaá que, fuera del guión, nos regaló varias ideas sorpresa en el discurso educativo. En julio explicó con gran convicción que “el derecho a la educación siempre recae sobre los individuos que son sujetos de aprendizaje, no recae sobre las familias, ni sobre los territorios, ni sobre las religiones. ¿Quién no puede estar de acuerdo con este matiz tan importante?”. Ahí es nada. De repente nos hemos visto transportados en el tiempo hacia una especie de nueva agogé espartana en la que el Estado asume un papel primordial en la educación de sus ciudadanos amparándose en una lec-tura demasiado dopada del derecho a la educación; sin embargo, como opinamos muchas orga-nizaciones, este derecho no exige necesariamente que se haga en régimen de monopolio por parte del Estado, sino que es perfectamente compatible y complementario con la libertad de enseñanza que, por cierto, es el segundo pilar básico del primer y único gran acuerdo educativo que ha sido el artículo 27 de la Constitución.

En la segunda comparecencia, la ministra fue aún más lejos durante su turno de réplica y, des-pués de invocar el consenso de la LODE del año 85 (aprobada –conviene recordarlo– sólo con los votos del PSOE y de la minoría catalana y con manifestaciones multitudinarias de detracto-res en la calle), afirmó que “la libertad de enseñanza no comprende la libertad de elección de centro por las familias. Sólo se refiere a la libertad de creación de centros y a la libertad de cá-tedra”.

Conviene recordarle a la ministra la Jurisprudencia del TC, que contradice frontalmente su afir-mación, una vez más, obsesionada por una interpretación muy casera en este caso del derecho a la educación, que obliga ciertamente a la Administración a garantizar la escolarización de todos, pero no a hacerlo sólo con sus centros públicos.

La clave de esta polémica tan añeja reside a fin de cuentas, como describe tan acertadamente el abogado Jesús Muñoz de Priego, en la cuestión del ideario, del carácter propio de los centros, que “es el elemento nuclear de la libertad de enseñanza y de la elección que supone. Es la posi-bilidad de que alguien quiera ofrecer un ideario y crear un centro para ello, y que alguien quiera que sus hijos se eduquen bajo el mismo, porque es un ideario compartido, e incluso que un do-cente quiera desarrollar su vocación profesional en un centro con esa propuesta, porque también la comparte”. Que una gran mayoría de los centros concertados sean confesionales, de ideario cristiano, puede ser una explicación muy plausible al interés del Gobierno en resucitar a Licurgo y con él, la misión de liberar del oscurantismo religioso la educación para ponerla en el regazo de la ciencia y del espíritu de ciudadanía que sea del gusto de los gobernantes.

Una coda interesante. El carácter social, que define por encima de todo a la escuela pública, tal y como afirmaba María Luz Martínez Seijo, portavoz de educación del PSOE, en una reciente tribuna, tampoco es exclusivo de estos centros. El algodón no engaña, la escolarización equita-tiva del alumnado es un objetivo querido por todos, también por los centros concertados, y no tiene mayor obstáculo en nuestro país para alcanzar las cotas ideales de equidad que la deficien-te financiación de los conciertos. Esta discriminación dificulta gravemente que en la práctica existan unas condiciones equivalentes de calidad en la prestación del servicio educativo por todos los centros sostenidos con fondos públicos en factores tan importantes como las plantillas docentes, los salarios, la jornada lectiva del profesorado, los comedores escolares, el manteni-miento de los centros, etc.

En definitiva, mucho ruido y pocas nueces. Mientras se siga hablando sobre si más o menos concertada, o sobre si se quita o no la asignatura voluntaria de Religión, ya no se habla de edu-cación, de lo que ocurre en las aulas y de lo que cuesta al profesorado dar clase y que los alum-nos aprendan, que es lo más importante.

Antonio Amate es secretario general de la Federación de Enseñanza de USO