El aborto obliga a saltarse el reglamento

Pumpido ha presentado esta semana al Ministerio de Justicia dos informes diferentes sobre la reforma del aborto. Ha mandado dos y no uno porque la mayoría del Consejo Fiscal ha apreciado que es inconstitucional la ley de plazos que se incluye en el proyecto de ley del Gobierno. Simple y llanamente el Consejo ha establecido que el núcleo del proyecto de reforma iría en contra de la Carta Magna si se aprobase. "El legislador no puede establecer una regulación del aborto en que el valor fundamental vida humana quede absolutamente desprotegido en determinados momentos, como sucedería en la ley de plazos. Quedaría desprotegido según el informe porque durante las 14 primeras semanas de gestación la prevalencia de la voluntad de la mujer y de sus derechos aparece como absoluta frente al valor vida encarnado en el nasciturus, en contra de los postulados constitucionales".

El Fiscal General del Estado no podía permitir que del órgano de representación de los fiscales saliese un único documento con avisos de esa contundencia. Era necesario, según el criterio de Pumpido, informar también del infome por él suscrito junto a los vocales del Consejo elegidos por la Unión Progresista de Fiscales. Su decisión vulnera los principios del Estatuto del Ministerio Fiscal, que establece que los acuerdos de este organismo se adoptarán por mayoría simple de los votos emitidos y, en caso de empate, el voto del presidente entonces sería dirimente.

Pero no ha habido empate. El Consejo está integrado por 12 miembros. En condiciones normales, el documento que ve inconstitucional el sistema de plazos no habría salido adelante. Pumpido habría utilizado su voto de calidad para deshacer el hipotético empate 6-6 y echar atrás el informe. Pero el reciente fallecimiento de uno de los vocales progresistas provocó que el texto obtuviese la mayoría. También en condiciones normales, es decir, en cumplimiento de lo establecido por el reglamento, Pumpido debería haber informado exclusivamente de ese documento. El Fiscal General del Estado ha decidido incumplirlo.

Conocida la estratagema de Pumpido, es ahora el turno del Consejo General del Poder Judicial. El órgano de gobierno de los jueces ha pedido al Gobierno que amplíe un mes más el plazo para analizar y elaborar su dictamen sobre el proyecto de ley. La correlación de fuerzas puede provocar un nuevo jarro de agua fría para las intenciones legislativas del Ejecutivo. Pero al igual que sucedió con el Estatuto de Cataluña -uno de los estudios del CGPJ detectaba más de una decena de puntos de inconstitucionalidad-, no se vislumbra que el Gobierno vaya, en ese caso, a tenerlo en consideración.

Todo indica que -como está sucediendo con el Estatut- tendremos que esperar a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la futura ley del aborto, dadas las intenciones manifestadas por el PP de presentar recurso. Pero antes de eso ya tenemos una evidencia. La actuación del Fiscal General del Estado demuestra que Zapatero quiere llevar su agenda social adelante por encima de cualquier reglamento.