El aborto del PSOE, negación de la laicidad

España · José Luis Restán
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25 junio 2009
Poco han tardado en desdecirse. Corría el mes de febrero y en Moncloa sacaron la alfombra roja para recibir al cardenal Bertone. La vicepresidenta De la Vega reconocía por primera vez que la Iglesia era un interlocutor necesario para el debate público. ¿Se abría una nueva estación para las relaciones entre el Gobierno de Zapatero y la Iglesia católica? Pues no. La soberbia ideológica y el mesianismo radical de este Gobierno lo hacen imposible.

El papel tornasol para conocer la situación ha sido la brutal reacción gubernamental a la Declaración episcopal sobre la futura ley del aborto. Blanco la ha calificado como hipócrita; Salgado ha dicho que los obispos, como siempre, no saben estar en su lugar; y por último De la Vega ha engolado la voz para advertir que siempre estarán ahí los sectores retrógrados y reaccionarios que tratan de impedir el progreso y la libertad. Ni un argumento para responder a las razones esgrimidas en ese documento. Sólo artillería gruesa contra la Iglesia, para entonar después una especie de patético "no pasarán". Es un juego peligroso y puede que esta vez se hayan pasado de frenada, porque un amplio sector social se ha sentido agredido por la radicalidad e incluso zafiedad intelectual y moral del proyecto de Bibiana, que ya sabemos que es simplemente el proyecto de Zapatero.     

Lo cierto es que el Gobierno juega una vez más a romper la sociedad, estigmatizando a quienes se oponen con razones públicamente expresadas a su agenda de transformación cultural. En lugar de abrir un amplio debate público al que fueran convocadas las diversas identidades presentes en nuestra sociedad, con una sensibilidad abierta a la verdad como reclamaba Habermas, aplica su rodillo y machaca a quienes se oponen. Un asunto en el que está en juego nada menos que el derecho a la vida merecería como mínimo un intento de gran pacto nacional, y no una obscena operación para expulsar del ámbito público a quienes no se tragan la ingeniería social de este iluminado.

Según ha sentenciado el portavoz parlamentario del PSOE, José Antonio Alonso, la única moral pública aceptable es la moral constitucional. Esta aberración del ex magistrado, compañero de pupitre de Zapatero, explica muchas cosas. En primer lugar no existe eso que denomina "moral constitucional". La Constitución es ni más ni menos que un marco jurídico para la convivencia, y no sería poco que el Gobierno lo respetase, por ejemplo en lo que se refiere a la protección del no nacido. Pero pretender que los órganos políticos sean fuente de la moral es el inicio del totalitarismo. El PSOE de Zapatero debe aceptar que en el espacio abierto de nuestra convivencia actúan identidades diversas con pleno derecho a exponer sus razones, a narrar su experiencia y a participar en el diálogo público. Eso es lo que significa la auténtica laicidad. Al poder político le corresponde asegurar y proteger esa pluralidad y no ejercer de rodillo homologador. Es una desgracia que el partido que goza de mayor respaldo electoral haya apostado por esta inquietante deriva, sin que nadie la denuncie con peso y eficacia desde sus propias filas.

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