Educar es un riesgo

Es la primera vez que un texto educativo legal no admite comparecencias de la comunidad educativa durante su tramitación parlamentaria, ni en el Congreso ni en el Senado. Así resalta un extenso artículo de ABC que analiza la nueva ley educativa. Sorprende también que se haga en un tiempo tan excepcional como una pandemia, en el que se han aprobado varios estados de alarma, en los que, por tanto, la sociedad no ha estado presente en toda su plenitud. Igual sucede con otras leyes ideológicas, como la de la eutanasia, en un momento donde han muerto de Covid-19 más de 50.000 españoles, y más de 500.000 europeos.

Decía el sabio chino Chuang Tzu que la condición necesaria para poder ser guiado por el Tao, y poder ser un niño del Tao, como camino o método de crecimiento en la vida, es desaprender para aprender. Parece que la chiquillería y la juventud española están abocadas a ser también niños del Tao de turno, pues una vez más no se han generado consensos para la aprobación de una ley de educación donde quepan la mayoría de las sensibilidades ideológicas del país.

Esto es malo para la educación, para el sistema educativo y, en definitiva, para la cultura como búsqueda de la verdad y el sentido de las cosas y de la vida. La educación en España ha perdido la tensión de la excelencia, y el norte o la brújula estratégica de su misión, es decir, para qué y por qué se educa, y se centra demasiado en el quién educa, cómo se educa, y el cuánto, incluso en el cuándo se educa.

Podríamos decir que educación es el proceso de “despertar personas capaces de vivir y de comprometerse como personas” (Mounier), o “aquel proceso por el que la comunidad trata de traspasar a sus miembros su cultura, incluidos los estándares de comportamiento de esa comunidad” (T.S. Eliot). No sería, por tanto, tarea de la escuela, al menos principal, preparar técnicamente a un futuro trabajador de trabajos que aún ni existen, o formar cívicamente a los futuros ciudadanos perdiendo toda neutralidad.

Esto, irremediablemente, empuja a poner el acento en la pluralidad de la sociedad, de los alumnos. Si esta y estos son plurales, y aquí no hay duda posible, la educación es lógico que se pida que responda a ser lo más plural posible, dado que, por definición, en una sociedad abierta, libre y democrática, el pluralismo va de serie y, obviamente, el estado (separado entre el legislativo, ejecutivo y judicial) habrá de atender a ese crisol de sensibilidades ideológicas, religiosas, culturales, sociológicas… existente, pero no sustituirlas o uniformizarlas o darles forma.

Desde este punto de vista, para un estado que pretenda el monopolio de la educación, efectivamente esta definición de la educación supone un riesgo, una amenaza a un proyecto político e ideológico, que trata de situarse incluso por encima de los grupos sociales, comenzando por la familia y las asociaciones, que conforman la comunidad social, la sociedad civil, la propia comunidad educativa.

Ciertamente, es necesario denunciar el monopolio estatal y la exclusión de la iniciativa social, así como cualquier otra medida que tienda a asegurar el monopolio de hecho del estado sobre la educación (en el medio o largo plazo), aun cuando no se llegue a proclamar tal monopolio por estar constitucionalmente prohibido. Lo que no quita que no se deba estar a favor del control por parte del estado, como herramienta de servicio público, respecto del papel de familias y asociaciones o fundaciones o religiones, en el ejercicio de la libertad de enseñanza, precisamente por el bien común y del niño, así como asegurando que no se generan reductos o guetos entre lo que Mounier llamaba “familias espirituales” dentro de una comunidad, o diversas sensibilidades filosóficas, sociológicas, religiosas, fomentando así asignaturas comunes, pruebas comunes, controles comunes, formación del profesorado de calidad, etc.

Asimismo, estar en contra del atosigante aliento del estado en la educación no resta para que se deba efectuar una crítica sobre, por ejemplo, si el actual sistema de conciertos ha cumplido con su misión en los últimos 30 años. Basta mirar a la sociedad para que podamos comprobar que es menos crítica, más masa, menos libre, más homologable en todo caso, más uniformizada (por efecto también de los medios de comunicación y la gran “cultura” de masas). También es pertinente resaltar aquí la necesidad de un sistema de controles eficaz, que evite corrupciones y tejes y manejes en la adjudicación de terrenos a la iniciativa social. Todo esto ha de servir para mejorar un sistema imperfecto, porque la persona es imperfecta. Pero el estado, también.

En todo caso, en todo este proceso legislativo, es de lamentar que la sociedad civil no se ponga de acuerdo en un mínimo común sobre el tipo de educación para el siglo XXI de nuestros jóvenes, pues el no acuerdo en las Cortes viene a ser el reflejo de la división en la sociedad, pues raramente el legislador es un “Deus ex machina”, que crea de la nada.

Va de suyo el ansia del estado en controlar la educación. Ciertamente el primer ámbito donde a finales del siglo XIX comenzó a intervenir la educación fue éste. Pero que no haya consenso en la sociedad en el derecho total a la elección del centro escolar, resulta increíble en una sociedad que lo quiere decidir todo, hasta el momento de la muerte en determinados supuestos. Tampoco se comprende bien, a estas alturas de evolución humana, que un centro escolar (público, privado o concertado) no tenga tanta autonomía como necesite para sacar el máximo provecho de cada alumno, en beneficio de la sociedad entera. Son dos claras reivindicaciones que desde posiciones social-cristianas y liberal-conservadoras pueden hacerse.

Y queda responder entonces a estas preguntas, teniendo en cuenta que los hijos no son del estado, pero que este ha de garantizar el derecho a la enseñanza que tienen las familias: ¿por qué hay millones de padres que aparentemente son clasistas, insolidarios retrógrados si nos atenemos a las motivaciones de la nueva ley? ¿Por qué algunos padres, una amplia minoría, pudiendo no pagar por la educación de sus hijos, optan por invertir en una escuela concertada?

Básicamente, solo cabe aplicar el sentido común y responder que la sociedad es plural, y allí donde se permite que la educación sea integral, de acuerdo a una de las familias ideológicas que comentábamos arriba, la gente por naturaleza tiende a preferirla, en libertad. Y como la sociedad es plural, si al final se aprueba la nueva ley, veremos cómo las familias tratarán de hacer un esfuerzo y llevarán a su prole (la poca que se tendrá) a colegios privados más caros, con un proyecto pedagógico e idearios similares a los suyos y a los de otros padres.

Hemos de interiorizar que una escuela en torno a un ideario no es inconstitucional, sino lo natural, porque es anterior a todo derecho. Una escuela así creará “conciencias verdaderamente abiertas y espíritus verdaderamente libres. Justo porque educa en la afirmación de un criterio único, puede crear en el joven un interés intenso por la confrontación con los demás idearios (incluso con el no ideario) y una apertura sincera y con simpatía hacia ellos” (Luigi Giussani).

Haciendo un ejercicio de prospectiva, ante este panorama, los más destacados alumnos, sin recursos suficientes para pagar un colegio privado de 500 euros al mes en adelante, encontrarán un sistema de becas de acceso a los colegios privados, descapitalizando a la pública de los mejores alumnos.

Punset dijo, en su libro “Adaptarse a la marea”, que “la alternativa a la extinción, cuando arrecia la competencia de otra especie o producto (educación pública respecto a la concertada) es la especialización que genera un valor añadido que los demás no están ofertando. Los que lo consiguen son los líderes de nicho. Y puede haber una mutación mínima”. Pues esto pasará con la educación, porque la libertad es como el agua, que penetra cualquier rendija, por escondida o estrecha que sea, y la sociedad es plural.

Seamos claros, la educación nos educa para el riesgo de usar nuestra libertad, y ahí no habrá estado. Con lo que debe contar éste es con las diversas familias ideológicas, filosóficas o religiosas existentes en la sociedad, que comparten precisamente su humanidad, esto es, la misma estructura humana y el mismo deseo de saber y conocer, de felicidad, para el bien de la sociedad y el propio desarrollo libre de la personalidad de los alumnos.