Drake y la Constitución española
Cuando el legislador constituyente redactó la Constitución de 1978 (C.E), puede que suspirara feliz y profundamente, convencido de haber logrado construir las bases de una democracia sólida y duradera; un baluarte jurídico mediante un amplio conjunto de preceptos coordinados en lo esencial, y consensuados en lo material, no sin recelos y sacrificios de los grupos políticos activos en aquel entonces. El constituyente creyó construir un fuerte Navío capaz de empezar a navegar por las aguas pacíficas que demandaba aquel turbulento momento, y salir con bien de los temporales que en el futuro pudieran levantarse en los mares de la convivencia entre españoles.
Los padres de la C.E, en su brega y bonhomía, en general se sintieron satisfechos de su obra constitucional, si exceptuamos las suspicacias que para algunos suscitaba el Título VIII, referido a la Organización Territorial del Estado. Se imponía la generosidad, la razón de Estado, y asumir ciertas renuncias. La criatura fue dada a luz y durante más de cuatro décadas ha sido el referente normativo de la legislación ordinaria, orgánica y el marco maestro de la convivencia político-social.
En aquella obra estructural del nuevo Estado, concurrieron dos virtudes absolutas, lealtad y buena fe; y otra más relativa, la ingenuidad. El constituyente no pensó que en la futura singladura de su Navío normativo, resucitaran de nuevo las galernas de los años treinta, aquellas que hicieran naufragar el propio régimen republicano, por la agresividad e imprudencia de sus capitanes.
Galernas que en olas de muchos metros hoy también se levantan, amenazando lo que el legislador constituyente creyó sería el inexpugnable Barco de nuestro navegar: la Constitución. Sus padres fundadores no podían imaginar que cuarenta y cinco años después, las estatuas de bronce salvadas del purgatorio de la memoria histórica y democrática, que miran hacia el sol naciente y al mediodía en los Nuevos Ministerios, irían a reencarnarse en políticos concretos de hoy, que están de nuevo a la cabeza de un gobierno realimentado de aquella vieja ideología de la deconstrucción. Cuando Sánchez en su reciente investidura, llamó a construir “un muro contra la derecha retrógrada del PP y VOX”, resonaron aquellos bronces republicanos y retrocedimos décadas en la paz político-social.
Los legisladores de la C.E debieron creer que la experiencia del pasado era tan brutal, que era improbable un atentado contra su criatura. Se fiaron de que en la larga vida que la vaticinaban, jamás se iban a encontrar con un partido político, cuyo líder acrisolara ventajosamente la doctrina representada por aquellas estatuas de bronce y que en su involución democrática, fuera capaz de tomar al abordaje nuestro Barco constitucional, derribando uno de sus tres mástiles, el palo mayor en el que se sustenta toda su fortaleza para seguir navegando. En román paladino, nunca pensaron que el Poder Ejecutivo fundido con el Legislativo, pudiera materializar un acto de piratería política contra el otro Poder del Estado, justo el pilar donde reside la última garantía del Estado de Derecho: el Poder Judicial.
La democracia ya es poco creíble en este nuevo régimen sanchista, en el que el hilo conductor ha sido la incoherencia, hacer de los principios goma de mascar y el faltar con denuedo a la promesa y a la verdad. La causa son los increíbles acuerdos de la ignominia por siete votos que al presidente en funciones le permitieran gobernar. Pactos suscritos con ventaja y nocturnidad, evocadores de las treinta monedas de plata o el bíblico plato de lentejas, firmados con todos los enemigos de la Constitución, reiterando hasta la saciedad que su fin último es la independencia con forma republicana de gobierno.
Acuerdos con los que se vulneran preceptos y principios básicos constitucionales; otorgándoles el reconocimiento de Nación, transfiriéndoles la Seguridad Social, condonando ingentes cantidades de su deuda con el Estado, concediéndoles la amnistía y la autodeterminación y, para colmo de la humillación de nuestra Soberanía Nacional, admitiendo la intervención de verificadores internacionales, como si realmente hubiera un conflicto entre distintas naciones. En resumen, asistimos a un desmoronamiento del Estado de Derecho, herido de gravedad en uno de los Tres Poderes del Estado, el Judicial, y al acoso explícito de la Monarquía Parlamentaria.
Está claro entonces que la C.E se ha revelado frágil y vulnerable, porque no está lo suficientemente blindada contra actos de piratería político-jurídica de manos de los nuevos “Drake” que nos gobiernan. Ante esta situación hay que preguntarse qué es necesario hacer si la C.E es tan susceptible de ser manipulada e invadida por sus flancos más sensibles, desdibujados e inocentes.
Volviendo al símil, el Barco ya está dañado en su línea de flotación. Solo la amnistía y las nombradas comisiones de control de la Justicia, ya atentan contra el Título VI de la C.E, relativo al Poder Judicial. Pero hay que entenderlo bien, la C.E no tiene ninguna enfermedad grave, sino que se la ha maltratado gravemente para alcanzar el poder, y eso es extremadamente preocupante. La enfermedad solo reside en el protagonista del maltrato.
La situación es difícil de revertir, porque la C.E no tiene respuestas claras y rápidas a las alevosas agresiones sufridas. Cuatro años de nueva legislatura son suficientes para desmantelar la estructura del Estado. Solo resta confiar en que las instituciones que aún no controla este gobierno, en especial el Poder Judicial, puedan resistir, y se apresten a neutralizar el derrumbe del Estado de Derecho.
Y que el clamor firme, pacífico y masivo de las protestas en las calles, el continuo SOS por la involución democrática sufrida, resuene en el corazón esperanzado de los españoles, en la Unión europea y en todo el mundo libre.
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