Dos urgencias ante un año electoral

Va a ser agotador. 2015 en España es el año de las urnas. Elecciones andaluzas, autonómicas, locales, generales y catalanas. Tanta cita electoral se celebra con un paisaje electoral totalmente nuevo. Desaparece el bipartidismo por la emergencia del populismo de Podemos y por la fuga de votos hacia otros partidos de centro nuevos como Ciudadanos. También para el llamado voto católico la situación es nueva.

Tras las políticas de deconstrucción antropológica puestas en marcha por Zapatero muchos católicos esperaron del PP una especie de corrección de rumbo, al menos en los temas que en otra época se llamaban de derecho natural (matrimonio homosexual, aborto, ideología de género). El PP, en la oposición, había hecho bandera de esas cuestiones y llegó a plantear incluso dos recursos ante el Tribunal Constitucional.

La puesta en marcha y después paralización de la reforma de la ley del aborto ha revelado hasta qué punto la derecha no se identifica con lo que ciertos sectores habían considerado una “agenda de mínimos”. Y eso ha provocado una suerte de desfondamiento del pequeño grupo de diputados del PP que se declaran católicos y de aquellos que en los últimos años han luchado contra los que consideraban valores innegociables. ¿Tiene sentido seguir hablando en este nuevo contexto de voto católico o de ciertos criterios que puedan mantener de algún modo su unidad? ¿Es deseable? La pregunta no es ni mucho menos retórica.

El modo en el que se hizo la transición en España ha provocado que el voto católico nunca se haya dirigido a una sola formación. Incluso durante los gobiernos de Zapatero, cuando el socialismo había abandonado las aguas tranquilas de la socialdemocracia y su política era claramente laicista, un 50 por ciento de sus votantes se declaraba practicante.

El fenómeno tiene varias explicaciones. El peso del franquismo provocó que los líderes eclesiales de mediados de los años 70 rechazaran la formación de una democracia cristiana a la italiana. La confesionalidad de la dictadura recién acabada y las malas experiencias del siglo XIX parecían recomendar acabar con cualquier proyecto en esta dirección. Por otro lado, el catolicismo de las élites económicas y políticas, que hicieron posible la modernización del país, enfatizaba la dualidad entre la experiencia religiosa y la experiencia política. La autonomía de lo temporal del Concilio se interpretó como radical separación. En realidad esa postura ha sido la expresión de la incapacidad para resolver un complejo problema. El que lo político y lo religioso sean dos ámbitos diferentes no significa que la fe necesariamente tenga que recurrir a la medicación de las ideologías o privatizarse. La fe genera un sujeto nuevo, como explicó Benedicto XVI en numerosas ocasiones. Y, sin invocar la ley divina para hacer ley humana, puede usar y, de hecho, usa la razón de un modo diferente, lo que le permite hacer otra política. Ese sujeto nuevo, el sujeto cristiano, siempre es comunitario.

En España ha faltado una experiencia de unidad que no se expresara como inaceptable integrismo. Carencia que se completa con la falta de vocaciones políticas, clima espiritualista, escasa vertebración de las numerosas obras sociales y un exceso de pasividad que hace pensar que es el partido y no la iniciativa social la que puede cambiar las cosas. A todo ello se añade el hecho de que los partidos españoles son lo que los expertos llaman “formaciones cartelizadas”: estructuras pequeñas, cerradas en sí mismas, muy poco interesadas en sus bases y muy focalizadas en obtener la mayor parte de cuota posible de gestión del Estado.

En este contexto tiene sentido hablar de unidad del voto católico si eso significa hablar de unidad en la persona del votante católico. Es irrenunciable, para que la fe no se vea mortificada, que sea razonable también al hacer política o al votar. Tiene que mostrarse útil para generar una mayor inteligencia y un mayor afecto que el que ofrecen las ideologías en el compromiso con los retos de la vida pública. Tal y como se presentan en este momento. Con sus verdaderas urgencias y no con agendas dictadas por proyectos abstractos.

Y dos son las grandes urgencias para la convivencia común. La primera es salvar y sanear el sistema constitucional frente la amenaza del populismo. Y la segunda tutelar la libertad de las obras sociales, en especial la libertad de educar.

La situación ha cambiado mucho durante la legislatura. Los nuevos desafíos no pueden ser afrontados por un solo partido. Se han acabado las grandes mayorías. Por eso quizás no sea descabellado, dado el desgaste, seleccionar en cada caso, y según las circunstancias, qué partido puede ser más útil. De esto y de la emergencia de nuevas fuerzas de centro habrá que hablar mucho este año.