Desintermediación fiscal

Por otro lado, la reclamación por excelencia del sector fundacional es que aumente la deducción de las donaciones que realizan las personas jurídicas y físicas del 25% y 35% actuales, respectivamente, al 50%. Quizá porque para las grandes fundaciones que mueven los hilos, una buena fiscalidad aumentaría la posibilidad de recibir donaciones importantes, que son las procedentes de grandes empresas y grandes fortunas que muchas veces les dan nombre. Porque para este perfil de donantes la fiscalidad ayuda a concretar sus altruistas motivaciones. Recordemos que según la Agencia Tributaria hoy una pyme tributa a un tipo efectivo del 23%, frente al 20% de la gran empresa y al 14,5% de los grupos consolidados. Si nos concentramos en estos últimos, ninguno de los del IBEX 35 indicó en su informe anual 2011 el total de impuestos totales pagados ese año en los países en los que opera y que 30 de las 35 indicaron que operaban en paraísos fiscales.

Habría mucho que debatir sobre lo anterior, pero propongo un ejercicio de ficción obedeciendo, sin que sirva de precedente, al Presidente del Gobierno y al líder del partido de la oposición cuando insistían este mediodía en que "vayamos al fondo de la cuestión". Pues bien, el "fondo de la cuestión" pasa por una dinámica de participación ciudadana directa en "lo común", consecuencia de la creciente desafección ciudadana a al sistema de poder, tal como ya está ocurriendo en el entorno rural y en las comunidades que empiezan a incorporar fórmulas de trabajo colaborativo. Es decir, pasa en primer lugar por una desintermediación del Estado en lo que podamos gestionar directamente los ciudadanos. Y, en segundo lugar, por salir del colapso del día a día, con el máximo respeto y apoyo a situaciones extremas, para abordar con luces largas las grandes tendencias sociales, más allá de la trampa de los actuales cuatrienios electorales.

En cuanto a la desintermediación, se trataría de que a nivel personal tuviéramos la opción de decidir directamente a qué proyectos sociales dedicamos el 0,7% de nuestros impuestos en vez de darle carta blanca a la Administración cuando marcamos la casilla destinada a fines sociales o a Iglesia Católica en nuestra declaración de la renta. Pagamos a quien queramos y después lo justificamos ante Hacienda como proceda. Sería un incentivo para que el sector trabajara y comunicara mejor, para que cada uno asumiéramos nuestra parte de responsabilidad y, como consecuencia, para reducir el actual intervencionismo público.

Para las empresas reservo la segunda parte. Habría que decidir de otra forma las actividades prioritarias de mecenazgo que define cada año la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que se concretan en cierto tipo de eventos, para que se tuvieran más en cuenta las megatendencias sociales. Me refiero al cambio demográfico, al mundo laboral que vivirán nuestros hijos o a la nueva pobreza, entre otras, que habría que identificar atendiendo no sólo a los actuales criterios políticos.

En definitiva, la propuesta es subordinar la fiscalidad al interés general directo, a la participación activa de lo que los anglosajones denominan "gran sociedad" y a la creación de un futuro mejor para las generaciones siguientes. Pasando por una desintermediación de la Administración, que hoy parece una consecuencia necesaria de los casos que han abierto los informativos durante ya demasiado tiempo.