Derecho al aborto: objetivo del feminismo radical

En la reforma del aborto hay algo más que una cortina de humo: se trata de una cuestión ideológica, impuesta por la corriente feminista radical, hegemónica en el partido del Gobierno. La portavoz del PSOE Carmen Montón lo puso de manifiesto en la aprobación de la propuesta de modificación de la ley: "el proyecto se enmarca dentro de una estrategia global sobre derechos, y salud sexual y reproductiva"; estrategia que se viene desarrollando desde hace más de 30 años. En la conferencia sobre población de El Cairo de 1994, se consiguió definir bajo el paraguas de ‘salud reproductiva' algunos de los llamados ‘derechos reproductivos', pero entre ellos nunca ha estado incluido el ‘derecho al aborto'. La explicación es muy sencilla: no es un derecho porque no se dispone de algo propio; por el contrario, se trata de otorgar un poder a la mujer embarazada o a terceras personas para acabar con la vida del feto, "un bien jurídico que el derecho considera digno de protección", como puso de manifiesto la sentencia del Tribunal Constitucional.

La existencia de un pretendido ‘derecho al aborto' es consecuencia de una ideología radical, cuyos orígenes se remontan a la idea de Simone de Beauvoir de que las mujeres constituyen un segundo sexo subordinado al hombre por culpa de su corporeidad implicada por la maternidad; esto ha provocado que a lo largo de la historia la mujer ha sido relegada a un estatus de privacidad, condenado a la vida doméstica y a la procreación, llamado ‘feminidad'. Por esta razón el feminismo radical consideró siempre necesario que la auténtica igualdad de la mujer nunca se conseguiría hasta  que se liberase de la maternidad y, aunque parezca paradójico, de la ‘feminidad'. Se confunde igualdad con identidad y de paso se suprime la diferencia sexual. Con estos objetivos las radicales del 68 trasladaron las teorías de Marx sobre la lucha de clases a la relación sexual, y consideraron que, de la misma forma que el proletariado lograría su emancipación frente a la burguesía conquistando la producción, las mujeres cobrarían su emancipación frente al ‘patriarcado' conquistando el sexo y la reproducción; cosa que se lograría mediante la píldora contraceptiva y el aborto libre.

Para lograr este objetivo las radicales impusieron poco a poco, al menos en el lenguaje, los llamados ‘derechos reproductivos'. La construcción de este artificio jurídico se presenta como una exigencia de la igualdad, en base a los siguientes argumentos. Para empezar debe denunciarse la ‘falsa escisión' entre lo público y lo privado, pues como dice Celia Amorós esta división tan sólo pretende ‘naturalizar' lo privado como ‘lo femenino': "hay que desnaturalizar este enclave privado poniendo de manifiesto que en él se desarrollan relaciones de poder y de violencia. Por eso debe ser sometido al debate público y, en caso necesario, a la intervención de los poderes públicos". Como dijo Kate Millet: "La relación sexual es una relación de poder, y por lo tanto política", en consecuencia las decisiones sobre la sexualidad y la reproducción se ubican en las relaciones de poder entre hombres y mujeres caracterizadas por la ‘subordinación', pues las mujeres no pueden tomar libremente la decisión de usar anticonceptivos o abortar sin el consentimiento de los hombres. Esto expresa un control real o simbólico de los hombres sobre la sexualidad femenina, por ello cuando las mujeres empiezan a cuestionar ese poder y empiezan a tomar decisiones sobre su cuerpo van ganando poder para autodeterminarse, sólo así consideran que se puede conseguir la auténtica autonomía e igualdad real. Lo grave de todo esto es que las relaciones entre los hombres y las mujeres como una lucha permanente de sexos es una ideología fundada en la violencia, y la violencia sólo engendra violencia.