Democracia mutilada

Mundo · Óscar Ortiz Antelo
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3 enero 2011
La suspensión temporal del gobernador de Tarija, sumada a la de los alcaldes de Sucre, Potosí y Buenavista, entre otros actos similares, muestran la agonía de una democracia aparente. El régimen autoritario se va consolidando en Bolivia de tal forma que la democracia pierda sus principales características, como un cuerpo enfermo, del cual todavía se puede decir que sigue vivo pero sus principales órganos paulatinamente dejan de funcionar.

Es un sistema diseñado para que así funcione. Desde que en la Constitución se limitara la posibilidad de que los vicegobernadores puedan reemplazar a los gobernadores, además de no permitir su elección, hasta los artículos de la Ley Marco de Autonomía, por los cuales se dispone que gobernadores, alcaldes, asambleístas departamentales y concejales municipales pueden ser suspendidos de sus cargos ante la simple acusación formal presentada por el Ministerio Público.

Es decir, un diseño constitucional y legal orientado a desestabilizar autoridades opositoras, alejarlas de los cargos electivos que hubieran ganado y, en lo posible, reemplazarlas por asambleístas o concejales del Movimiento al Socialismo o fuerzas políticas afines.

Es lo que podríamos llamar Constitucionalismo Perverso. Cuando el marco legal, en lugar de proteger los derechos humanos, limitar el poder y preservar un régimen pluralista de equilibrio democrático, fomenta el autoritarismo y la concentración del poder.

La suspensión de autoridades ante la acusación formal sin que se hubiera desarrollado un proceso judicial para demostrar la veracidad o la falsedad de las acusaciones, equivale a condena sin juicio, pues no se pueden aplicar sanciones que implican un desconocimiento del voto del pueblo, sin que se haya demostrado la culpabilidad de la autoridad acusada. Los citados artículos de la Ley Marco de Autonomía contradicen no sólo artículos de la Constitución boliviana sino diversas disposiciones de los Tratados internacionales de derechos humanos suscritos por el país.

El autoritarismo moderno se ha sofisticado. Guarda las apariencias de la democracia pero somete a sus instituciones a un control único y absoluto. Gana las elecciones nacionales pero no respeta la legitimidad de los adversarios políticos que también ganan elecciones en otros niveles de gobierno. A diferencia de los regímenes comunistas del siglo XX, el autoritarismo del siglo XXI no afecta directamente la libertad de toda la ciudadanía. Aplica una especie de terrorismo judicial selectivo, por el cual se hostiga y amedrenta al competidor político, para decirle a la sociedad que el poder es sólo para ellos y que el que no se los dispute podrá vivir con cierta tranquilidad.

Esta situación sólo se podrá superar cuando los liderazgos democráticos ofrezcan una alternativa de libertad y solidaridad que restaure la democracia y desarrolle a Bolivia, convenciendo al pueblo de que existe otro camino para unir a nuestra sociedad y luchar contra la pobreza.  

Óscar Ortiz Antelo, ex presidente del Senado Nacional de Bolivia

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