¿De país de inmigración a país de emigración?

¿No podemos calificar de verdadera anomalía el que con tasas de paro que doblan o triplican a las de Alemania, Francia, Italia o Gran Bretaña y con una renta per cápita inferior a la de estas naciones España tenga un número de inmigrantes sensiblemente superior? ¿Resulta sostenible esta situación en el futuro?

Sabido es que durante nuestro período de prosperidad, tras la entrada en el euro, se produjo una intensa y acelerada llegada de inmigrantes a nuestro país. En el año 2000 había 923.000 residentes extranjeros y en el año 2008 se alcanzó la cifra de 5,3 millones. Fue a partir de entonces cuando la crisis generó la más elevada destrucción de empleo de los últimos tiempos: más de 3 millones de puestos de trabajo, lo que hizo pasar la tasa de paro desde el 9,6 por 100 al actual 24,6 por 100.

Sin embargo, los efectos de esta brutal destrucción de empleo hasta ahora no se han hecho sentir de manera relevante en el fenómeno migratorio. Todavía en el año 2008, mientras se perdían 1,3 millones de puestos de trabajo, vinieron 380.000 nuevos inmigrantes. Ha sido en los tres últimos años (2009 al 2011) cuando ha tenido lugar un cierto freno. En efecto, la población extranjera residente en España sólo ha aumentado en 62.369 personas. Pero a esta cifra hay que sumar los 317.917 residentes, especialmente latinoamericanos, que han adquirido la nacionalidad española en estos tres años. Los datos que aporta el Ministerio de Empleo siguen resultando sorprendentes. Es cierto que se detecta ya un cierto retorno de inmigrantes, pero hasta el momento las salidas se compensan con nuevas llegadas, en buena parte motivadas por reagrupamientos familiares. El balance no deja de resultar paradójico: desde que comenzó la crisis (1978), si agregamos las adquisiciones de nacionalidad, el número de residentes venidos de fuera ha aumentado en 750.000, más que en cualquier otro país europeo. Y, mientras tanto, los últimos datos de la EPA revelan que la tasa de paro en la población inmigrante se eleva a la escalofriante cifra del 35 por 100.

La sociedad española ha mostrado una gran capacidad de acogida con la población que ha venido a nuestra tierra en busca de oportunidades. Durante la crisis no han emergido apenas brotes de xenofobia. Los hijos de las familias inmigrantes se han integrado en nuestras escuelas con normalidad. Pero hay que reconocer que la dramática realidad laboral está provocando un substancial cambio de situación. Nuestra población activa se sitúa ahora en torno a 23 millones de personas, pero la población con trabajo asciende tan sólo a 17,5 millones. La distancia es abismal: 5,5 millones buscadores de empleo. Todos sabemos que en los próximos años la economía española no estará en condiciones de crear suficientes puestos de trabajo para cerrar esa brecha tan abrumadora. Este es uno de los rasgos de nuestra crisis con profundas implicaciones sociales, que es imprescindible abordar.

Nuestro país está abocado a convertirse de nuevo en un país de emigración. Los primeros síntomas se han producido en los últimos meses. Ya hay varias decenas de miles de residentes, españoles de origen o no, que han cruzado nuestra frontera en busca de oportunidades, aunque todavía no dispongamos de cifras fehacientes. En estas circunstancias no debemos considerar al hecho de emigrar como una maldición. Ambos fenómenos, inmigración e inmigración, son enriquecedores y han de contemplarse con naturalidad en una sociedad abierta.

Pero la sociedad española debe prepararse a este cambio de tendencia. Y, de la misma forma que se tuvieron que poner en marcha políticas inmigratorias, ahora corresponde hacerlo en sentido inverso. Los más viejos del lugar recuerdan la excelente labor que llevó a cabo el Instituto español de emigración, cuando la gran salida de españoles de los años cincuenta. Ahora el fenómeno es de naturaleza muy diferente. El mercado de trabajo exige cualificaciones más exigentes y es más complejo. Pero, por eso mismo, se deberían crear cauces que facilitaran el empleo al menos en el espacio europeo. La movilidad del factor trabajo todavía es muy escasa en Europa. Según Eurostat tan sólo el 2,5 por 100 de la población europea reside en países distintos de los de su nacimiento. En España la tasa de residentes europeos asciende al 5 por 100, el doble de la media europea. Esto no tiene ningún sentido en estas circunstancias. España debería impulsar una agenda que promoviera con vigor una mayor movilidad en el seno de la Unión Europea. La política del avestruz nunca da buenos resultados.