Cuestión de tiempo

España · Roberto de la Cruz
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30 mayo 2008
No hemos cumplido aún tres meses de legislatura y ya hemos tenido ocasión de comprobar qué tipo de relación pretende mantener el Gobierno con la Iglesia. Varios hechos recientes lo ponen de manifiesto.

A finales de abril el Gobierno ordenó a la Fiscalía General del Estado estudiar el convenio -firmado entre el Gobierno de Madrid y el Arzobispado- que permite a los sacerdotes formar parte del Comité de Ética y del equipo interdisciplinario de cuidados paliativos. En el Consejo de Ministros del día 25 la vicepresidenta De la Vega justificaba que querían estudiar si se vulneraban derechos fundamentales de las personas. Hay que recordar que lo que ahora pone en duda el Ejecutivo es un acuerdo que se ha renovado punto por punto en los últimos once años, y es curiosamente recién comenzada la legislatura cuando al Ejecutivo le entran las sospechas.

La propia De la Vega, la cara "amable" del Gobierno con la Iglesia en el pasado, anunció el 7 de mayo en el Congreso la elaboración de una nueva Ley Orgánica de Libertad Religiosa. En el programa socialista para las elecciones se afirmaba que se quiere tratar a todas las convicciones de la misma forma "con independencia de su carácter religioso o no". Aseguraba De la Vega que la intención es proteger mejor a todos y establecer garantías a la libertad de conciencia. Llegaba a justificar que el acuerdo de asistencia religiosa de la Comunidad de Madrid pone en peligro el derecho a la intimidad. "¡Válgame Dios si tiene usted que amparar mi libertad religiosa!", le contestaba el diputado del PP Federico Trillo.

Este lunes, y aprovechando una información de El País, que abría su edición con ataques a la Conferencia Episcopal, el secretario de organización de los socialistas, Pepe Blanco, se sumaba al ataque. Lo hacía esta vez inventando una escisión dentro de la Conferencia Episcopal y comparándolo con la situación del PP.

Y el martes, en el Congreso de los Diputados, el PSOE aprovechaba dos iniciativas de los grupos minoritarios para exponer su estrategia laica. Votaron en contra de retirar los símbolos en los juramentos de los altos cargos y tampoco apoyaron, de momento, la revisión de los acuerdos con la Iglesia católica. Pero reconocieron que todo es cuestión de tiempo. Según el diputado socialista Ramón Jáuregui, con la laicidad -de nuevo término utilizado por los socialistas como sinónimo de laicismo- hay que ir avanzando al ritmo de los cambios sociales. Otro diputado del PSOE, Jesús Quijano, afirmaba que la revisión de los acuerdos con la Iglesia no está cerrada para los socialistas.

El PSOE quiere utilizar la reforma de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa como punta de lanza para "crear el clima adecuado". Así lo expusieron varios diputados el propio martes por la mañana en la reunión del Grupo Parlamentario Socialista. Habrá que estar muy atentos. De momento sabemos que es la propia vicepresidenta De la Vega la que ha tomado las riendas de la modificación legislativa. No parece el mejor amparo para esa libertad.

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