¿Cómo racionalizar los impuestos autonómicos?

Este año es un curso eminentemente electoral a nivel local, autonómico y estatal. Salvo las comunidades autónomas de Galicia y el País Vasco la mayoría de los españoles vamos a decidir la nueva composición de nuestros gobiernos regionales. El ámbito financiero y de las finanzas públicas tiene que ser un aspecto esencial a la hora de valorar las diferentes opciones políticas, siguiendo el tradicional principio americano de “non tax without representation” sobre todo en un momento en el que se alega un supuesto déficit de democracia efectiva. Es por tanto útil rememorar aquellos principios de las democracias sajonas en los que se exaltaban las virtudes democráticas esenciales para tomar en primera persona la trascendencia de la política a través de los impuestos.

La crítica más común que se ha realizado en los últimos años a las Comunidades Autónomas es la que se deriva de la descentralización del Estado y su elevada factura del coste de las estructuras políticas generadas de manera innecesaria. La descentralización y el impulso del federalismo fiscal no han ido acompañados de una corresponsabilidad de los políticos regionales, no ha habido una coordinación eficaz del sistema. Ante la abundancia de recursos económicos de épocas anteriores, acompañado del gasto sin límite, se liberó a los gestores de responder de sus decisiones frente a los ciudadanos y ante la Administración estatal.

Después de más de un lustro en el que las cuentas públicas estaban dominadas por las medidas de recorte presupuestario, incremento de la carga tributaria sobre los contribuyentes, así como una fatigosa actividad de contención del déficit publico realizada de manera parcial por algunas regiones con el fin de ajustar las cuentas autonómicas al límite del déficit presupuestario exigido, entre otros por la UE, la tendencia ha cambiado. En este año electoral se está realizando un esfuerzo más que reseñable para bajar la carga impositiva de los ciudadanos, expandir el gasto en obras de inversión y acción social.

Las propuestas fiscales que se avecinan en unas elecciones hay que valorarlas no por la inmediatez de las rebajas de última hora, sino por las propuestas reales y el desarrollo de políticas efectivas de cambio que se deben planificar en plazos más largos. Políticas económicas que hagan posible un eficaz desarrollo económico, social, de impulso de la ocupación laboral y de progreso de las regiones.

Como bien sabemos las Comunidades Autónomas disponen de una cierta autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo al principio de coordinación con la Hacienda estatal y la solidaridad de todos los españoles, tal y como se recoge en nuestra Constitución, en el artículo 156, así como en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA). La exigencia de autonomía financiera es un elemento connatural a la propia organización autonómica, y al propio desarrollo de sus competencias, como es el caso de las competencias en educación, sanidad, justicia, etc.

Las Comunidades Autónomas tienen capacidad para crear tributos propios pero no una competencia para definir un sistema tributario propio, como así se pretende por algunos políticos del arco mediterráneo. El actual sistema de financiación establecido por medio de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias establece la capacidad tributaria como el conjunto de recursos tributarios que corresponde a cada Comunidad Autónoma, conformando la capacidad tributaria un conjunto de recursos tributarios que desde el punto de vista de su gestión pueden agruparse en tres categorías:

a) Recaudación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, de los Tributos sobre el Juego y de las Tasas afectas a los servicios transferidos.

b) Recaudación del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos y del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte.

c) Tarifa autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y el rendimiento cedido del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y de los Impuestos Especiales de Fabricación (Impuestos sobre la Cerveza, sobre el Vino y Bebidas Fermentadas, sobre Productos Intermedios, sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas, sobre Hidrocarburos, sobre Labores del Tabaco y sobre la Electricidad).

La gestión y recaudación de los recursos tributarios y de las tasas incluidas en el primer grupo se realiza por las CC.AA. Los tributos incluidos en el segundo grupo se gestionan y recaudan por la Administración General del Estado que mensualmente transfiere a cada Comunidad Autónoma la recaudación efectuada en el mes anterior.

En los últimos informes del Consejo General de Colegios de Economistas de España, se repiten con cierta frecuencia las actitudes más comunes que han llevado al error de muchos entes territoriales en su gestión tributaria. Entre ellas cabe destacar los que se derivan del uso exagerado de la capacidad normativa para establecer una mayor carga tributaria tanto en los tributos cedidos como en el establecimiento de tributos propios. Se han incrementado las tarifas del IRPF, con carácter general, y aunque paralelamente han establecido una profusión importante de deducciones personales y familiares, estas tienen una escasa o nula trascendencia efectiva en los recursos de los ciudadanos. Se han incrementado los tipos impositivos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Se están estableciendo con más frecuencia y generalización por los gobiernos autonómicos un mayor volumen de tributos propios, llegando a aprobarse un total de 70 impuestos autonómicos durante el año 2014,centrados en materias como el abastecimiento de aguas, el juego, el bingo, el turismo, las grandes superficies comerciales, fincas infrautilizadas, con una característica marcadamente extrafiscal pero los cuales sin embargo no son capaces de trasladar un volumen importante neto de recaudación.

Nos encontramos ante un sistema tributario autonómico caracterizado con una normativa especialmente farragosa en que el contribuyente se siente perdido por la profusión de normativa sumamente compleja, donde el sistema de financiación es enmarañado y con un déficit de transparencia en la que no se entiende la corresponsabilidad fiscal que exige nuestro ordenamiento jurídico.

Frente a una posible valoración inicialmente negativa de nuestro sistema fiscal autonómico sin embargo hay margen para la mejora, hay margen para nuevas políticas que partan del buen hacer. Entre ellas debe quedar nítidamente reconocido el mantenimiento y apoyo al estado de bienestar, el cual se debe reforzar dentro de una política de estabilidad económica y racionalización del gasto por los territorios autonómicos, que deberá ir acompañado de la aportación de recursos adicionales por el Estado, sin caer en un falso paternalismo frente a los gobiernos autonómicos.

Se deben articular propuestas de armonización fiscal entre los diferentes territorios de tal manera que se establezcan bases imponibles homogéneas. Igualmente se debe suprimir y simplificar aquellas bonificaciones y deducciones con escasa trascendencia y eficacia, generando sin embargo verdaderas políticas de incentivo efectivo y real a sectores estratégicos sociales; familia, dependencia, pensiones, educación, etc.

Se debe establecer una simplificación de los procedimientos tributarios y acercamiento de la normativa tributaria a los ciudadanos. Se debe impulsar la transparencia de las inversiones y gastos, así como la eficacia de las administraciones en el coste beneficio de los impuestos autonómicos que puedan ser establecidos dentro de la autonomía financiera de cada territorito.

Debe impulsarse un modelo estable de financiación autonómica caracterizado sobre los principios de autonomía, eficiencia y solidaridad interregional en el que las verdaderas políticas sean en favor del contribuyente, del ciudadano.

A nuestros gobiernos regionales debemos pedirles que los impuestos estén destinados a financiar las exigencias del bien común, respetando el principio de subsidiariedad, que su cuantía sea proporcional a la capacidad económica de cada contribuyente, y que las cargas tributarias graven de manera equitativa a aquéllos que tengan capacidad económica de pagarlas.