Colombia: el derecho al aborto en los colegios

Desde el pasado 20 de octubre se ha desatado una candente polémica en el país a raíz del pronunciamiento de la corte constitucional acerca de la obligatoriedad de enseñar en los colegios el derecho al aborto. El mencionado pronunciamiento se hace en virtud de  la apelación de un fallo judicial en el que un juez de la República, invocando sus creencias religiosas, negó la tutela presentada por una joven madre para tener derecho al aborto. El recurso legal interpuesto por la joven se originó en el diagnostico clínico de malformación ósea de su hijo y la sugerencia médica de recurrir al aborto; cabe mencionar que en la ley colombiana el aborto es un delito que se ha despenalizado en tres casos: peligro para la vida de la madre, malformación y violación.

Sin embargo, la corte constitucional no se conformó con ordenar a una institución prestadora de salud "realizar el procedimiento de interrupción del embarazo", sino que además desestimó las razones del juez que se negó a fallar en primera instancia sobre la base de que los argumentos religiosos son por entero inaceptables en un Estado social, democrático, participativo y pluralista de derecho como lo es el Estado colombiano.

Pero adicionalmente esta sentencia de la corte "ordenó al Ministerio de Protección Social, al Ministerio de Educación Nacional, a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo para que de manera pronta, constante e insistente diseñen y pongan en movimiento campañas masivas de promoción de los derechos sexuales y reproductivos". De igual manera conmina "a dichas entidades para que hagan el debido seguimiento a tales campañas con el fin de poder constatar su nivel de impacto y eficacia; que las campañas se enfoquen en transmitir información completa sobre la materia en términos sencillos, claros y suficientemente ilustrativos".

En otras palabras, desde el punto de vista educativo, lo que la corte ordena es que en los colegios se implante la cátedra del derecho al aborto y, con los precedentes dados, esto implica que los profesores tendrán que enseñar todo lo correspondiente a esta materia bajo la vigilancia de organismos estatales de control, sin poder oponerse ni aducir objeción de conciencia. A las claras es una imposición que atenta contra las libertades fundamentales no sólo de los profesores, sino también de los estudiantes, de los padres de familia, de los médicos o de los jueces como sucedió en el proceso judicial del que se está hablando.

De acuerdo con esto cabe preguntarse: ¿en esta sentencia que está en juego? A nuestro modo de ver está en juego la existencia misma de un Estado pluralista y la libertad de educación.

En primer lugar la existencia del Estado pluralista porque con esta sentencia el Estado, que debe garantizar las condiciones para que cada uno actúe, deja de ser garante para la acción social de ciertos sectores de la sociedad civil ya que abandona su neutralidad y toma una posición en un tema en el que no tiene competencia; la corte nos presenta un Estado que deja de ser democrático y auténticamente laico ya que en un Estado democrático y laico se debería permitir que todos los actores sociales se pudieran expresar libremente, así fuera sólo una persona que tuviera una conciencia distinta.

En segundo lugar, está en juego la libertad de educación porque ningún organismo del Estado puede proclamar unos contenidos educativos ideológicamente instrumentalizados y pretender imponer  una cátedra  que involucre una concepción de hombre particular (además ésta es una manera de entender la vida contraria a las exigencias humanas originales); de este modo se atenta de la forma más descarada contra la libertad de educación pues se quita autonomía al tipo de educación que un padre de familia quiere dar a sus hijos, de esta manera se destruye la libertad de educación que es la raíz de todas las libertades sociales.

Es necesario defender, con los medios a nuestro alcance, la permanencia de un Estado pluralista que proteja de manera auténtica las libertades; necesitamos defender una verdadera libertad de educación, una educación propuesta por los verdaderos responsables de ella, es decir, los padres ante todo y los maestros. Responsable de la educación no es el Estado y aún menos la corte constitucional. 

Hay que decir que en este fallo judicial late una mentalidad que renuncia a la felicidad y se resigna con el bienestar; una mentalidad que asume con frivolidad la dimensión afectiva del ser  humano, hasta el punto de volverlo un problema íntimo e individual y una mentalidad que fácilmente convierte un delito en un derecho. Frente a esta situación es necesario decir que lo que urge no es tanto hablar de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer o del derecho al libre desarrollo de la personalidad; la urgencia primera está en recuperar el sentido de la vida, en educar el gusto por vivir, ya que la pérdida del mismo es el verdadero peligro de nuestra época, como decía Teilhard de Chardin. Educar en el gusto por vivir sí que aboliría los muros construidos por la soledad, sí que haría vivir de manera gozosa la afectividad, sí que desarrollaría plenamente la personalidad.