Cerrar el Estado

El “cierre” de la administración federal de los Estados Unidos del pasado martes inevitablemente se ha convertido en una noticia de gran impacto. Aunque se trate de un cierre parcial y tenga precedentes. De hecho, se produjo en dos ocasiones durante la presidencia de Bill Clinton y duró casi veinte días. Pero esta vez sucede en el marco de una gran crisis económica que por otro lado comenzó en Estados Unidos a pesar de que luego golpeó especialmente a Europa.

En esta ocasión el resultado de una ley, la llamada American Taxpayer Relief Act de 2012, que otorga al Congreso estadounidense la facultad de establecer un límite a los préstamos que pide el gobierno federal para financiar el gasto público. Un límite que se estableció en 2011 y que se alcanzó el 31 de diciembre de 2012. Desde entonces se ha ido avanzando con procedimientos de demora hasta que el Congreso ha decidido poner fin a esta práctica, abriendo así un conflicto con Obama que no se ha resuelto a tiempo para evitar que el 1 de octubre, el día que empieza el año fiscal, se hiciera efectivo el cierre.

En la praxis norteamericana no existe de hecho el “ejercicio provisional”, por lo que llegada esta circunstancia el gobierno federal procede a cerrar los servicios no esenciales y suspender el sueldo de sus empleados. Esta medida afecta a más de 700.000 personas. Por poner algún ejemplo: quedan en servicio 6.186 de los 13.814 empleados del Departamento de Energía; 6.186 de los 40.234 en el Departamento de Comercio; 4.481 de los 55.468 del Departamento de Transportes; 3.266 de los 24.645 empelados en el servicio de Parques Nacionales. Sin embargo, no se ha producido ninguna suspensión entre los 400.000 militares en servicio activo, que son entre otras cosas el grueso del personal federal (confirmando así el hecho de que las fuerzas armadas constituyen en gran medida la principal competencia del gobierno de Washington).

Como ya sucedió en los dos casos anteriores, todo apunta a que en cuestión de semanas se alcanzará una solución, pero este hecho tiene en todo caso un peso crucial, tanto material como simbólico. Los Estados Unidos tienen una deuda pública que está creciendo por encima del 100 por 100 del producto interior bruto. Además, se trata de una deuda contraída en gran medida con el exterior. Casi un tercio con sólo dos países, China y Japón (que por su parte tiene una deuda pública superior al 200% de su PIB). En este punto, podríamos señalar con ironía que semejante deuda pública no permitiría a los EE.UU entrar en la Unión Europa. En cualquier caso, lo que está claro es que para un país imperial como Estados Unidos una ingente deuda exterior no pesa tanto como para una potencia de otras dimensiones: mientras la superpotencia siga siéndolo no tendrá problemas para encontrar compradores de sus títulos de Estado. Pero más allá de esta consideración, merecería la pena empezar a reflexionar sobre lo que supone que el enorme endeudamiento conjunto de todo el sistema de los países más desarrollados, empezando precisamente por el que encabeza la lista, los Estados Unidos. En la sede del G-8 y del G-20, la gran cuestión son ahora los “paraísos fiscales”, y parece que si lograran eliminarlos los problemas de los grandes países desarrollados estarían resueltos. Sin embargo, debemos empezar a darnos cuenta de que el problema número uno es su cada vez más probable bancarrota, un hecho que precipitaría en el caos la economía del mundo entero.