Cataluña: política contra la vida

Cien días después de las elecciones celebradas en Cataluña, cuando no parecía posible que la situación política pudiera empeorar, la crisis institucional y la herida social se han ahondado. Quizás lo peor de todo es que se insiste en “soluciones” imposibles que dan la espalda al sentir de la mayoría de los catalanes, que no haya reencuentro en el horizonte, ni vía por explorar.

Ciudadanos, el partido que ganó los comicios de Navidad, renunció a gobernar la misma noche electoral. No puede conseguir una mayoría suficiente. Los que sí podrían tener una mayoría suficiente, los partidos que defienden la independencia, no han conseguido una investidura. Han propuesto un candidato imposible, que había huido del país para evitar a los jueces, y un candidato en prisión. El único candidato válido durante algunas horas, el único que efectivamente se votó, no consiguió un apoyo suficiente de los partidarios de la secesión. El independentismo no forma un bloque tan monolítico como parece.

La detención en Alemania del expresident Puigdemont, promotor de la vía unilateral de la independencia, ha cerrado el “paréntesis” de sus cinco meses en Bélgica. Un paréntesis que le permitió esquivar la eurorden en la que se solicitaba su detención por haber cometido un presunto delito de rebelión. Salvo sorpresa, las autoridades judiciales alemanas los entregarán a España. Durante este tiempo Puigdemont ha sido, desde el exterior, el líder único del independentismo, el que ha bloqueado cualquier Gobierno para Cataluña que aplazara o “pospusiera” la república independiente. Está por ver si en sus nuevas condiciones puede ejercer ese liderazgo.

Aquella media Cataluña (47,4 por ciento de los votos y dos millones de electores) que votó a favor de las fuerzas independentistas no ha tenido ni secesión ni un diálogo bilateral para encontrar una “solución política”. Era lo que se le prometía. El Gobierno de Rajoy se ha limitado a seguir aplicando, con un perfil bajo, el artículo 155 de la Constitución para mantener intervenido el Gobierno autonómico.

En lugar de la independencia o de una negociación bilateral hay un auto del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, en el que se procesa a 25 líderes del independentismo, de los que nueve (diez con Puigdemont) permanecerán en prisión hasta la celebración del juicio. El auto del juez argumenta que los promotores de la secesión son responsables de actos violentos. Es lógico que haya sensación de frustración entre quien participó en octubre en la consulta no autorizada. No ha habido fiesta alguna, como se les prometió, ni tampoco revolución pacífica.

La actividad parlamentaria inexistente de una cámara de momento bloqueada y la renuncia a formar un Gobierno posible, que no tenga el visto bueno de Puigdemont, convertirán las decisiones judiciales y el debate jurídico en torno a la responsabilidad de la violencia en los protagonistas absolutos de las próximas semanas.

¿El resultado electoral de hace cien días exige este bloqueo? ¿Necesariamente los jueces deben ser los protagonistas? ¿La mitad de Cataluña demanda esta situación? La respuesta no es, como muchos pretenden, necesariamente afirmativa. La encuesta del CEO, el gran sondeo público sobre la opinión de los catalanes, mostraba ya hace un mes que solo un 19 por ciento apuesta por la vía unilateral de la secesión (la defendida por la mayoría independentista del Parlament). Un 54 por ciento rechazaba cualquier tipo de secesión. El modelo territorial vigente es la opción con más partidarios (36,3 por ciento). Indicios de que el bloqueo en posturas de ruptura (hacia fuera y hacia dentro) se hace contra el pueblo catalán, incluso contra buena parte de los votantes independentistas.

Durante demasiado tiempo el bloqueo, la prohibición de ir al encuentro del otro, ha sido la regla imperante en Cataluña. Ya es hora de que la sociedad, en aquello que le compete, se quite de encima el corsé que los partidos, ciertos partidos, ciertos líderes le han impuesto.