´Cataluña no es la del 34, hay que milimitrar la respuesta´

El escritor Valentí Puig valora para paginasdigital.es el anuncio de un referéndum en Cataluña el próximo 1 de octubre. Está convencido de que lo que hay por delante no es una secesión sino unas elecciones autonómicas.

El viernes pasado Puigdemont anunció fecha y pregunta del referéndum para la secesión. Hay quien lo ha comparado con el anuncio que Companys hace en octubre del 34. ¿Son más las diferencias o las similitudes?

Lo que Puigdemont ofició el pasado viernes fue un brindis al sol, una declaración política –mendaz y manipuladora de la realidad de Cataluña– que, siendo inquietante y a la vez grotesca, jurídicamente no tiene valor ejecutivo. La respuesta jurídica del Estado se activará en el momento en que el anuncio de convocatoria de un referéndum a todas luces ilícito –de sinrazón iliberal– quede reflejado en un documento oficial, lo que constituirá una ilegalidad claramente punible según dicte la ley. Es significativo que tanto representantes de la policía autonómica –los “mossos d’esquadra”– como portavoces del funcionariado en general estén advirtiendo que no secundarán ninguna ilegalidad. En el caso de octubre de 1934, Companys proclamó el Estado Catalán y así se lo hizo saber al Capitán General, conminándole a ponerse a sus órdenes. Entonces hubo barricadas, actuación de grupos paramilitares independentistas y el ejército tuvo que proclamar el estado de guerra. Total: cuarenta y seis muertos. Companys y sus adláteres fueron condenados por rebelión militar. En el caso actual, el panorama más a mano no es el de una declaración unilateral de independencia sino el de elecciones autonómicas anticipadas, por lo que la escenificación del viernes va a constatarse como una farsa, un desprecio al pluralismo y un gesto de subversión institucional pero, en el fondo, el secesionismo sabe que el referéndum no tendrá lugar. De hecho la legislatura que han gestionado –es un decir– Junts pel Sí y los antisistema de la CUP ha expirado hace ya tiempo. Ahora de lo que se trata es de estar bien situado en la línea de salida para unas elecciones autonómicas que se querrá disfrazar de plebiscitarias. Evidentemente, por ahora toda irresponsabilidad vale.

Según las encuestas hay una mayoría de catalanes que no quieren un referéndum unilateral. ¿Cómo debería moverse a partir de este momento para hacer cumplir la ley y no generar más adeptos a la causa independentista?

Parece conveniente milimetrar muy bien la respuesta, tanto judicial como policial. Lo que Puigdemont busca –dada su naturaleza de “kamikaze” y su incompetencia institucional– es que en algún momento pueda producirse lo que el secesionismo –secundado por su entorno mediático, especialmente TV3– vocearía como una provocación. Por supuesto, el Estado de Derecho tiene sus deberes implacables, pero en caso de sobreactuación se daría combustible al separatismo, realimentándolo ahora que está en horas bajas y posiblemente agitando una nueva reacción emocional por parte de las clases medias que han abandonado ya la afinidad con un aventurismo institucional que dejaría a Cataluña fuera de la Unión Europea. Es de notar la posición de Ada Colau pidiendo un referéndum negociado. En los barrios que la llevaron a la alcaldía el voto secesionista es escaso. Y conviene tener en cuenta que Oriol Junqueras y su Esquerra Republicana piensan que unas elecciones anticipadas les darán el poder. Quedan meses de decir una cosa y hacer otra, dividiendo aún más a la ciudadanía de Cataluña y dañando el tejido institucional. Lo más atinado es practicar las inhabilitaciones y penalizaciones que procedan pero sin dar pie a que la sociedad catalana se sienta culpada, en ningún sentido.

¿Bastará la actuación de los tribunales o Puigdemont y su gobierno querrán llevar el desafío hasta el final?

No se ven alternativas. El hartazgo de la sociedad es enorme. El viernes pasado en la plaza de Sant Jaume solo una docena de independentistas acudieron a celebrar el acto. Y la situación sindical es del todo distinta a la del 1934. Lo que puede ocurrir es que se produzca algún incidente en poblaciones de la Cataluña profunda. Ahí es donde se intentará forzar una respuesta del Estado para agitar el victimismo. Por eso es fundamental que el Estado actúe con proporcionalidad. Después, el absurdo secesionista llegará a tal frustración que pudiera emerger –más aún– una fuerza “abertzale”.

¿Cómo de importante es que el Gobierno cuente en esta nueva fase con el PSOE?

Mientras Pedro Sánchez propugne sin ambigüedades la implicación socialista en los términos actuales y no en otros, contar con el PSOE es crucial, con el añadido obvio de Cs. Acordar el tono es esencial. En situaciones de esta naturaleza las discrepancias perjudicarían la naturalidad de un bloque de arraigo nítidamente constitucional.

Una vez superada esta fase, ¿debería impulsarse una reforma constitucional para hacer posible una consulta dentro de la ley?

Personalmente, no considero un “sine qua non” proceder a una reforma constitucional. Es más: creo mucho mejor no embarcarse en reformas constitucionales que afecten a los elementos centrales del consenso de 1978. Me parece más indicado y razonable pulir y ajustar los engranajes del Estado autonómico y aprovechar su potencial en lugar de darle cuerpo de nuevo caciquismo, como ha ocurrido en más de una comunidad autónoma. A veces uno piensa que queda mucho de positivo en el Estado autonómico y que, sin embargo, ha derivado en tergiversaciones, faccionalismo y corruptelas. El caso de Cataluña es flagrante.