Cataluña en el terreno de la vida

No habrá referéndum para preguntar por la independencia de Cataluña en noviembre de 2014. Ese no es el verdadero problema, al menos a corto plazo. Otra cosa bien distinta es lo que pueda suceder con el paso de los años. De momento la verdadera amenaza es la creciente ideologización que se vive en una Comunidad Autónoma que fue siempre conocida por su sentido común.

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, sorprendió a todos el pasado jueves con un consenso de las fuerzas políticas catalanas que reclaman el derecho a decidir. Parecía imposible que pudieran ponerse de acuerdo en las preguntas de la consulta anunciada. Y de hecho se ha visto pronto que cada una de ellas quiere una cosa: Unión quiere votar pero no quiere la independencia; Convergencia quiere votar para conseguir la independencia pero dentro de la ley; los republicanos de ERC y todos los demás quieren votar, la independencia y, si es necesario, vulnerar la ley.

En realidad el Gobierno de la Generalitat sabe que no se va a votar. Para hacer un referéndum formal necesitaría el censo y el Estado no se lo va a dejar usar. Es evidente que en la Carta Magna no cabe una consulta sobre una secesión unilateral. En cuanto se formulara un acto oficial para convocarla ni siquiera habría que recurrir al Tribunal Constitucional para frenarla, bastaría la actuación de los tribunales ordinarios o de la Junta Electoral Central. Y si, al final, en vez de convocar un referéndum de los que están regulados por la legislación del conjunto de España se convoca una consulta con una legislación catalana creada ex profeso, con un censo propio fabricado para la ocasión, el resultado sería el mismo.

Y como esto la sabe Artur Mas, en realidad el anuncio hecho en los últimos días no tiene otra intención que intentar solucionar su debilidad política y aumentar el victimismo anti-Madrid para crear más adeptos a la independencia. Lo que le interesa en realidad son las elecciones que va a convocar después de que el Gobierno de Madrid le diga que no. Quiere presentarse como el hombre que ha hecho más que nadie por la “liberación del pueblo catalán”. Es lo que hizo en 2012 con un nefasto resultado. Está trabajando para sus competidores políticos: para ERC. La agenda política se vuelve a imponer sobre la vida social.

La sociedad catalana está divida, el deseo de independencia no es todavía mayoritario. Todas las encuestas apuntan a que en este momento votarían a favor de ella entre un 35 y un 40 por ciento. Porcentaje que disminuye cuando se hace evidente que conlleva la salida de la Unión Europea. El resultado en cualquier caso estaría por debajo de lo que se exige en Escocia y en Quebec, los supuestos más cercanos. En el caso del Reino Unido es necesario al menos el 40 por ciento del conjunto del censo y en Canadá entre el 51 y el 60 por ciento de los votos emitidos.

Otra cuestión es lo que pueda ocurrir a partir de 2015 o de 2016. A partir de ese momento el independentismo radical ganará cada vez más terreno en los gobierno de Cataluña e irá incrementando su presión. Por desgracia la evidencia de lo positiva que ha sido la vida en común durante los últimos 500 años se va diluyendo entre gran parte de la población por efectos de la educación nacionalista.

Y más tarde o más temprano Madrid tendrá que aportar una solución constitucionalmente válida que respete el principio de soberanía nacional. En este sentido la sentencia del Tribunal Supremo de Canadá del 20 de agosto de 1998 puede ser un referente. El tribunal dejaba claro que la secesión no podía ser unilateral pero que Canadá, en ejercicio de su soberanía, podía permitírsela a Quebec si se pronunciaba una mayoría clara a favor de ella. La Ley de Claridad que se promulgó en 2000 es la que fijo un umbral alto. Lo sucedido la semana pasada ha tenido un efecto positivo. Por primera vez en mucho tiempo los dos partidos mayoritarios, PP y PSOE, se han pronunciado del mismo modo. Tanto el presidente del Gobierno como el líder de la oposición han defendido con rotundidad la unidad de España y han negado el derecho de autodeterminación. Hacía mucho tiempo que esto no sucedía en la vida política española. No es el momento de que estos dos partidos promuevan una reforma de la Constitución de 1978. No se puede actuar reaccionando al calor de los acontecimientos. Pero, más adelante, ese acuerdo sí sería útil para clarificar el modelo territorial del país que tiene todos los inconvenientes del sistema federal y ninguna de sus ventajas. Y para intentar dar una solución “soberana” al problema catalán. La respuesta no puede ser sólo jurídica. Si los sucesivos gobiernos de Madrid quieren, como quieren la mayoría de los españoles, que Cataluña “no se vaya”, tendrán que trabajar en el plano cultural. Algo muy descuidado hasta el momento.

En este contexto lo que sufre es la convivencia diaria entre los propios catalanes. La defensa de una Cataluña independiente y la defensa de una Cataluña española se hace, a menudo, en unos términos tan ideológicos que el “paisaje humano” se ha terminado contaminando. La unidad es un valor pero no se puede postular solo invocando unos principios que para muchos son ya absolutamente abstractos. Urge por eso el encuentro real entre las personas no para discutir quién tiene razón sino para preguntarse, junto al otro, cómo es posible vivir juntos, también cuando se piensa diferente. Y esta es una cuestión más decisiva que las fórmulas jurídicas o políticas que se puedan encontrar. En realidad es “la gran cuestión”: para los catalanes resulta urgente encontrarse en el territorio de la vida, en el diálogo sobre las razones que permiten trabajar, construir, hacer empresa, salir al mundo, educar a los hijos, generar prosperidad. Así es como el clima, que a veces es demasiado asfixiante, se puede empezar a hacer respirable.