Venezuela

Casos emblemáticos

Mundo · A.C. Democracia y Desarrollo
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2 marzo 2010
Las universidades y los estudiantes ocupan primera fila entre los que Chávez considera enemigos del proceso. Los estudiantes siguen haciendo manifestaciones a pesar de que son agredidos violentamente por bandas chavistas, detenidos por la policía y sometidos a los tribunales, apelando a leyes recién promulgadas, que incriminan la protesta. Objeto especial del odio de Chávez es la Universidad Central, que en buena medida las simboliza a todas.

El recinto universitario es objeto de toda clase de violencias, que han culminado con un atentado contra la rectora, Cecilia García Arocha. Un grupo de encapuchados realizó 17 disparos a las ventanas del Rectorado, salvando la vida García Arocha por encontrarse ausente de su despacho. En compañía de las autoridades y los decanos de facultad, convocó una rueda de prensa para anunciar que acudirían a la UNESCO a denunciar las agresiones contra los símbolos y espacios de la Ciudad Universitaria, declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad. "La medida es por el estado de indefensión que vive la comunidad ucevista ante la indiferencia de las autoridades para establecer responsabilidades en las agresiones y daños causados a la Universidad". La rectora denunció el atentado ante la Fiscalía, que comprobó los daños causados por los disparos, pero no dictó medidas eficaces para determinar la autoría alegando que la rectora no identificó a los autores de la salvajada.

Otro caso que ocupó primera plana en los diarios, sobre violación de derechos humanos, fue la demanda introducida por médicos cubanos que afirman haber sido sometidos a esclavitud en Venezuela. Argumentan que vinieron a trabajar en Barrio Adentro en condiciones de "esclavos modernos". Lograron salir del país y refugiarse en Miami, donde introdujeron una demanda ante una Corte Federal, señalando que el convenio cubano-venezolano los colocó en condición de "servidumbre por deuda."

Sus servicios eran pagados por Pdvsa al Gobierno cubano. Analistas confiables estiman en 3.000 dólares el pago que se hacía por cada "esclavo de bata blanca" en tanto ellos recibían en Venezuela unos 300 dólares, siendo obligados, además, a labores como promotores políticos. Dicen que vivían hacinados en residencias alquiladas o en casas de personas afectas al chavismo y trabajaban sin la debida licencia para ejercer la medicina en Venezuela. Aseguraron que se les impedía establecer relación con personas consideradas como "problemáticas" por su posición política, y que en caso de hacerlo eran regresados a Cuba o trasladados a zonas inhóspitas. El jurista que los asiste hizo hincapié en que "el convenio de los gobiernos de Cuba y Venezuela sobre los médicos constituye una flagrante confabulación comparable al comercio de esclavos en la América colonial". Los demandantes exigen ser resarcidos por los daños y perjuicios sufridos, y según su apoderado, que alega jurisprudencia sobre indemnización a cubanos que fueron enviados a trabajar bajo condiciones inhumanas y degradantes, al decidir la Corte la procedencia del reclamo podría declararse la congelación de bienes de Pdvsa, en virtud de la relación de trabajo con la empresa que pagaba sus salarios.

Teodoro Petkoff, al comentar la muerte en Cuba de Orlando Zapata, el preso político que se había declarado en huelga de hambre, se pregunta qué pasa con Franklin Brito. Se trata de un agricultor que se declaró en huelga de hambre como medio para que le restituyeran la propiedad de una pequeña finca. Fue secuestrado, conducido por la fuerza a un hospital militar donde le inyectaron drogas y sometieron a un tratamiento psiquiátrico. Allí lo tienen, considerado como demente porque en la huelga estuvo a punto de fallecer.

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