El paternalismo estatalista hace de la crisis una aliada de Zapatero

Caso Martinsa: ¿el Gobierno es parte del problema o de la solución?

Mundo · Fernando de Haro
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16 julio 2008
La suspensión de pagos de la inmobiliaria Martinsa-Fadesa, la mayor suspensión de la historia empresarial española, ha provocado una rápida reacción del Gobierno. El pasivo asciende a 5.200 millones de euros, están en el aire los pisos de 12.500 familias y el efecto sobre el nivel de morosidad de bancos y cajas puede ser importante. Caja Madrid, La Caixa y Banco Popular son los más afectados. La vicepresidenta De la Vega se ha apresurado a asegurar que el Gobierno "está estudiando las vías para tratar de mitigar la suspensión de esta empresa". Y Sebastián, el descorbatado ministro de Industria, sugiere que sería conveniente comprarle, con dinero público, suelo a Martinsa para que el batacazo sea menor.

Habrá que esclarecer el papel del Ejecutivo de Zapatero, antes y después de las elecciones, en la crisis de esta inmobiliaria. En la comunicación que de la suspensión de pagos hizo la dirección de Martinsa a la CNMV el pasado 13 de julio, había un interesante dato sobre las largas negociaciones de ocho meses con el ICO. La decisión por parte de este organismo público de no conceder un crédito de 150 millones de euros a la empresa se producía cuatro meses después de la victoria de Zapatero, cuando las conversaciones para recibir la ayuda financiera se habían iniciado en diciembre de 2007. Acertó el nuevo hombre de comunicación del PP, Esteban González Pons, al solicitar que se aclare si Zapatero ha jugado con los tiempos.

Es llamativo que el Gobierno, después de haberse comido el superávit que produjo el boom de la construcción y los jugosos ingresos que generó, hable ahora de la necesidad de utilizar recursos públicos para solucionar una quiebra inmobiliaria. La historia de los últimos años de esta compañía, el modelo de negocio que ha desarrollado, la forma de obtener financiación y el comportamiento de alguno de sus directivos son la expresión de un modo de hacer empresa peligroso y cercano a lo especulativo. Se recurría a un apalancamiento desmedido con la falsa seguridad de que el mercado inmobiliario era poco menos que ilimitado. Es lógico que ahora se cuestione la legitimidad de que el sector público venga en ayuda de grandes empresas con una gestión muy dudosa cuando desatiende con frecuencia a las pequeñas y medianas. ¿Por qué hay dinero para el gran capital más gestionado y no para las pymes que crean valor?

Más allá de esta gran cuestión hay un aspecto político que está pasando  inadvertido. La dirección del PP tiene la convicción de que la crisis desgasta al Gobierno y que debe golpear duro en la mala gestión y olvidarse de todo lo demás. Ahí es donde probablemente más se equivoca el principal partido de la oposición. Durante el comienzo de la década de los 90, con una tasa de paro por encima del 20 por ciento, Felipe González había convencido a toda la izquierda, a todo el centro y a buena parte de la derecha de que su política económica era la única que se podía hacer. El debate que en la campaña electoral mantuvieron Solbes y Pizarro tiene más actualidad que nunca. Solbes no lo ganó, como dicen algunos, porque mintiera y ocultara los datos de una crisis que ya teníamos entonces encima. Lo ganó porque supo conectar con el subconsciente colectivo de muchos españoles, que en tiempo de penurias, cuando las cosas se ponen negras, buscan la falsa seguridad del Estado. El socialismo español ha sabido mejor que nadie convertirse en la encarnación de ese Estado hiperprotector. Pizarro perdió porque apeló a la responsabilidad personal, habló de un mundo sin red de seguridad. Mientras el PP no favorezca un cambio cultural como el que representa Pizarro, la economía no le va a servir para ganar elecciones. El Gobierno de Zapatero sabe que tiene la partida ganada presentándose no como parte del problema sino como la solución.

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