Cambios en Venezuela

Venezuela entra en un nuevo proceso político. Esa es la principal conclusión de los resultados electorales del 14 de abril y de los acontecimientos posteriores. La paridad electoral en sí misma no es nueva: al revés de lo que reza la propaganda oficial, el chavismo había tenido en 2007 y en 2010 dos derrotas muy claras que señalaban que su imperio político e institucional no era invulnerable a los cambios en la voluntad popular. La diferencia hoy, dicho de un modo muy sucinto, es que las fuerzas democráticas han logrado construir una plataforma de acción política y un liderazgo unitario que es precisamente aquello de lo que carece el oficialismo desde la muerte de Hugo Chávez.

Considérese que las elecciones del 7 de octubre, en las que Chávez obtuvo una diferencia de 10 puntos porcentuales por sobre Henrique Capriles, resultaron ya decepcionantes para las pretensiones hegemónicas que caracterizan al régimen chavista. El propio Chávez se quejó de ello y lo atribuyó a su precaria salud, que le impidió hacer una campaña como las que solía. También fue muy visible entonces la fuerza, el poder, y la falta de límites del aparato estatal puesto al servicio de su candidatura, completamente financiado por fondos públicos y con un sistema legal que determina una desventaja crucial para la oposición en el acceso a medios de comunicación públicos y privados, en financiamiento para las campañas y en presencia política.

Si bien el fallecimiento de Hugo Chávez era un acontecimiento previsible (aunque el secretismo en torno a su padecimiento afectaba también a su propio alto gobierno), las ejecutorias del gobierno interino de Maduro y la manipulación político-emocional de la muerte de Chávez parecían indicar que el escenario sucesorio no estaba nada claro. Ese inmenso y poderosísimo aparato estatal de control social, político y electoral se diseñó para funcionar bajo un único mando que podía manejar las tensiones internas y externas. Pero Maduro no es Chávez y la tesis de una "dirección colectiva", hasta ahora, lo único que significa es que el liderazgo de Maduro es extremadamente débil. Su campaña fue errática, sin línea política clara, mal pensada y mal llevada; su oferta central fue el continuismo y la radicalización de la "revolución", es decir, la profundización de la división y el apartheid entre venezolanos, sin atención a los graves problemas de la vida cotidiana que los aquejan: delincuencia, corrupción, inflación, decadencia de los servicios públicos, escasez y violencia cotidiana.

Mientras tanto, en una especie de blitzkrieg, Henrique Capriles Radonsky plantea una campaña movilizadora, cuestionadora e inspiradora. En sólo doce días de campaña remonta los 16 puntos de desventaja que mostraban las encuestas.

Y la mejor prueba de que esta campaña, en efecto, le dio cuerpo a una voluntad de cambio que ya se venía gestando en la sociedad venezolana es que la paridad en los resultados electorales, que oficialmente favorece a Maduro por 1 punto porcentual, ha dado origen a una protesta ciudadana que, según se vio en la decisión forzada que tomó el Consejo Nacional Electoral el jueves 18, logró plenamente su objetivo de auditar, voto por voto, los resultados electorales.

En cualquier democracia normal, unos resultados tan ajustados obligan, prácticamente, a un reconteo de votos. En la "democracia" chavista, ello es signo de una debilidad inaceptable, porque implica el reconocimiento de la oposición y su caudal electoral como auténticos adversarios políticos y no como "escuálidos", "disociados", "minoría insignificante", "apátridas".

El problema es que casi un millón de votantes de Chávez el 7 de octubre pasaron a votar por Capriles el 14 de abril. El problema es, en efecto, que la mitad del país que no votó por Maduro está dispuesta a seguir un liderazgo alternativo y a organizarse como fuerza política. Y así, la Mesa de la Unidad Democrática y su candidato, Henrique Capriles, proceden a solicitar la auditoría total del proceso electoral.

El sistema electoral venezolano es, como se sabe automatizado en casi todas sus etapas. La identidad del elector es verificada electrónicamente mediante contraste con el Registro Electoral cuyo control tiene le propio Consejo Nacional Electoral (CNE); el voto se realiza mediante una máquina de votación en cuya memoria se almacenan los votos y que los transmite luego de cerrado el proceso, y la totalización también se realiza automatizadamente. Por ello, el sistema requiere un registro no digital: el elector recibe una papeleta con su voto, que deposita en una urna; y debe firmar un cuaderno de votación que certifica su asistencia. La máquina emite, terminada la votación (y transmitidos sus resultados), un acta que se distribuye entre testigos de las fuerzas políticas para que lleven su propia contabilidad y control del proceso. Una vez enviados los resultados, se procede, por ley, a contrastar el resultado impreso en el acta con las papeletas contenidas en las urnas, pero en un 54% de las mesas (es decir, de una a tres mesas por centro de votación), a esto se le llama auditoría ciudadana porque en efecto, es un acto público al que pueden y deben asistir todos los ciudadanos, el mismo día de la elección.

La diferencia entre los dos candidatos fue lo suficientemente ajustada como para cambiar en caso de que irregularidades como las que ya se evidencian en el 54% de urnas auditadas se repitan en el 46% que falta por ser revisadas. Hay casos de diferencias entre total de votantes y votos emitidos; hay más de 500 mesas que por fallas de máquinas debieron recurrir al voto manual; hay testimonios de "voto asistido" por funcionarios oficiales, etc. Por lo tanto, desde el mismo domingo 14 de abril, el candidato Capriles exigió que se procediera a completar la auditoría. Sin pretender deslegitimar el proceso ni al propio candidato oficialista, la petición fue muy clara: cuéntese cada voto y cada papeleta.

Tomado por la sorpresa y sus reflejos totalitarios, los miembros de la cúpula gobernante leyeron pésimamente los resultados electorales y procuraron exacerbar el conflicto para usar la fórmula que tanto éxito le dio a Chávez en 2002. No solamente negaron de plano la posibilidad de auditar el 46 % de urnas de votación que la oposición solicitó sino que comenzaron una ofensiva mediática que criminalizaba la protesta, mientras prohibían marchas y manifestaciones públicas y activaban los cuerpos paramilitares para amedrentar. Las cabezas de los poderes públicos negaron enfáticamente que la petición de las fuerzas democráticas pudiera satisfacerse, mientras ministros y voceros del gobierno se multiplicaban en el insulto, la descalificación y la polarización, llegando incluso a acusar al candidato Capriles de exacerbar la violencia, amenazándole con hacerlo responsable de las muertes de unos ciudadanos que habrían pertenecido al partido de gobierno PSUV y que habrían sido víctimas de las protestas del martes 16.

Tanto por señales internas (presión dentro del mismo oficialismo y sondeos flash que mostraban que casi el 80% de la población apoya el conteo total de votos, así como la contundencia de los cacerolazos de repudio, especialmente intensos en zonas populares que el gobierno cree controlar) como por la preocupación de países aliados y cercanos acerca de la escasa legitimidad de la que goza Maduro, el gobierno cedió y mediante el CNE, que es en teoría un poder público autónomo, comunicó que se hará, en efecto el proceso de revisión.

De nuevo: se trata de una situación inédita en los catorce años de chavismo y señala que el mantenimiento de la paz social y de la gobernabilidad dependerá de una disposición a la conciliación y al diálogo que el gobierno de Maduro tendrá que desarrollar en caso de que los resultados del reconteo lo favorezcan. La gran pregunta es si, en efecto, tal cosa es posible en un movimiento definido como "revolucionario". Por su parte la oposición tiene una hoja de ruta unitaria y nacional que no solamente se restringe a los resultados electorales, sino que pretende jugar un papel, como oposición, en el escenario político por venir, recuperando la democracia y el pluralismo, la separación de poderes, el respeto a la soberanía nacional y popular.