¿Cambio de ciclo?, ¿cambio de paradigma?

España · J.M. Aizcorbe
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27 octubre 2014
Son ya demasiados los síntomas que anuncian un cambio de ciclo en la sociedad española. Al punto de que muchos observadores de la realidad creen indubitable el que estamos ante un verdadero cambio de paradigma: un profundo cambio no sólo político, sino social, generacional, sociológico y mediático.

Son ya demasiados los síntomas que anuncian un cambio de ciclo en la sociedad española. Al punto de que muchos observadores de la realidad creen indubitable el que estamos ante un verdadero cambio de paradigma: un profundo cambio no sólo político, sino social, generacional, sociológico y mediático.

La inflexión definitiva parece darse ahora con el estrépito de los últimos fuegos artificiales –aún en titulares de prensa– de la corrupción moral e institucional que campa por sus respetos en la vida política española y que los grandes partidos españoles que han regido nuestros destinos los últimos 37 años parecen incapaces de controlar.

La sociedad española asiste atónita al continuo desfile de operaciones policiales y judiciales encaminadas a intentar acabar con la corrupción, con la compra-venta de favores, con el dinero fácil y la intermediación salvaje entre políticos y empresarios o entre las ayudas públicas y sus destinatarios, siempre en beneficio de unos pocos y siempre en perjuicio de todos.

Las manchas de la corrupción parecen extenderse ya sin ninguna cortapisa por toda la geografía española afectándola transversalmente en sus nervios políticos, en sus articulaciones económicas y judiciales, y en sus subsistemas locales y autonómicos vitales para la subsistencia de la nación. Pareciera que levantar una piedra en España fuera sinónimo de destapar una corruptela, encontrar un corrupto o descubrir un flagrante caso de corrupción. Y los medios de masas se hacen eco cotidiano de todo este hedor en su función de ser altavoces sociales de esta desasosegante realidad.

Es verdad que asistimos a tiempos nuevos, o al menos renovados, en cuanto a la Monarquía parlamentaria que preside nuestra democracia representativa y nuestra organización política descentralizada en Comunidades Autónomas y consagrada constitucionalmente desde 1978.

Es verdad también que la larga crisis económica que ha padecido la sociedad española ha sensibilizado sobremanera la reacción epidérmica de amplias capas de la población, que se han visto relegadas a situaciones económicas extremas mientras la virtud ejemplar de algunos de nuestros administradores brillaba por su ausencia. Lo que antes era manga ancha, el “todo vale”, el “me llevo dos” a cuenta del dinero público, y encima se reía la gracia o el desplante que pasaba desapercibido o descontrolado, ahora duele en el alma del español medio acostumbrado a la estrechez de la nómina –cuando la hay–, al subsidio –cuando se recibe– y a la cruel realidad de enfrentar tiempos de mera subsistencia y poca esperanza futura.

Como también es cierto que un serio cansancio de la política y de los políticos, por no decir hartazgo generalizado, se trasluce en todas y cada una de las últimas encuestas del CIS, al punto de que algunos analistas aconsejan un replanteamiento general de la situación política, otros plantean directamente una enmienda a la totalidad del sistema e incluso los hay que idealmente quisieran una vuelta a los orígenes sacrosantos del pacto constitucional para darnos una segunda oportunidad dentro de los parámetros ya establecidos.

Pero la realidad se impone terca. Ni se puede desandar lo andado, ni se puede jugar en otro sistema político que el que legalmente nos hemos dado los españoles, ni se pueden cambiar las reglas de juego en medio del partido. No. Fuera de la legalidad y de la democracia no hay solución.

Lo que sí se puede hacer es mejorar todos y cada uno de los controles institucionales. Lo que sí se debe hacer es activar el ejercicio de la pulcritud ética como “conditio sine qua non” de la administración pública y de sus servidores. Lo que sí hay que conseguir es la denuncia inmediata de todos aquellos que hasta ahora callaban por miedo, vergüenza o por lastres inconfesables.

En conclusión, hay que atajar la corrupción económica y moral a la que ha sido sometida la sociedad española, y hay que hacerlo con los únicos cauces disponibles: el sometimiento a las leyes y el ejercicio implacable de nuestro Estado de derecho en defensa del bien general de la ciudadanía. Para ello es imprescindible una efectiva separación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, base de toda democracia parlamentaria que se precie. Como igualmente ha de salvaguardarse el principio de privacidad, el de presunción de inocencia, y todos los demás derechos inherentes a la persona en una democracia liberal que se precie.

Y tienen que ser los propios partidos políticos y organizaciones sindicales del sistema democrático español –socialistas, populares, nacionalistas, comunistas, todos los inmersos en casos de corrupción– los que coadyuven sin vacilación alguna a una limpieza total y absoluta de la corrupción entre sus militantes y representantes públicos. Sin excepciones. Sin dilaciones. La sociedad española, la opinión pública y los medios de comunicación así lo demandan expresamente. Hay que actuar ya. No basta con pedir perdón, que también hay que hacerlo. Hay que expulsar la corrupción de la vida pública.

Es mucho lo que nos jugamos. Nos jugamos el propio devenir de la democracia parlamentaria española. Nos jugamos que el populismo político se aproveche de la democracia representativa para convertirla en una democracia popular plebiscitaria. Nos jugamos que el nuevo paradigma de los desencantados e indignados del sistema oculte otra vez las ideologías totalitarias y excluyentes de antaño. Nos jugamos, en fin, nuestra libertad.

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