Calderón contra los monopolios

Mundo · Laura Juárez
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11 abril 2010
La semana pasada, el presidente Calderón presentó una iniciativa de reforma para combatir los monopolios en México. Esta iniciativa, como la reforma laboral propuesta por su partido hace aproximadamente tres semanas, tiene la audacia de tocar un aspecto fundamental para el bienestar de la población y la modernización del país, que ha permanecido intocable por la fuerza de ciertos grupos de interés. Si bien las reformas propuestas pueden ser mejoradas en algunos puntos, plantear el debate es ya un inicio positivo que no debe desperdiciarse.

La falta de competencia y la existencia de monopolios afectan al bienestar de la población por varias razones. Primero, porque se dan en sectores estratégicos que afectan a un gran número de consumidores, como la telefonía. En estos sectores, los consumidores pagan precios altos por servicios deficientes, lo cual indiscutiblemente crea fortunas inmensas para pocos a costa de la mayoría. Segundo, en el caso de bienes como el cemento, la falta de competencia encarece la inversión y merma el crecimiento económico. En el sector bancario, la estructura oligopólica se traduce en comisiones múltiples y altas por los distintos servicios, lo cual hace que muchos pequeños ahorradores incluso prefieran no utilizar servicios financieros, y en el acceso limitado a créditos caros, lo cual inhibe la inversión. Una estructura similar en el mercado de las administradoras de fondos de pensiones hace difícil la entrada y permanencia de administradoras pequeñas, lo cual se traduce en comisiones altas sobre el ahorro forzoso de los trabajadores hoy y en una pensión menor mañana. Estos ejemplos muestran qué urgente es fomentar una mayor competencia económica en nuestro país.

Aunque en México hemos vivido cierta apertura económica desde los 90, ésta ha sido incipiente y selectiva, por lo que es un acierto reabrir el debate sobre el tema. La propuesta actual pretende agilizar la notificación y proceso de las demandas por prácticas monopólicas. Además de esto, le confiere más poder a la Comisión Federal de Competencia para exigir la información pertinente a los involucrados, para ordenar la práctica y ejecución de medidas cautelares que permitan suspender actos que constituyan prácticas monopólicas probables sin tener que esperar a que se dé por concluido el juicio y para realizar visitas de verificación de manera más expedita. También endurece las sanciones por prácticas monopólicas, las cuales van desde multas de entre 8 y 10 por ciento de los ingresos de la empresa, hasta 3 a 10 años de prisión. Sin embargo, es importante apuntar que este mayor poder debe ser acompañado de medidas que efectivamente garanticen que la Comisión y sus integrantes sean independientes y actúen con honestidad. Si bien la propuesta también incorpora algunas medidas relativas a la estructura de la misma Comisión, es fundamental fortalecer la rendición de cuentas y la posibilidad de sanciones a cualquier conducta irregular de estos funcionarios.

En algunos sectores, los monopolios son directamente integrados por empresas del Gobierno o han sido resultado de concesiones. Por ello, un aspecto notable de la propuesta es que fortalece las facultades de la Comisión también en lo que toca a las empresas paraestatales y la obliga a investigar cualquier práctica contraria a la competencia económica en dependencias y organismos públicos a la hora de otorgar concesiones y de realizar adquisiciones y arrendamientos.

Entre los legisladores, algunos se quejan de que la propuesta no haya llegado antes, otros advierten que no se permitirá ningún tipo de "persecución económica". Con todo, las principales fuerzas políticas parecen estar de acuerdo en la necesidad de discutir y sacar adelante una reforma en este tema. Seguramente se dan cuenta de que atacar a los monopolios y oligopolios goza de gran apoyo entre la opinión pública, integrada por gente común que sufre todos los días los efectos de la falta de competencia. Como en cualquier país del mundo, existe también el riesgo de presiones y cabildeo por parte de grupos de interés y de basar todo en el intercambio político. Por esto, es fundamental que nuestros legisladores recuperen la conciencia de que su tarea es servir a un pueblo en sus necesidades concretas, como el trabajo y el consumo, incluso antes que seguir ideologías abstractas.

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