Bombardeo en Siria

Afortunadamente, el reciente bombardeo por parte de Estados Unidos, Francia y el Reino Unido de instalaciones sirias que, según los autores del ataque, se dedicaban a la producción y almacenamiento de armas químicas no ha causado muertos ni heridos, civiles o militares.

Ciertamente, el uso reiterado de armas químicas, prohibidas por el Derecho Internacional, del que se acusa al régimen sirio de Bachad El Asad, causando numerosas víctimas, es un hecho muy grave y de trascendencia internacional. Pero en esto, como en tantas otras cosas, no hay atajos. La respuesta por la Comunidad Internacional tiene que ser con arreglo al Derecho, a la ley.

En Derecho Internacional, el uso de la fuerza (como el producido por los bombardeos de la semana pasada) únicamente está permitido en caso de legítima defensa o si media una autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, mediante una resolución aprobada en virtud del Capítulo VII de la Carta de la ONU. No hay otras excepciones.

Ninguna de las circunstancias mencionadas concurre en el presente caso. No hay legítima defensa, porque los autores del bombardeo no defienden a Siria de un ataque armado de otro Estado ni han recibido una petición del Estado agredido para defenderle. Y no hay autorización del Consejo de Seguridad porque cuatro de los cinco Estados con derecho a veto en dicho Consejo, precisamente Estados Unidos, Reino Unido y Francia, por una parte, y Rusia, por la otra, han hecho imposible esa resolución.

A falta de cobertura jurídica, provocada en gran parte por la sobreprotección de Rusia a uno de sus viejos aliados de la Guerra Fría en Oriente Medio, el régimen sirio de los Asad, padre e hijo, Estados Unidos, el Reino Unido y Francia, con el apoyo político de otros Estados occidentales, han decidido saltarse el procedimiento y actuar unilateralmente, volviendo, una vez más, a las políticas de fuerza, al margen del Derecho, propias de siglos pasados.

Cometen un grave error, reincidiendo además en errores anteriores. Al saltarse el mecanismo legal, habilitan a Rusia y China para saltárselo también, con el pretexto que prefieran, cuando, donde y como lo consideren oportuno (lo que han hecho, igualmente, de manera reiterada); desautorizan además al Consejo de Seguridad, que ellos deberían ser los primeros en defender, siendo como son miembros permanentes y privilegiados por el derecho de veto, desacreditando al mismo tiempo a la propia ONU en su conjunto; y transmiten al mundo la sensación de que hay causas para las que todo vale, siempre que sean propias, y de que hay una doble vara de medir los comportamientos y los regímenes, según sean amigos o enemigos. No es teoría, es práctica: lo más práctico es potenciar el mecanismo, no desacreditarlo.

Obviamente, me siento mucho más cercano a regímenes democráticos con un alto nivel de exigencia en la defensa de los derechos humanos fundamentales (EEUU, Reino Unido y Francia) que a regímenes dictatoriales (Siria) o cuyas democracias están más que puestas en cuestión (Rusia). Sin embargo, precisamente por eso, me parece un serio error saltarse las normas, sobre todo cuando quienes se las saltan son países que se denominan a sí mismos Estados de Derecho.