Bienestar

España · Fernando de Haro
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2 octubre 2011
No estaba previsto que acudiera. Pero al final el Rey participó el miércoles en la comida que Bono ofreció en la Carrera de San Jerónimo. Al manchego le pierden las liturgias y está convirtiendo su despedida en una suerte de novena extendida. Parece uno de los paleólogos bizantinos, envuelto en pompa y circunstancia mientras entrega la constantinopla parlamentaria. Al final del almuerzo le hicieron a Don Juan Carlos una de esas preguntas que responde, al paso, de forma espontánea. Y admitió que a España le "esperan bastantes sacrificios".

Es lo que nadie quiere reconocer, lo más evidente. Ese mismo día Rubalcaba ordenaba a sus barones que proclamaran por todos los rincones que la derecha viene a recortar el Estado del Bienestar. El lunes sabíamos que Mas iba a reducir a la mitad la extra del personal sanitario en Navidad. El martes teníamos noticia de que la Generalitat iba a aplazar el pago a los centros concertados de mayores durante dos meses. Y el miércoles Yolanda Barcina, la presidenta de Navarra, anunciaba una reducción del gasto de 190 millones. Suficiente material para construir el icono de una derecha que llega con la tijera. Y, atención, porque puede ser eficaz para movilizar a cierto electorado.

En el código genético de la opinión pública española hay un estatalismo difícil de erradicar. El franquismo cultivó la idea de que se le podía reclamar al Estado el derecho subjetivo al bienestar. Otros derechos no, pero ese sí. Y el socialismo alimentó la herencia recibida. El único bienestar que se estima legítimo es el que gestiona directamente el Estado. Por eso no se percibe como un recorte la subida de impuestos anunciada ayer por Rubalcaba.

Los conciertos en educación o en servicios sociales se consideran privatizaciones. Y se rechaza la necesidad de pasar de un Estado del Bienestar inviable a una sociedad del bienestar sostenible. Una sociedad, la que presta servicios a través de conciertos, en la que los profesores imparten 25 horas lectivas y no hacen huelga, y las entidades que trabajan con mayores aguantan retrasos en el pago.

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