Antes los principios que los hechos

España · Lola Martínez
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21 enero 2020
El ministro de Consumo, Alberto Garzón, hizo el domingo unas declaraciones que han vuelto a incendiar a los fiscales. Aseguró Garzón que la fiscalía forma parte del Gobierno y no del poder judicial. El ministro ha dicho exactamente lo contrario de lo que formula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Ese estatuto y la realidad dejan claro que la fiscalía forma parte del Poder Judicial. ¿Por qué ha dicho eso Garzón? ¿Por ignorancia? Podría ser. Pero es una hipótesis poco plausible. Garzón es un ministro formado. Más bien se podría pensar que el problema es otro: al nuevo Gobierno de España no le interesan los hechos, lo que le interesan son las declaraciones de intenciones.

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, hizo el domingo unas declaraciones que han vuelto a incendiar a los fiscales. Aseguró Garzón que la fiscalía forma parte del Gobierno y no del poder judicial. El ministro ha dicho exactamente lo contrario de lo que formula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Ese estatuto y la realidad dejan claro que la fiscalía forma parte del Poder Judicial. ¿Por qué ha dicho eso Garzón? ¿Por ignorancia? Podría ser. Pero es una hipótesis poco plausible. Garzón es un ministro formado. Más bien se podría pensar que el problema es otro: al nuevo Gobierno de España no le interesan los hechos, lo que le interesan son las declaraciones de intenciones.

Lo mismo sucede con el pin parental. El pin parental, que es un hecho desde el pasado mes de septiembre en Murcia, no le ha interesado a Sánchez y a Iglesias hasta que no han puesto en marcha el Gobierno. También en este caso lo que les interesa es hacer una declaración de principios, una afirmación ideológica: necesitan afirmar que el Estado está por encima de los padres. Iglesias escribía el lunes este tuit: “el Pin Abascal no busca sólo normalizar la desobediencia de la derecha frente a la ley (mañana será el Pin fiscal para que los ricos no paguen impuestos) sino que es un ataque contra la educación pública y las familias que la necesitan”. Los hechos son que en una Comunidad Autónoma se ha puesto en marcha la posibilidad de que los padres autoricen las actividades complementarias para sus hijos si entran en cuestiones delicadas. Los hechos se retuercen, se ignoran. Son el pretexto para hablar de una presunta conspiración de la derecha contra la educación publica, una conspiración de padres homófobos que están intoxicando a sus hijos que necesitan ser rescatados por el Estado.

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