Ante un curso escolar complejo y difícil

Hace poco escribí en estas Páginas que al nuevo ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, había que reconocerle la valentía que ha tenido al aceptar dirigir una cartera que Wert y Gomendio han dejado prácticamente hundida. La LOMCE es un legado envenenado y puede ser una herencia imposible de gestionar, un verdadero campo de minas lleno de retos y obstáculos difíciles de salvar.

Este verano y el próximo inicio del curso escolar prometen ser muy conflictivos y problemáticos. Si el ministro, que apunta buenas formas e intenciones, no acierta con las medidas que debe tomar, acabará devorado por esta ley antes de las próximas elecciones generales.

Reto político y administrativo

El más urgente y determinante. Íñigo Méndez de Vigo se enfrenta a una auténtica rebelión, quizá organizada conjuntamente, de las comunidades autónomas gobernadas por opciones políticas distintas al PP y que no dejan de lanzar mensajes anunciando la paralización de la LOMCE. Es evidente que esta medida, de hacerse realidad por parte de algún gobierno autonómico, constituye una flagrante ilegalidad y el ministro deberá actuar con contundencia para defender la legalidad vigente asegurando el cumplimiento de la ley. Un gobernante que enseña a sus ciudadanos que las leyes “de otros” no deben cumplirse y que se pueden sustituir por las “suyas” cuando lo considere conveniente, ni es buen dirigente ni es democrático.

En mi opinión, salvo nacionalismos inmersos en otras cuestiones y con otros objetivos, ninguna Comunidad Autónoma incumplirá la LOMCE y sus amenazas quedarán reducidas a meras modificaciones del currículo y decisiones que adoptarán siempre dentro de las competencias que la ley atribuye a las autonomías.

Es absolutamente lícito discrepar sobre la LOMCE y si se quiere modificar o derogar se deben respetar los procedimientos democráticos establecidos. Además, sería interesante que alguien explicara cuál es la alternativa que se propone si se va a paralizar o derogar la LOMCE.

El ministro deberá afrontar la convocatoria de una Conferencia Sectorial en la que no debe descartar, más bien lo contrario, que las 12 comunidades que han manifestado claramente su oposición frontal a la LOMCE y al PP acaben levantándose de la mesa porque ahora puede importar más la foto que el diálogo.

Estos 12 gobiernos autonómicos, animados por los resultados obtenidos, trabajan para ganar las elecciones generales y deben seguir desgastando al PP para lo cual no deben colaborar en ningún caso. Que la comunidad educativa esté a disgusto, inquieta, molesta y perpleja ante los acontecimientos que está viviendo, importa más que transmitir tranquilidad, confianza y estabilidad a las familias, alumnos y profesionales.

Las opciones de Íñigo Méndez de Vigo pasan por convencer a los responsables autonómicos de educación de que, manteniendo firme su decisión de hacer cumplir la legalidad vigente, está dispuesto a negociar modificaciones en la LOMCE que puedan surtir efecto en el curso 2016/17 e incluso alguna de ellas en este mismo curso escolar. De forma paralela, el ministro debe liderar la oferta concreta de comenzar un serio debate y negociación de un pacto educativo con la comunidad educativa y con las organizaciones políticas. Deberá acompañarla de medidas que la hagan creíble como la presentación de una planificación temporal ajena a los resultados electorales pues, gobierne quien gobierne a partir de enero de 2016, la negociación de un pacto educativo debe haberse comenzado y se podrá terminar después.

Si las comunidades autónomas rechazan estas ofertas, la responsabilidad de la situación que se genere a partir de ese momento ya no descansará solo en el tejado del ministro como hasta ahora. Incluso podría conseguir que parte de la comunidad educativa valorase como positivas estas propuestas y el rechazo generado por Wert fuera disminuyendo.

Reto para los alumnos, familias y profesionales

El calendario de aplicación de la LOMCE recibió las críticas unánimes de la comunidad educativa. Pretender en dos años aplicar una reforma educativa genera los problemas que ya se anunciaron y que ahora ya se están plasmando en las escuelas.

El profesorado de Primaria tuvo que trabajar el nuevo cambio en pocos meses y en muchas autonomías se aprobó una especie de periodo transitorio para dar más tiempo a los profesionales a conocer el nuevo currículo, adaptarse a él y organizar los centros de forma adecuada.

En cuanto a Secundaria y Bachillerato que deben comenzar este curso el tema no es menor. A estas alturas, mes de julio, un buen número de comunidades autónomas aún no han publicado los currículos de las asignaturas. El profesorado y los alumnos han comenzado su descanso estival sin saber qué es lo que se van a encontrar en septiembre, sin saber las materias y sus currículos y sin saber si los libros de texto les servirán o no. Por no saber, tampoco conocen las horas lectivas semanales que deberán dedicar a cada materia. Los centros educativos, los docentes y los alumnos no están preparados convenientemente para afrontar la nueva organización, estructura y cambios en el currículo. Como ha sucedido en Primaria, hay que confiar en la gran profesionalidad de los docentes, quienes, al margen de las dificultades que generan los políticos en la escuela, dedican todo su esfuerzo al desarrollo y mejora de sus alumnos.

Para rizar el rizo, el profesorado y los alumnos han tenido que optar antes de este verano entre las nuevas “matemáticas aplicadas” de 3º de la ESO o las “matemáticas académicas”. Las primeras están enfocadas al alumnado que se incline más hacia la formación profesional y las segundas hacia el bachillerato. ¿Cómo lo habrán hecho?

Y en este curso que empieza, los docentes, los alumnos y sus familias afrontarán antes de su finalización la decisión más importante de toda la educación obligatoria: cursar 4º de ESO por el itinerario encaminando al Bachillerato (enseñanza académicas) o el orientado a la formación profesional (enseñanzas aplicadas).

Y esta decisión, este enfoque con el que se va a trabajar en el curso que empieza, está en el aire. Si la LOMCE se deroga en enero, casi seguro que esta estructura organizativa de la ESO será modificada y no se tendrá que elegir entre estas dos opciones. Lo que no sabemos es qué lo sustituirá. Nunca un curso escolar, todo un curso escolar, ha estado tan mediatizado y marcado por unas elecciones políticas.

Uno se pone en la piel de una familia cuyo hijo/a esté cursando actualmente secundaria o vaya a comenzar bachillerato y entiende perfectamente su preocupación y desconcierto. Primero porque posiblemente aún no sepan lo que va a suceder en su comunidad, no sepan ni lo que va a estudiar su hijo/a. Segundo porque esté asistiendo de forma continuada a noticias en la prensa que precisamente no estén dándole la tranquilidad y confianza que deberían tener en el sistema educativo. Tiene que ser difícil entender que los responsables políticos de su comunidad, los que directamente afectan a la educación de su hijo/a, estén haciendo manifestaciones todos los días en la línea de “evitar, paralizar, minimizar los efectos de la LOMCE, esta ley se derogará tras las elecciones generales, habrá un nuevo cambio en el sistema educativo”… Pero nadie dice cómo, qué ni cuándo serán esos cambios.

El gobierno central y los gobiernos autonómicos deberían preocuparse mucho más por el daño que están haciendo a sus ciudadanos y actuar de manera distinta a como lo están haciendo.

Mi hijo, afortunadamente, comenzará 2º de Bachillerato este curso y parece que quedará fuera de los próximos vaivenes. Toco madera por si acaso. Me duele enormemente lo que estamos haciendo con nuestros jóvenes y su futuro.