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Al lado de las mujeres

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23 diciembre 2013
El aborto va a dejar de ser un derecho en España. El Gobierno de Mariano Rajoy, que no se caracteriza por tener demasiado interés en corregir la fiebre de “nuevos derechos” de los gobiernos radicales de Zapatero, ha dado un paso adelante importante en la cuestión de la vida.

El aborto va a dejar de ser un derecho en España. El Gobierno de Mariano Rajoy, que no se caracteriza por tener demasiado interés en corregir la fiebre de “nuevos derechos” de los gobiernos radicales de Zapatero, ha dado un paso adelante importante en la cuestión de la vida.

El nombre del proyecto con el que quiere regular el tratamiento de la interrupción del embarazo es muy significativo: “ley para la Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada”. Supone un cambio profundo respecto a la legislación socialista, que violentando la jurisprudencia constitucional, se había situado en la vanguardia de los que defienden el aborto como una facultad propia del derecho a la salud reproductiva y sexual.

Esta concepción es la que desde hace años promueve el Fondo de Naciones para la Población. Ha conseguido ganar muchas batallas, aunque no todas. Sin ir más lejos hace unos días el Parlamento Europeo rechazó el Informe Estrela, promovido por una diputada portuguesa, que pretendía que la UE garantizara “servicios de aborto de legales, seguros y accesibles”. Tampoco triunfó, el pasado mes de junio, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el proyecto de Resolución 2106 (2013) que quería reconocer el derecho a la interrupción del embarazo para las mujeres que han sufrido violencia sexual con motivo de un conflicto bélico.

España abandona el modelo de plazos, más propio de los países que estuvieron tras el telón de acero, y vuelve a una fórmula de supuestos. Solo en dos casos se permite el aborto: si ha habido violación y si hay riesgo para la salud de la madre. En este último se intenta fijar una serie de garantías para que no se convierta en el coladero que fue en los años 80 y 90. Lo interesante del enfoque es que no se penaliza a las mujeres, la responsabilidad jurídica es para los médicos. También es muy significativo que desaparezca la posibilidad de abortar, que existía en 1985, en el caso de malformaciones del feto. Se lanza así un mensaje claro: los discapacitados deben ser protegidos después pero también antes de nacer.

¿Por qué el Gobierno del PP, un partido perfectamente secularizado, va a comprometerse con un asunto que puede ser utilizado en contra de su imagen de derecha moderna y laica? La respuesta es quizás lo más relevante del caso. Muchos de los diputados populares no quisieron oponerse a la legislación de Zapatero y solo el respaldo decidido de Rajoy ha permitido que el proyecto salga adelante. La decisión ha tenido mucho que ver con las personas y con la mutación del discurso del movimiento pro-vida. Sin el empuje del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, católico que durante décadas ha jugado a representar el ala más progresista del partido, no hubiera sido posible el cambio. Gallardón, en un gabinete que tira a la tecnocracia, ha querido hacer política de fondo en un tema que la parecía esencial y ha conseguido convencer al presidente del Gobierno. Ha estado apoyado discretamente por algunas organizaciones sociales, que han tenido el coraje de no buscar lo imposible. Esas organizaciones, entre las que destaca el Foro de la Familia, han dado un giro al pro-life. Así como hasta hace poco los defensores de la vida insistían en recordar el valor objetivo del no nacido, de un modo bastante abstracto, recurrían a campañas fundamentalmente emotivas y tendían a postular la desobediencia civil ahora hay nuevo enfoque. Una sensibilidad mucho más concreta, que les ha permitido situarse claramente al lado de las mujeres y dialogar con los políticos sin maximalismos. Y así se ha dado la paradoja de que el discurso de los pro-abortistas se ha quedado viejo y el de los defensores de la vida se ha puesto por delante. El de los primeros sigue insistiendo en los argumentos de los años 70: el derecho a decidir forma parte de la emancipación femenina. El de los segundos ha mostrado, con hechos, que las mujeres sufren fuertes restricciones de su derecho a la maternidad. Han sabido conectar con la gente que tenía dificultades.

Por eso este nuevo movimiento pro-vida se ha convertido en ejemplo de cómo propiciar un cambio social. Trabajo sobre el terreno, atención a las necesidades concretas, generación de obras que ayudan a las mujeres reales y no a las dibujadas por la ideología. Y, al mismo tiempo, labor cultural y política. Todo con mucha paciencia.

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