Adiós a cuatro años con pocos y frágiles avances

Se cierra la legislatura y conviene hacer balance de lo ocurrido en materia educativa. En estos últimos años hemos pasado de un posible Pacto Educativo, casi firmado en 2010, a un recrudecimiento extremo del enfrentamiento entre las enseñanzas pública y concertada, sin olvidarnos de que no se descarta la derogación de la LOMCE por intereses políticos, lo que obligaría a alumnos, familias y profesorado a afrontar la que sería la octava reforma educativa.

Cuatro años que se despiden con decepción para aquellos que esperábamos avances importantes y estables para la libertad de enseñanza ya que las medidas adoptadas en su favor por las administraciones públicas han sido pocas y frágiles. La soledad política del Partido Popular (PP) ha propiciado esta fragilidad y su compromiso se ve amenazado por una oposición que propone eliminar todas sus medidas por el simple hecho de ser suscritas por los populares.

Conviene recordar que la aplicación práctica del derecho de libertad de enseñanza tiene al menos tres aspectos fundamentales: la creación de centros, la libertad de elección de los padres y la financiación.

El concepto “creación de centros” merece ser ampliado. Mientras haya una demanda social, tan importante es que se creen nuevos colegios distintos a los de titularidad pública como que se puedan mantener y/o ampliar los actuales mediante los conciertos educativos.

Son muchas las dificultades para crear un centro educativo y no está extendida la práctica por parte de las administraciones autonómicas de ceder suelo público para levantar centros concertados. La Comunidad de Madrid ha sido la que más ha apostado por esta política, aunque presuntamente se han detectado irregularidades que se alejan del modelo tradicional y absolutamente mayoritario en la enseñanza concertada que corresponde a la iniciativa social.

En cifras, se pueden apreciar distintas políticas que van desde la continua disminución de aulas concertadas año tras año en Andalucía hasta situaciones como la de Castilla-La Mancha, que ha logrado detener la reducción de unidades que durante años venía aplicando el gobierno anterior. Sin embargo, inexplicable ha sido la decisión de la Comunidad de Madrid de eliminar todos los conciertos de Formación Profesional de Grado Superior, lo que constituye un flagrante ataque a la libertad de enseñanza.

Y si bien la LOMCE introdujo una pequeña modificación en relación a la renovación de los conciertos educativos, ampliando su plazo a seis años en el caso de la Educación Primaria, no sentó las bases para afianzar la libertad de enseñanza a pesar de tener la oportunidad, ya que una apuesta firme habría pasado por considerar indefinidos los conciertos mientras los centros cumplan la normativa, evitando así que cada cuatro o seis años se instale la incertidumbre a expensas de si la administración de turno decide o no prorrogarlo. A este respecto, solo la Comunidad Valenciana ha aplicado la ley en lo referido a la ampliación de la duración a seis años de los conciertos en Primaria.

Sobre el derecho de elección de los padres, es necesario apuntar que recoger en una ley orgánica que “las administraciones educativas deberán tener en cuenta la demanda de las familias a la hora de planificar la oferta educativa” y dejar su desarrollo y aplicación en manos de las administraciones autonómicas no solo origina un tratamiento territorial distinto de un derecho fundamental, sino que además genera año tras año que miles de familias que solicitan centros concertados para escolarizar a sus hijos no pueden hacerlo porque no hay suficientes plazas.

Los gobiernos autonómicos deben favorecer la libre elección de los padres apostando por dos medidas indiscutibles: la ampliación de los conciertos educativos y el establecimiento de la zona única de escolarización. Distribuir la escolarización en función de la geografía va en contra de la libertad de elección. Y aunque se puede decir que en este aspecto sí se ha avanzado, ya que en las comunidades de Madrid, Valencia, La Rioja, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cantabria, Murcia o Canarias ya existe una zona única en las principales ciudades o amplias áreas de influencia, la fragilidad a la que venimos haciendo mención es tal que la probabilidad de que deje de existir si no gobierna el PP es muy alta si nos fijamos en los distintos programas electorales.

Por último, y no menos importante, hemos de atender a la financiación de la que dependen los centros concertados. En este aspecto tampoco se ha avanzado nada, existiendo una financiación claramente deficitaria que no cubre el coste real del puesto escolar, en contra de lo que determina la ley. Esto obliga a los centros y familias a sustentar una “suerte de copago”, consentido y favorecido por las administraciones, que permita la subsistencia y el mantenimiento de los centros. Y ¿a dónde nos lleva esto? Pues a la cuestión de base: sin la financiación necesaria no puede darse una libertad real de elección por parte de las familias.

Además, es una realidad innegable que los centros concertados cuentan con muchos menos recursos, tanto económicos como humanos, para aplicar la misma Ley de Educación. Sus profesionales, a pesar de que desde 1985 la ley establece la equiparación salarial con sus homólogos de la función pública, siguen teniendo un salario significativamente inferior, a pesar de trabajar más horas lectivas semanales.

En estos cuatro años, ni el Ministerio de Educación ni las Comunidades Autónomas han dado paso alguno para resolver la difícil situación económica de los centros concertados. No podemos negar que las condiciones económicas globales no han sido las más adecuadas para poder afrontar esta deuda contraída, pero tampoco podemos callar que se podían haber puesto los cimientos para la resolución de este asunto fijando, por ejemplo, el coste real del puesto escolar. Eso nos habría permitido adelantar un trabajo para poder aplicar medidas en este momento, cuando muchos hablan de crecimiento y de salida de la crisis.

Teniendo en cuenta que ni la LOMCE, ni el Ministerio de Educación, ni las administraciones públicas han dado pasos firmes y estables a favor de la libertad de enseñanza; que varios partidos políticos llevan en su programa electoral la eliminación de los conciertos o su progresiva reducción, conforme la enseñanza pública pueda hacerse cargo de toda la escolarización; y que las previsiones de resultados electorales de mayo y de las próximas generales auguran un cambio, la situación invita a pensar que el sector tendrá que despertar y volver a defender la libertad de enseñanza como ya hiciera hace varias décadas.