Abatid los bastiones educativos

En España se prepara un nuevo debate educativo. ¿Serán los cristianos, en este caso, algo más que una de las partes en litigio? ¿Podrán aportar algo original? ¿Están obligados a identificarse con una de las esperadas y conocidas posiciones que se van a enfrentar? La semana pasada se constituyó en el Congreso de los Diputados una subcomisión para estudiar un posible pacto de Estado sobre enseñanza. Pacto que ha sido imposible desde la vuelta a la democracia. Los trabajos van a incluir la comparecencia de 80 ponentes entre profesores, padres, alumnos y expertos.

La legislación educativa española ha sido hegemónicamente socialista desde la transición. Eso le ha dado un claro sesgo comprensivo. El segundo gobierno de Aznar, a última hora (2002), aprobó una ley que intentaba corregir las consecuencias negativas de la comprensividad. El primer Gobierno de Rajoy, con escaso convencimiento, poca ambición y sin escuchar a la comunidad educativa, aprobó una reforma (LOMCE, 2013) encaminada, sobre todo, a conseguir mejores resultados académicos y una cierta unidad en todo el territorio nacional. El segundo Gobierno de Rajoy ya ha renunciado algunos aspectos de la pasada reforma (las reválidas), rechazados radicalmente por la oposición. Y busca, parece que con más sinceridad que los socialistas (Zapatero), un acuerdo.

El problema es que las distancias ideológicas parecen insalvables. Los socialistas y el resto de partidos de izquierda están convencidos de que el Estado, en este caso las Comunidades Autónomas, que son las que tienen transferidas las competencias, son el sujeto educativo primordial para garantizar la igualdad. La planificación para que los nuevos centros de iniciativa social reciban dinero debe someterse, según este modo de pensar, a la existencia de una red completa de colegios de gestión pública. Se trata de una subsidiariedad a la inversa, a favor del Estado. El PP, por su parte, insiste en superar la mentalidad comprensiva, introducir criterios objetivos de evaluación y de calidad. El centro-derecha es más receptivo a defender la tímida subsidiaridad que supone el sistema de conciertos (creado por los socialistas). Un modelo que permite integrar en la red pública a colegios de iniciativa social con autonomía y libertad de ideario. En algunas Comunidades Autónomas donde gobierna el PP, no en todas, esta red subsidiaria supone hasta el 50 por ciento de los centros. Donde gobiernan los socialistas o Podemos el porcentaje tiende a reducirse drásticamente. En realidad, la bandera de los conciertos la mantiene levantada la comunidad católica.

Antes de seguir adelante dejemos claro que el sistema de conciertos, con todas sus imperfecciones, ha sido un instrumento útil para que los padres elijan la enseñanza que quieren para sus hijos. En una sentencia de mayo de 2016, el Tribunal Supremo además dejaba claro que la legislación no otorga “a los centros concertados un carácter secundario o accesorio respecto de los centros públicos, para llegar únicamente donde no lleguen estos últimos, es decir, para suplir las carencias de la enseñanza pública”.

Pero seguramente hay formas de defender la libertad de educación que no son adecuadas. En la reciente entrevista de Jot Down a Julián Carrón, Ángel L. Fernández Recuero, hacía una pregunta cargada de sinceridad: “Una generación hemos percibido la presencia pública de la Iglesia en España prácticamente solo relacionada con luchas sobre la moral sexual y su derecho a educar en los colegios. ¿Por qué se ha reducido de esa forma lo que debería ser un anuncio universal?”. Ante una cuestión así quizás convenga empezar a preguntarse si el modo de defender unos derechos sacrosantos no ha contribuido a la escalada ideológica.

Al menos hay que admitir un problema: la defensa de la educación concertada es percibida no como la defensa de un valor universal, sino como la defensa del interés de una de las partes a la que se le atribuye miedo a la libertad. Massimo Borghesi recordaba hace unos días la reacción de Romano Guardini cuando escuchó lo que decía Carl Sonnenschein, asistente espiritual de los jóvenes berlineses de los años 20. “Estamos en una ciudad asediada, por lo que no hay problemas sino consignas”, decía el famoso sacerdote. A lo que Guardini respondía: “este lema puede causar impresión, pero es erróneo. No se pueden ignorar los problemas; yo siempre planteaba preguntas”. La mejor de las causas siempre está amenazada por las consignas, sobre todo cuando hay sensación de asedio.

Hagamos, pues, preguntas: ¿Puede tener la comunidad católica un tipo de presencia en el mundo de la enseñanza que no esté determinada por el síndrome de la “ciudad asediada”? ¿Existe el síndrome? Si existe, ¿puede deberse a algún tipo de inseguridad? ¿Es posible abatir los bastiones y presentar fórmulas imaginativas que desbloqueen la situación? ¿Podría, paradójicamente, cierto modo de defender un derecho convertirse en un obstáculo para el propósito último de ser una presencia original en una sociedad plural?

Son seguramente demasiadas preguntas para empezar. Mientras escogemos las útiles y desechamos las impertinentes, podemos comenzar a tomar nota de las soluciones que funcionan. Hay determinados centros concertados que, por sus logros en la integración de inmigrantes, por sus buenos resultados y por su capacidad de innovación social, evidencian el valor que para toda la sociedad tienen determinadas experiencias particulares.

En cualquier caso, siempre es necesario recordarse que las obras “per se” no garantizan la libertad educativa. Libertad que siempre dependerá del sujeto. Hemos visto a un solo profesor, con una sola hora de clase, provocar una revolución humana de proporciones universales en uno de los institutos más laicistas de una gran ciudad europea.