A favor de un documento cristiano, un `pero`

1. “Por una amistad social”, documento de la fraternidad Comunidad y Liberación redactado con motivo de las próximas elecciones, aporta el criterio esencial del cristiano para intervenir en política: una vocación de servicio dirigido a generar el bien común. Pero, además, especifica que ese servicio no parte de aplicar tal o cual programa político en pos del “bien de la mayoría” sino que ha de partir de la experiencia concreta en la resolución de las necesidades de la gente.

El valor de esa posición política viene refrendado por siete ejemplos en los que se comprueba cómo unos cristianos trabajando en diferentes sectores sociales logran que los inmigrantes sean tratados como humanos y sirven asimismo a familias necesitadas de alimento, de guardería y de acogida de sus hijos, o sirven incluso re-uniendo a estudiantes influenciados por una ideología separatista. De esta manera haber salido al encuentro del necesitado aparece como la ocasión para una intervención institucional dirigida hacia el bien común.

El documento nos ofrece, por tanto, una indicación de cómo orientar de manera cristiana nuestra participación política. Sin embargo también pretende estar redactado “de cara a las próximas convocatorias electorales”. ¿Es esto así? A mi parecer no lo es del todo pues, hoy y ahora, a cualquier ciudadano que quiera acomodar su voto hacia una posición lo más favorable posible al cristianismo no le basta este criterio de salir al encuentro. No le basta por la sencilla razón de que hay partidos construidos expresamente para no salir al encuentro sino para romperlo allí donde lo haya. Partidos que, por cierto, han pactado –incluso con la organización terrorista ETA– la exclusión de partidos democráticos (Pactos del Tinell y de Lizarra, jamás criticados todavía por sus firmantes). Y es necesario ayudar a razonar si un cristiano pueda en las actuales circunstancias dar su voto a un partido secesionista que está deshaciendo nuestros tan tenues vínculos ciudadanos y hasta los más firmes vínculos intrafamiliares.

2. El Estado español, hoy constitucional y democrático, apuesta por el atomismo social y el individuo como sujeto. Sus instituciones pretenden que los individuos puedan perseguir sus propios objetivos de manera que, en lugar de buscar el bien común, lo hagan tras el “bien general”, que así se le llama al bien votado por la mayoría. Esta visión de la “sociedad civil” entendida como suma de las voluntades individuales mantiene no obstante la reclamación constitucional de la lealtad a la nación, una lealtad que antaño se reclamaba a las comunidades tradicionales, en las que muchos podían morir por el bien común. O sea, la Constitución exige al individuo la defensa de la unidad nacional en tanto que patrimonio y bien común. Esta es la única vez que la democracia española usa la palabra “bien” en tanto que objetivo, porque lo que habitualmente usa es “ley” y “respeto a la ley” siendo de notoriedad que el sentido de la ley no puede ser el logro de algún bien más allá de la ley.

Sobre el bien mejor es callarse, sostiene la democracia. Pero además, el régimen democrático-liberal sostiene que el Estado debe ser neutral ante la vida buena, no coartando jamás a la ciudadanía con leyes o imposiciones contrarias a sus creencias acerca del bien vivir. Sin embargo, todos los gobiernos de España han colocado al Estado en una posición pública de no neutralidad, bien es verdad que los gobiernos socialistas y de coalición de izquierdas han sido los que más adelante han llevado la intromisión en las creencias del ciudadano incluso vulnerándolas gravemente (vgr. toda la batería de leyes y propaganda, nacional y autonómica, sobre la persona humana en lo relativo a la familia, al sexo, a la escolarización y a la dignidad de la vida y la muerte).

Además, todos nuestros gobiernos democráticos han actuado oportunistamente ante la obligación constitucional del uso de la lengua común en las escuelas del territorio nacional cerrando los ojos a la desigualdad de trato a la ciudadanía en varias autonomías, e incluso llegando a pactar por conveniencias de partido con los gobiernos autonómicos que propiciaban esa injusticia. Pactos que acarreaban nuevas prebendas injustas.

Personalmente me cuesta creer que el Estado español represente a la comunidad moral de los ciudadanos pues más bien parece una estructura que emana de acuerdos institucionales y avenencias corporativas para imponer una unidad burocrática a una sociedad sin consenso. Los políticos mismos se encargan de incrementar el disenso hasta límites de máxima discordia y enfrentamiento. Tampoco existe sociedad civil ni condiciones de que exista, puesto que no entra eso en los totalizantes intereses de los hombres y mujeres de la política.

3. Aun así y pese a los pesares, defiendo que la España de instituciones autonómicas de hoy es un bien que únicamente se puede impugnar por vía democrática. Y que es injusta cualquier impugnación por vía de hechos, siempre injustos por muy sibilinos y hasta parlamentariamente diagonales que sean. Por tanto, los partidos que la llevan a cabo están desautorizados ante un cristiano, el cual no puede votar a favor de ellos. Cuánto menos a los que practican la violencia callejera, los escraches, el matonismo y la impostación verbal del miedo al otro (fascista, derechona, etc.).

Es verdad que la ley no trae ningún bien más allá de ella misma, pero contravenirla saltándonosla puede traer muchos males. Para empezar, la diferenciación entre ciudadanos y la obligatoriedad para unos del estilo de vida buena de otros. Esa diferenciación supedita unas familias españolas a otras y la coerción establecida separa a unos ciudadanos de otros instituyendo vínculos sociales de rivalidad, deseo de revancha, resentimiento y odio.

Asimismo concurre hoy todavía una grave impugnación a los partidos nacionalistas y alguno de izquierdas en lo que concierne al terrorismo nacionalista vasco, cuyo ejercicio todavía no ha sido públicamente criticado en sus motivos e intenciones ni por quienes lo ejercieron, auspiciaron y apoyaron ni tampoco por los partidos que lo justificaron o lo “entendieron” en nombre del “conflicto vasco” con España. Un cristiano no puede votarlos hasta que hayan lavado su ignominia por no haber sostenido que ni un solo asesinato estaba justificado para construir la nación, la vasca o cualquier otra, hoy por hoy construida a expensas de la desaparición violenta de personas y la exclusión forzada de miles de ciudadanos.

4. Me gustaría creer que este caveat mío al documento cristiano lo hubiera generado mi vieja experiencia, ahora remozada por ese fondo cristiano. Pero no me hago ilusiones, puede que detrás de todo subsistan todavía en mí empecinados ídolos de la ideología. No obstante ¿no cabría preguntarnos por qué los cristianos desalojan de su mente el asunto de la nación española? ¿Acaso no ven que en las elecciones actuales la unidad de España es un tema impostergable de debate?