¿Hablamos de subsidiariedad?

No había modo de convertir la ciudad dormitorio que regía en un municipio moderno y más humano con una gestión pública directa. Y así, por ejemplo, para conseguir que las calles estuvieran limpias en ese primer mandato, que hubiese el doble de personas dedicadas a barrer las calles o atender "emergencias higiénicas" que se produjeran por la noche, convocó un concurso público y lo adjudicó a la empresa Urbaser en el ya lejano año 99. La cosa le funcionó y gracias a eso llegó a obtener la abrumadora victoria del 2003. Desde entonces Gómez se convirtió en un "antidogmático" en todo aquello que tenía que ver con los servicios públicos. Sólo ha habido una línea roja que, por desgracia, nunca ha rebasado. La de la enseñanza.

Nunca ha facilitado que en Parla se instalaran colegios concertados con, por ejemplo, la concesión de terreno municipal a entidades de iniciativa social. Es una frontera ideológica que, a diferencia de lo que le ocurre a la izquierda británica, ni Tomás Gómez ni el PSOE menos estatalista son incapaces de cruzar. Lo explicaba hace unos años uno de sus colaboradores más estrechos en una comida distendida: el Estado tiene el derecho de educar a los niños.

Tomás Gómez ahora navega entre dos orillas, entre las convicciones que le ha proporcionado su experiencia como gestor y la polémica que se ha montado en Madrid en torno a la supuesta privatización de la sanidad. Por eso el alcalde de Parla ha hecho unas declaraciones que han levantado ampollas, reconociendo que "en ocasiones la inversión privada puede ayudar en la prestación de los servicios públicos". Se le han echado encima los suyos y ha limitado esa participación en el caso de la sanidad al 14 por ciento.  

No es una polémica local, en realidad es una de las cuestiones decisivas que tenemos planteadas en España y en el conjunto de Europa. La conveniencia de que la iniciativa privada, mejor sería decir social, pueda entrar en el ámbito de la gestión pública. La cuestión de fondo es si la subsidiariedad horizontal tiene cabida en nuestras políticas. Esperanza Aguirre ha puesto en marcha en la Comunidad de Madrid siete hospitales con personal sanitario contratado por la Administración y el resto de los servicios adjudicados a la gestión privada. Hay un octavo, todo él de gestión privada.

No es nada nuevo. Ya hace 10 años se utilizó una fórmula similar con la Fundación Hospital Alcorcón. Pero entonces no se montó la campaña contra la "privatización de la sanidad" que le está montando a la Comunidad de Madrid la izquierda. Sin duda, un servicio de limpieza no es un servicio sanitario y habrá que establecer los límites y controles necesarios. Pero lo interesante, a pesar de tanta demagogia, es que en España se abre el debate sobre una cuestión que todavía es demasiado tabú.

Hace unos días los responsables de una importante caja de ahorros comían en Madrid con los mayores expertos que se dedican a estudiar las políticas sociales de dependencia. Se comentaron los problemas de financiación que ha generado la nueva ley española. Y uno de los responsables de la caja preguntó cómo lo habían resuelto en otros países. Los expertos explicaron que hay países del norte de Europa en los que a la persona que sufre este tipo de problemas se le da una especie de "cheque de dependiente" y que con el dinero que recibe elige quién le presta el servicio. Suele ser eficaz y más barato. "¿Y por qué no se hace algo así en España?", preguntó el responsable de la caja de ahorros. Se hizo un embarazoso silencio. ¿Qué prejuicio impide apostar por la subsidiariedad?