Venezuela: punto de no retorno

Después de varios garrotazos a la Constitución, una propuesta de reforma rechazada por el pueblo y una enmienda fraudulenta que consagró la reelección indefinida, Hugo Chávez asumió, en octubre de 2012, lo que sería un cuarto periodo presidencial. Debía comenzar con su juramentación el 10 de enero de 2013. Pero el tratamiento médico que debió seguir en Cuba y su muerte, acaecida supuestamente el 5 de marzo del mismo año, le impidió seguir liderando el proceso denominado “socialismo del siglo XXI”.

El Vicepresidente Nicolás Maduro venía ejerciendo la presidencia desde fines del año 2012. En este punto, vale advertir el papel primordial de una aberrante decisión de la Sala Constitucional del TSJ de fecha 9 de enero de 2013 en la se estableció que una formal inauguración y juramentación para comenzar el nuevo mandato de Chávez no era necesaria, a pesar del vencimiento del periodo constitucional. Tal criterio le permitió a Maduro retener los poderes presidenciales después del fallecimiento de Chávez, iniciar el camino del interinato y ejecutar una nueva campaña electoral desde la misma presidencia de la República.

Con todo el ventajismo electoral que deriva de usufructuar los recursos y erario público, además del control absoluto del Consejo Nacional Electoral (CNE) que, al igual que los otros poderes públicos en Venezuela, es un organismo subordinado del gobierno y funge como brazo electoral del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), el 14 de abril de 2013 se produjo una situación de polarización que rozó en empate y solo por el fraude electoral el oficialismo pudo derrotar a Henrique Capriles Radonski, candidato de la coalición opositora.

El legado de Chávez al pueblo venezolano ha sido, en lo político, el desmontaje institucional, la concentración de poder y una sistemática violación de la Constitución; en lo económico, la destrucción del aparato productivo, inflación, desabastecimiento y desconocimiento del derecho de propiedad; en lo social, un proceso consumado de instigación al odio y discriminación de sectores de la población; en materia de libertades públicas, cierre de medios de comunicación social, censura y autocensura, persecución de periodistas y disidentes utilizando procesos judiciales amañados, violación de los derechos más elementales del ser humano, uso de la tortura e intimidación como mecanismos usuales de los cuerpos policiales y militares; y, el signo distintivo del régimen, una corrupción a todos los niveles que ha producido la rareza de un Estado petrolero en el mayor nivel de endeudamiento, justo en el momento de los más altos precios del crudo.

Vale la pena destacar que la violencia de Estado se traduce en un número aproximado de 25.000 muertos por hechos criminales, en el último año; y en una tasa de 45,1 muertes por cada 100.000 habitantes de acuerdo con el UN Development Program report, correspondiente al año 2013, lo que implica que solo Costa de Marfil, Honduras, El Salvador y Jamaica tienen peores cifras que Venezuela. Este dato es altamente significativo ya que implica una “guerra social” no declarada y ha sido causa eficiente de las protestas que se han producido en Venezuela desde el 12 de febrero de 2014.

En el plano internacional, resalta el enfrentamiento puramente verbal entre Venezuela y los Estados Unidos, su tradicional socio comercial. Con un discurso bastante cínico en torno al principio de autodeterminación de los pueblos, Venezuela se aleja del mundo occidental y establece lazos profundos con regímenes totalitarios al estilo Corea del Norte y Bielorrusia; en su momento, también estableció nexos con las tiranías de Iraq, Libia, Siria, Irán y lo peor de los autoritarismos africanos. En lo que se refiere a los organismos internacionales de resguardo de derechos humanos, el principal y más reciente indicador es el retiro de Venezuela del sistema interamericano de derechos humanos, efectivo desde el día 10 de septiembre de 2013.

La situación descrita anteriormente se ha radicalizado en el primer trimestre del año 2014. Importantes ciudades del país viven en estado de sitio sin que formalmente se haya dictado un estado de excepción. La presencia militar es masiva y expansiva. Se han suspendido de hecho las garantías; especialmente, vida y libertad, valores sustanciales de la Constitución de 1999. Se juzga a civiles con traslado de jueces civiles a instalaciones militares. Tortura. Asesinatos. Censura absoluta a la información. Presencia de cubanos y guerrilla colombiana en abierta violación del principio de soberanía. Lo más grave, actuación de grupos paramilitares organizados, financiados y armados por el régimen. Son brigadas violentas creadas para «neutralizar» a quienes manifiestan su oposición al régimen. Los mismos actúan con la completa aquiescencia del Estado, con su pleno consentimiento, de manera que deben ser consideradas como agentes del Estado y, por lo tanto, le son imputables a éste los actos por ellos practicados.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido la responsabilidad del Estado que propició la creación de grupos paramilitares: “Al haber propiciado la creación de estos grupos el Estado creó objetivamente una situación de riesgo para sus habitantes y no adoptó todas las medidas necesarias ni suficientes para evitar que éstos puedan seguir cometiendo hechos como los del presente caso. La declaratoria de ilegalidad de éstos debía traducirse en la adopción de medidas suficientes y efectivas para evitar las consecuencias del riesgo creado. Esta situación de riesgo, mientras subsista, acentúa los deberes especiales de prevención y protección a cargo del Estado en las zonas en que exista presencia de grupos paramilitares, así como la obligación de investigar con toda diligencia actos u omisiones de agentes estatales y de particulares que atenten contra la población civil” (Sentencia de fecha 31 de enero de 2006, Caso Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia).

Todos estos hechos están velados a la opinión pública. Lo insólito ha sido que el largo proceso de control mediático prosiguió con la compra de periódicos, radios y televisoras con el dinero de la corrupción; el acoso con acciones judiciales por delitos de opinión que han sido erradicados en el mundo civilizado; la utilización de la propaganda oficial para negociar políticas editoriales; la censura y, lo que es peor, la autocensura. En ocasión a la protesta generalizada de la población, conducida por los estudiantes desde febrero de 2014, se manifestó el más profundo vacío, un blackout informativo que pretendió ocultar la acción criminal de los colectivos y bandas del régimen. Al ciudadano le quedan solo las redes sociales y los medios internacionales. Gracias a ellos y a alguno que otro periódico como Tal Cual, Correo del Caroní, Tiempo Oriental, El Impulso o El Universal, los cuales aguantan firmes las agresiones y los obstáculos para adquirir el papel, se pudo constatar la alianza entre los delincuentes y el régimen que los arma.

Finalmente, aparece la actuación del poder judicial como componente del conflicto. En la más aberrante decisión de su historia; y que conste son bastantes, los verdugos entogados condenan directamente y sin fórmula de juicio a Enzo Scarano y Daniel Ceballos, alcaldes en funciones que obtuvieron los más altos índices de apoyo popular en las elecciones (cerca del 70% de los votos); y los destituyen sumariamente de sus cargos. Si fuera cierto el desacato, tenían que remitir las causas a la jurisdicción penal ya que el único caso en que el TSJ puede condenar directamente es el de un parlamentario que ha cometido un delito político y previo antejuicio de mérito. Violentaron el sistema de garantías judiciales que parten del juzgamiento de cualquier acusado por su juez natural y siguiendo un debido proceso; al tiempo que eliminaron de un plumazo la voluntad de los electores. Adicionalmente, propician el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de diputados que resultan incómodos siendo el mejor ejemplo la agresión que ha sufrido la líder de oposición María Corina Machado.

La última agresión ha sido impedir que esta diputada, la más votada del país, pueda ingresar a la sede de la Asamblea Nacional. El presidente de ese cuerpo decidió unilateralmente la írrita destitución con el argumento de que ella había renunciado al cargo y había cometido traición a la patria por denunciar las violaciones de derechos humanos ante organismos internacionales utilizando el espacio concedido por el Gobierno de Panamá ante la Asamblea de la Organización de Estados Americanos. Tal acción la ejecuta precisamente Diosdado Cabello, un teniente que fue ascendido a capitán ejerciendo el cargo de diputado, señalado como el Capo di Tutti Capi de la corrupción en Venezuela.

Estas son algunas de las perversiones que afectan al sistema constitucional venezolano. Aunque no son todas, resultan suficientes para afirmar que no existe un régimen democrático en el país y que la dominación ideológica ha tenido un éxito evidente. Pero la sociedad civil ya reaccionó ante una realidad inocultable, se ha llegado al punto de no retorno ante la convicción de que la pasividad implicará la pérdida de libertad de los ciudadanos y la desintegración del Estado.