Urkullu y su extraña cuadrilla

El apoyo expreso y repetido del lehendakari Íñigo Ukullu a la autodenominada Comisión Internacional de Verificación del desarme de “la señorita Pepis” de la banda criminal ETA, es un asunto de especial gravedad política que no ha sido suficientemente explicado a la opinión pública española y quizá tampoco suficientemente analizado.

Y es que no deja de ser significativo que el presidente de todos los vascos y vascas, como les gusta decir a algunos dirigentes políticos peneuvistas, o sea, el representante del Estado en el País Vasco, haya asumido el lamentable papel partidista de dar carta de naturaleza a una cuadrilla profesional de liquidadores de la verdad al servicio del falso relato del nacionalismo radical y de la acomodación a las posturas de ETA y sus adláteres de Bildu.

Porque vamos a ver, ¿quién ha otorgado legitimidad política alguna a este autodenominado grupo de verificadores para mediar entre la banda de asesinos y los Estados español y francés?

No ha sido precisamente el Gobierno español, que ha denunciado una y otra vez que para rendirse y entregar las armas sin condiciones a ETA y a sus ramificaciones no le hacen falta mediadores políticos profesionales sino voluntad política.

Tampoco han sido las víctimas del terrorismo etarra quienes han ido a buscar a estos aseados personajes; no sólo eso, recordemos que fue COVITE quien denunció ante la Audiencia Nacional al grupo de verificadores por sus contactos con etarras.

Y menos aún la vecina Francia, cuya justicia acaba de llamar a declarar al grupo de mediadores que encabeza el sudafricano Brian Currin, promotor de la idea de crear la Comisión Internacional de Verificación.

La respuesta es, pues, bien sencilla. La única legitimación política de este grupo de verificadores del mal llamado proceso de paz proviene del nacionalismo en sus diferentes versiones y de algunos “tontos útiles” del socialismo vasco más despistado.

Así, desde que la plataforma Lokarri promoviera un proceso político que buscaba un final dialogado del terrorismo de ETA sin vencedores ni vencidos, y otras formaciones nacionalistas como Aralar apoyaran la iniciativa, los jeltzales han ido asumiendo progresivamente tanto la tesis como el liderazgo de la intermediación política en aras al supuesto e idílico objetivo de la paz.

Un proceso de paz donde se igualaría maniqueamente el perjuicio causado a todas las víctimas: las de ETA con las de la legítima “violencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado” (como si fuese lo mismo el terrorismo y el asesinato que la defensa legal, y remarco, legal, del Estado). Un falso proceso de paz donde el final de ETA supondría por parte del Estado el reconocimiento del inexistente conflicto entre vascos y el resto de España que el nacionalismo no se cansa de vender. Un proceso de paz donde poder cambiar el cromo del desarme etarra por el de la victoria moral de afianzar el relato histórico del nacionalismo victimista en la sociedad, en la escuela y en los medios de comunicación.

Ésa es la realidad que el lehendakari Urkullu ha venido a refrendar desde el gobierno vasco recibiendo a la Comisión Internacional de Verificación el pasado 21 de febrero en Vitoria, expresándoles entonces públicamente toda su colaboración, e incluso viajando después hasta Madrid para reiterar en primera persona su compromiso y apoyo al líder de los verificadores, el abogado Ram Manikkalingam, ante su citación en la Audiencia Nacional para conocer de sus contactos con los terroristas etarras.

Ni que decir tiene que a estas alturas y sabiendo, como ya es público y fehaciente, que la entrega de armas de los etarras a los verificadores no fue sino una pantomima publicitaria etarra para grabar un vídeo y difundirlo por la siempre bien dispuesta BBC británica, el lehendakari de todos los vascos y vascas debería darnos alguna explicación de su relación con esta extraña cuadrilla. Incluso aunque tan sólo fuera por higiene democrática. No hacerlo no tiene un pase.