De nuevo, el agua

Hace apenas un año, en febrero de 2007, la guerra del agua vivía sus primeros episodios entre las filas socialistas. El entonces presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, anunció la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra el estatuto andaluz por invadir las atribuciones del Estado, al establecer competencias exclusivas sobre el río Guadalquivir en su articulado. Otro socialista, el presidente de Castilla La Mancha, José María Barreda, amenazaba con seguir sus pasos.

Esta semana Manuel Chaves ha sido reelegido por sexta vez consecutiva presidente de la Junta de Andalucía. En su discurso el miércoles se dirigía a la oposición para reclamarles un pacto sobre el agua que permita dejarla al margen de la confrontación política. Declaraba que hay agua suficiente para todo el territorio, y citaba a la provincia de Almería. Precisamente un territorio en el que las autoridades imponen multas por lavar el coche en la calle o en el que se han abandonado cultivos por la sequía. Chaves no quiso entrar más en la cuestión, sabedor de que no la oposición sino otro socialista -el propio Barreda- le recordó hace 14 meses que el siete por ciento de la cuenca del Guadalquivir atraviesa Castilla La Mancha. Exigía por ello la participación en los órganos de gestión y planificación.

El Gobierno socialista de Marcelino Iglesias manifestó el miércoles su oposición a cualquier trasvase del Ebro y declaró que son lógicas las protestas de la Comunidad Valenciana y Murcia, las dos gobernadas por el Partido Popular. La ministra Espinosa tendrá que esforzarse este sábado para explicar al Ejecutivo aragonés lo que ha negociado con la Generalitat.

En la anterior legislatura, y en la propia reforma de estatutos de autonomía como el catalán o el andaluz, se plasmaron en el articulado de los textos asuntos un intervencionismo asfixiante de la administración, la ideología de género o un multiculturalismo que relativiza de la tradición. Esperemos que una revisión jurídica de los textos estatutarios por el problema del agua dé pie a una revisión en profundidad de esos asuntos. Por el bien de la sociedad civil, por el bien de cada uno de los habitantes de esos territorios.