Infrafinanciación, o como la universidad pública debe adaptarse a los nuevos tiempos

El modelo de financiación de las universidades públicas se establece en favor de las CCAA, a las cuales deberán dotarse de los recursos económicos que les permita disponer de una suficiencia financiera, con la finalidad de poder obtener una consecución de los objetivos de cada universidad. Objetivos como la de garantizar el derecho fundamental a la educación y la equidad e igualdad de oportunidades, el fomento de la investigación científica, técnica y la innovación, impulso y promoción de nuestro sistema universitario, atención a las necesidades del personal docente, etc…

Para este ingente volumen de obligaciones, derechos y actividades a impulsar por las entidades educativas publicas universitarias, y desarrollar su propia autonomía financiera y programática, la fuente de recursos económicos, aunque extensa, suelen ser insuficiente. La fuente esencial de la autonomía económica y financiera universitaria se establece sobre ingresos, como es el caso de las archi famosas tasas universitarias, los ingresos derivados de la actividad investigadora, los precios públicos, los derechos de operaciones de crédito, transferencias de entes de carácter públicos y privados.

La financiación de las universidades publicas en nuestro país es muy desigual, y no hay relaciones lógicas entre el gasto, el volumen de universitarios y la realidad universitaria de cada territorio. Según la Fundación CYD las universidades que más recaudan por alumno en el capítulo de tasas, precios públicos y otros ingresos, se encuentran la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad Carlos III de Madrid, con un importe superior a los 3.000 euros por alumno. Por el contrario, las universidades que menos recaudan son las de Las Palmas de Gran Canaria, Cádiz y la Coruña con menos de 1.200 euros por alumno. El coste del crédito por matricula es igualmente muy dispar entre las diferentes universidades españolas, durante el curso 2021/2022 el precio medio de la primera matrícula de grado era de 17,32 euros, con diferencias del coste que se podían observar entre los 23 euros por crédito de Madrid y Cataluña, hasta los menos de 12 euros de Galicia y los 12,3-12,6 euros de Asturias, Canarias y Andalucía.

En cuanto a la financiación las universidades españolas públicas estas se nutren de manera principal de las transferencias de ingresos públicos de las administraciones autonómicas, llegando a ser de hasta el 65 por ciento de los ingresos no financieros. Las universidades que obtienen un mayor volumen de fondos públicos por alumno son las de La Rioja, País Vasco, Cantabria, Navarra, y las que menos transferencias por alumno realizan son las de Cataluña, Murcia y Madrid. Es también importante resaltar el dato de que el coste de una matricula para un alumno universitario varia de manera sustancial entre las diferentes comunidades autónomas, de tal manera que las matrículas que requieren más esfuerzo económico son las de los alumnos de Madrid, Cataluña Navarra, y las de menos esfuerzo económico Canarias, Galicia y Andalucía. (Fundación CYD 2023).

Los datos muestran la disparidad territorial dentro de la autonomía educativa y financiera de cada comunidad autónoma, aunque debemos destacar algunos elementos que son transversales a nuestro sistema educativo universitario y que deben ser objeto de una profunda reflexión. Bien poco nos servirán las políticas frentistas de denuncia, anquilosadas en reivindicaciones partidistas de carácter oportunista.

El momento actual en el que se ha abierto el debate sobre la cuestión de la financiación de la universidad publica debe ser un espacio para construir un ejercicio critico de todos los actores.

Los retos son múltiples. Se debería reflexionar profundamente sobre las necesidades de dotar un incremento de la financiación, las universidades han quedado mermadas en las transferencias de recursos presupuestarios desde la crisis del dos mil diez. Se debe hacer una profunda reflexión sobre los sistemas de gobierno universitario y sus ineficiencias. La universidad debe reportar una mayor transparencia en sus partidas presupuestarias, debe tender a una mayor agilidad en sus decisiones y asumir responsabilidades en su toma de decisiones económicas y de financiación. Estas solo son algunas cuestiones sobre una extensa variedad de propuestas que deben ser valoradas y reflexionadas en común.

Nuestro sistema universitario público es vital, pero en el ámbito financiero y presupuestario necesita de una planificación temporal a gran escala entre el Estado y las diferentes Comunidades Autónomas que hagan posible asumir los retos inmediatos y futuros de la institución.

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