ETA y la tregua de 2010-2011: un lejano e incierto final del terrorismo

 La declaración de tregua -que a finales de abril de 2011 se completó con al anuncio del cese de las campañas de extorsión a los empresarios vascos y navarros- vino precedida por unos evidentes signos de debilitamiento que se expresan:

– La reducción del número y los daños ocasionados en las acciones de terrorismo callejero -que, en 2010, se cifraron en 103, frente a las 155 del año anterior, produciendo tres heridos (15 en 2009) y unos estragos materiales valorados en 1,6 millones de € (2,6 en el año precedente).

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• – Su incapacidad para cometer atentados planificados desde el 9 de agosto de 2009, aunque ETA asesinó a Jean-Serge Nérin, de la Gendarmería Nacional francesa durante un tiroteo el 16 de marzo de 2010.

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• – Su incapacidad para cometer atentados planificados desde el 9 de agosto de 2009, aunque ETA asesinó a Jean-Serge Nérin, de la Gendarmería Nacional francesa durante un tiroteo el 16 de marzo de 2010.

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• – Su incapacidad para cometer atentados planificados desde el 9 de agosto de 2009, aunque ETA asesinó a Jean-Serge Nérin, de la Gendarmería Nacional francesa durante un tiroteo el 16 de marzo de 2010.

 Y otro tanto se puede decir del aspecto económico del terrorismo si se tienen en cuenta los datos disponibles acerca de la financiación de ETA y de sus organizaciones afines, enclavadas en el Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV), también denominadoIzquierda Abertzale. Mis estimaciones señalan así que mientras entre 1993 y 2002 esos actores lograron reunir 36,6 millones de € -en promedio anual expresado en euros actuales-, desde 2003 apenas han conseguido 9,2 millones al año.

En estas circunstancias de debilidad operativa, logística, política y económica, no sorprende que ETA, retomando los viejos postulados de la guerra revolucionaria que Mao Zedong teorizó en su obra de 1938 Sobre la guerra prolongada, decidiera replegarse para tratar de recuperar su fuerza ofensiva y, así, como señaló el presidente Mao, «transformar (su) inferioridad en superioridad y (su) pasividad en iniciativa, a fin de que la correlación de fuerzas cambie en (su) favor». La tregua declarada en septiembre de 2010 expresa ese repliegue estratégico con el que ETA pretende reordenar sus fuerzas, restablecer la disciplina entre sus seguidores del MLNV, incrementar sus recursos materiales y su capital humano, y recuperar la iniciativa y el poder político. Por ello, el objetivo inmediato de la tregua no ha sido otro que el de lograr participar en las elecciones municipales y forales del 22 de mayo de 2011.

Repliegue

Conviene añadir que este repliegue se inscribe dentro de un plan a largo plazo con el que ETA espera lograr plenamente sus objetivos políticos de carácter independentista y revolucionario. Ese plan quedó formulado en un documento fechado en 2009 que, tras ser incautado por la policía, fue difundido en agosto del año siguiente por el diario El Mundo. En él, ETA señala cinco fases para su desarrollo a lo largo de los próximos años. Son las siguientes:

– La segunda se concreta en la excarcelación de los presos de ETA con más de 20 años de cumplimiento y el regreso de los huidos a Francia.

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• – La primera es la imposición de unos «mínimos democráticos», consistentes básicamente en el cese de la represión sobre los terroristas y la declaración por el Estado de su intención de «respetar lo que decida Euskal Herria».

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• – La primera es la imposición de unos «mínimos democráticos», consistentes básicamente en el cese de la represión sobre los terroristas y la declaración por el Estado de su intención de «respetar lo que decida Euskal Herria».

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• – La primera es la imposición de unos «mínimos democráticos», consistentes básicamente en el cese de la represión sobre los terroristas y la declaración por el Estado de su intención de «respetar lo que decida Euskal Herria».

El documento explicita también que «ETA no cederá sus armas al Estado ni las destruirá; …no se disolverá, sino que continuará como una institución dentro de la izquierda abertzale; … y no pedirá perdón por las víctimas que ha generado».

La tregua fue acogida con mucho escepticismo en el momento de su declaración, pero tuvo la virtud de movilizar a los seguidores de ETA en torno al logro de su participación en las elecciones municipales y forales. Este objetivo fue previamente planificado en una doble línea: por un lado, la constitución de un nuevo partido político que acabó denominándose SORTU; y, por otro, el establecimiento de una coalición electoral entre Batasuna y los partidos nacionalistas Eusko Alkartasuna (EA) -surgido en 1986 de una escisión del Partido Nacionalista Vasco (PNV)- y Alternatiba -nacido en 2009 de una escisión de Ezker Batua-Berdeak- que adoptó el nombre de BILDU.

Fue precisamente esa movilización de los actores del MLNV bajo el liderazgo de ETA, la que logró debilitar las posiciones de los partidos políticos en el País Vasco y posibilitó la entrada de Bildu en el escenario electoral, una vez que Sortu había sido descartado por el Tribunal Supremo. Por una parte, EA vio en el pacto con Batasuna la salida a su propia crisis como partido al que la confrontación electoral había marginado ya en los anteriores comicios municipales y autonómicos; y encontró en la ausencia de atentados propiciada por la tregua la coartada política para llegar a un acuerdo con los agentes de ETA. Lo mismo puede decirse de Alternativa, un grupúsculo desgajado de Ezker Batua que afrontaba sus primeras elecciones. Por otra, el PNV, al cesar temporalmente la violencia se encontró prisionero de su discurso tradicional y, con la finalidad de no defraudar a su propio electorado, reclamó la participación de Bildu, llegando incluso a anunciar la ruptura de su apoyo parlamentario al Gobierno de Zapatero si el Tribunal Constitucional no aceptaba su participación. Y, finalmente, el PSE, al que la debilidad de su partido matriz, el PSOE, ponía en una difícil situación electoral, creyó que haciendo guiños a la Izquierda Abertzale podría frenar la sangría de votos que esperaba. Sólo el Partido Popular sostuvo la necesidad de mantener fuera de la contienda electoral a Bildu; pero fracasó en su empeño.

Conviene añadir que Bildu fue, en principio, ilegalizada por el Tribunal Supremo a la vista de la contundencia de las pruebas de su vinculación con Batasuna y ETA, aportadas por el Fiscal General del Estado en una demanda muy bien trabada y argumentada. Es esta demanda la que permite sostener la tesis de que la principal opción del Gobierno de Zapatero en este asunto -seguramente por el peso político del Vicepresidente y Ministro del Interior-  era la apuesta por la ilegalización. Sin embargo, el hecho de que, como se ha apuntado, el PNV amenazara con desestabilizar al Gobierno unos días antes del pronunciamiento del Tribunal Constitucional, provocó el giro de Zapatero a favor de Bildu y, probablemente, la presión del Gobierno sobre los magistrados ideológicamente afines pera que dieran vía libre a oferta electoral del MLNV.

Resultados del 22 de mayo

Los resultados electorales del 22 de mayo no pudieron ser más favorables para el movimiento que tutela y lidera ETA, y que en ese momento se veía legitimado por la doctrina constitucional. Bildu superó en los comicios de 2011 los resultados alcanzados por Batasuna en 1999, en el que fue su momento álgido. Así, con un poco más de la cuarta parte de los votos, obtuvo más de un tercio de los concejales vascos y casi tres de cada diez representantes en las Juntas Generales de los Territorios Históricos. Y también se ha situó electoralmente en Navarra, aunque en un nivel muy inferior.

El predominio de Bildu, como ha sido tradicional en las ofertas electorales del MLNV se manifestó sobre todo en municipios de carácter rural de tamaño reducido, donde el control social es muy intenso y donde la izquierda abertzale aprovecha plenamente las posibilidades de influencia en el voto individual que se derivan de la debilidad de los procedimientos de garantía del secreto del voto en el sistema electoral español. Pero también ha logrado resultados significativos, generalmente minoritarios o con mayoría sólo relativa, en unas cuantas localidades de más de 20.000 habitantes, singularmente en San Sebastián.

Como resultado de las elecciones, Bildu ha obtenido la gobernación por mayoría absoluta en 74 municipios vascos y en 14 navarros cuya población sólo supone el 10,4 por ciento de la población de las dos Comunidades Autónomas. Pero también, gracias al apoyo que le han prestado las demás opciones nacionalistas (PNV, Aralar y Ezker Batua), ha conseguido la alcaldía de otras 29 localidades más importantes, varias de ellas con una población superior a los 20.000 habitantes, entre las que está la capital guipuzcoana San Sebastián. Y como colofón de todo ello se ha hecho cargo en solitario de la Diputación Foral de Guipúzcoa.

El poder político alcanzado por Bildu se puede cuantificar tomando en consideración a la población de los municipios sobre los que va a recaer su gobernación. Después de constituidos los Ayuntamientos, la cifra ha quedado fijada en 690.696 personas en el País Vasco y en 45.016 en Navarra. Ello implica que cerca de un tercio de los vascos van a estar gobernados por el radicalismo nacionalista. Pero hay que decir que, territorialmente, la distribución de este poder es muy desigual: el 8,8 por ciento en Vizcaya, el 12,3 en Álava y el 78,6 en Guipúzcoa. En Navarra la proporción es también modesta y sólo llega al 7,1 por ciento (véase el Apéndice 11). 

La obtención del poder político tiene implicaciones económicas relevantes, pues determina el acceso al manejo de los presupuestos municipales. Las cifras a este respecto son elocuentes: en su conjunto, Bildu va a gestionar en el País Vasco y Navarra un gasto de casi 1.207 millones de euros, lo que supone el 30,2 por ciento del total de los presupuestos locales de ambas regiones. Lógicamente la mayor parte de la tarta está en Guipúzcoa, donde la opción electoral de ETA se va a hacer con cuatro quintas partes de los presupuestos. En las demás provincias esa proporción se sitúa entre el 9 y el 11 por ciento. Y, por otra parte, el gobierno de la Diputación Foral de Guipúzcoa le añade otros 840 millones de euros.

¿Qué rendimiento económico puede obtener Bildu, en tanto que fuerza política, de todo ello? Los conceptos a considerar son tres: el pago de sueldos al personal político de la organización -alcaldes, concejales y asesores-, las subvenciones a los grupos municipales y la financiación del entorno organizativo del MLNV, en el que Bildu se integra y que ETA lidera.

En alusión a los Ayuntamientos, si tenemos en cuenta la experiencia previa de Batasuna y ANV, se puede estimar el primero de esos conceptos en 16,4 millones de euros anuales, de manera que podrá retribuirse a unas 600 personas dedicadas a las tareas de gestión, control y proyección política del movimiento en el que ETA ostenta el liderazgo. A su vez, la segunda de esas partidas puede situarse en unos 2,2 millones euros al año, con lo que se podrá financiar sobradamente su soporte de sedes y actividades administrativas. Y la tercera -que, considerando los precedentes que he estudiado en mi libro ETA, S.A. (Editorial Planeta, Madrid, 2011), estimo en el uno por ciento del presupuesto total de los Ayuntamientos, aunque Bildu haya declarado públicamente, aludiendo a la promoción del euskera, que empleará el doble de esa proporción- se moverá en torno a los 12,1 millones.

Y, por otro lado, en la Diputación Foral de Guipúzcoa, las nóminas del personal político pueden ascender a 5,3 millones de euros y la financiación de las entidades adscritas al MLNV, bajo la hipótesis ya enunciada, puede llegar a 8,4 millones. A ello hay que añadir las subvenciones a los grupos en las Juntas Generales de los tres territorios vascos que estimo se situarán en torno a 1,5 millones anuales.

En total, el dinero con el que podrá contar el MLNV, a través de Bildu, será del orden de 45,9 millones de euros al año, una cantidad ésta muy importante, sobre todo si se tiene en cuenta que ETA, en el período más reciente, apenas ha podido obtener un promedio anual de 8,2 millones de euros mediante la extorsión, los robos y otras formas delictivas de financiación. Por consiguiente, parece claro que el éxito en las urnas de la opción electoral de ETA, magnificado por los partidos que no han querido limitar su proyección en los municipios de mayor tamaño, va a engrosar de manera muy significativa la disponibilidad de recursos a disposición del entramado organizativo que se relaciona, directa o indirectamente, con el terrorismo.

Creo que, de todo lo señalado, se deduce que la primera fase del plan de ETA para su tregua se ha superado en gran medida, aunque el Estado no haya efectuado ninguna declaración acerca de la autodeterminación de Euskal Herria. De ahí que los nuevos representantes del MLNV hayan declarado ya que entran en la segunda fase de este plan reclamando la excarcelación de los presos etarras y la amnistía para ellos.

De momento, el Gobierno, aunque no se ha alineado con las pretensiones de ETA, sí ha hecho algunos movimientos en este terreno. A lo largo de la actual legislatura el Ministerio del Interior ha ido desarrollando un programa de reinserción de presos etarras basado en la doctrina italiana de la disociación, primando con beneficios penitenciarios a quienes muestran su desvinculación con la organización terrorista. Conviene aclarar que, así como la doctrina penal española adoptó la aportación italiana delarrepentimiento -el pentismo– ya en la reforma del Código Penal de 1988, nuestros legisladores nunca han querido hacer lo mismo con respecto a la de la disociación. La actual política de reinserción de terroristas tiene, por ello, una base jurídica muy endeble que se apoya en un difuso artículo -el 100.2- del Reglamento Penitenciario. Es, además, de una eficacia muy discutible -pues, en tres años, sólo ha logrado culminar en 15 casos (el 2,5 por ciento de los presos de ETA)- y supone un agravio para las víctimas del terrorismo, tal como éstas denunciaron en una declaración conjunta de sus organizaciones, en noviembre de 2010.

Pues bien, a mediados de junio de 2011 el Gobierno dio nuevos pasos en este terreno, anunciando la concesión de permisos temporales a una reclusa etarra con delitos de sangre, la incorporación de tres nuevos internos a la prisión de Nanclares de Oca -la puerta de salida de los beneficios penitenciarios- y la excarcelación de ocho presos enfermos a los que se incorpora a un programa de control telemático de penados (véase el Apéndice 12).

Es cierto que esta política de reinserción no satisface, ni de lejos, las reclamaciones de ETA en materia penitenciaria, que se inclinan, en un paso inicial, por la derogación de la doctrina Parot -según la cual el Tribunal Supremo modificó el sistema de contabilización de los beneficios penitenciarios que existían antes de 1995, para alargar el período de cumplimiento efectivos de las penas impuestas a los terroristas- y la excarcelación de los presos enfermos; y aspira a la amnistía, al total olvido penal de los delitos cometidos. Pero ello no obsta para que se haya establecido un precedente en cuanto a la disponibilidad del Gobierno para entrar, incluso forzando la doctrina penal, en una política de perdón cuya contrapartida sería el abandono del terrorismo.

Todo ello -la presencia del MLNV en las elecciones y sus resultados, y las de momento limitadas disposiciones de reinserción de presos- me inclinan a concluir que la tregua establecida por ETA está produciéndole réditos dentro de la línea establecida por su plan de acción política. Mientras tales ganancias se mantengan, no cabe duda de que ETA seguirá sin cometer atentados terroristas, aunque nunca haya abandonado su preparación en los terrenos logístico y de información. Pero no me parece concebible un proceso continuado de ganancias para ETA, entre otras razones porque tanto su reclamación de amnistía como, sobre todo, su aspiración a establecer un marco político e institucional que posibilite la independencia de Euskadi, requieren cambios constitucionales de muy difícil viabilidad. Dicho de otra manera, es presumible que el proceso desencadenado por la tregua llegue pronto a un límite que ETA tendrá que interpretar, necesariamente, como infranqueable si no se vuelve a ejercer la violencia. Entonces será el momento en el que tendrá que adoptar la decisión crucial entre acabar con su ciclo terrorista o mantenerlo en una nueva etapa de muerte y destrucción. Una decisión en la que, sin duda, pesarán los precedentes que ahora se están estableciendo;  unos precedentes que le dicen a ETA que va ganando y que su violencia pasada conduce   a resultados positivos actuales. ¿Por qué, entonces, acabar con esa violencia?

Ponencia presentada en una reunión en Madrid de La Red Europea de Asociaciones de Víctimas del Terrorismo

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