Tambores de guerra fiscal

En el siglo VI a.C el general chino Sun Tzu escribió un libro que ha pasado a los anales de la historia militar. “El arte de la guerra” desarrolla una extensa descripción de las estrategias más importantes que se deben utilizar en aquellos conflictos y guerras que queramos ganar. Los doce capítulos del manual de la guerra rescatan aspectos tan importantes como estrategias ofensivas, defensa de posiciones, maniobras, marchas, el terreno…todo ello con la finalidad de obtener un resultado óptimo en la batalla. El corolario de la archiconocida obra maestra es que toda guerra se debe vencer sin derramar sangre.

Nuestros responsables políticos, tanto estatales como autonómicos, parece que han desempolvado en las últimas semanas diferentes estrategias fiscales con la finalidad acabar con el oponente, con el contrario político, usando al contribuyente como rehén de sus aspiraciones personales.

En este contexto me surge la cuestión de cómo podemos no distraernos del verdadero escenario en el que se desarrolla la batalla, y como debería enfocarse la misma, para que el ciudadano y nuestra sociedad salgan victoriosos.

Esta batalla viene precedida de múltiples escaramuzas previas que han ido golpeando socialmente la conciencia de que los tributos son importantes para la sociedad, como figuras redistributivas de la riqueza o como instrumentos para afrontar la crisis energética en la que estamos inmersos. Para empezar la confrontación de la fiscalidad más amable de comunidades autónomas como la de Madrid, o el propio Concierto Vasco. También debemos recordar la reciente propuesta de un impuesto a la banca, con una capacidad recaudatoria limitada y con una técnica legislativa dudosa en su legalidad, eso sí, de gran impacto mediático. Igualmente, de escaramuza podemos calificar la propuesta de reducción, por parte de Feijoo, del tipo impositivo del IVA sobre el consumo de la luz, inicialmente del 21 % al 10% y en recientes fechas del 10% al 5%, fue también objeto de lucha política en un principio por el gobierno, aunque posteriormente fuera asumida la propuesta por este.

Estas riñas no tendrían más trascendencia si no tuviéramos en cuenta dos factores fundamentales que han sido detonados en el actual mes de septiembre. El primero de ellos es que estamos a las puertas de un año electoral, tanto a nivel de las comunidades autónomas, como a nivel local, y quien sabe si no, a nivel estatal. Improbable porque la presidencia de España en la UE el segundo semestre del 2023 es un escenario muy sugerente para nuestro actual presidente. La carrera electoral incentiva propuestas fiscales poco razonadas y valoradas sin la tranquilidad necesaria. Por otro lado, tenemos las propuestas de aprobación de presupuestos de los entes autonómicos, que son el lugar de debate y aplicación de los gastos públicos y de los ingresos. Estos dos factores son esenciales para entender lo que está sucediendo en el campo de batalla fiscal.

En este contexto salta la chispa fiscal de Andalucía con su presidente, el cual manifiesta públicamente la supresión, o, mejor dicho, la exención del Impuesto sobre el Patrimonio. A raíz de esta medida surgen las propuestas fiscales del impuesto a las grandes fortunas por parte del gobierno, no sabemos realmente en que termino se desarrollará, y de manera sorpresiva se rompe la línea socialista de ataque, o defensa como se quiera catalogar, por parte del presidente valenciano que agrieta la disciplina militar y se lanza a una propuesta de bajada de impuestos. Un importante flanco queda en descubierto y sobre el que tendremos que ver como se mueven los peones para dar respuesta a esta situación.

Si queremos hacer un análisis certero de la situación fiscal que debería abordar nuestro país deberíamos tomar en cuenta una serie de recomendaciones que ha realizado la Unión europea en los últimos meses. Entre ellas, la necesidad de aumentar la eficacia del gasto público y el sistema tributario que pueden contribuir a la sostenibilidad de las fianzas públicas. Esta primera recomendación es necesaria asumirla de forma inmediata, para poder plantear una política fiscal prudente, limitando el incremento de gastos corrientes, incluso contemplado posibles bajadas de impuestos. En este mismo orden del gasto, íntimamente vinculado a los ingresos, será necesario garantizar una reducción gradual de la deuda de las finanzas públicas que sea real y sostenible a medio plazo.

En cuanto a la recaudación de impuestos propiamente dicha, independientemente de otras reformas de los impuestos verdes, la igualdad y el principio de solidaridad entre las distintas comunidades autónomas habría que plantear una reducción impositiva ante la delicada situación económica que se avecina en los próximos meses. Si la recaudación de los impuestos se ha visto incrementada en el ultimo año y las perspectivas de un mantenimiento de escalada de precios va a ser una tónica generalizada a largo plazo, sería necesario aliviar esta situación mediante una política fiscal homogénea que favorezca a los ciudadanos más golpeados en sus economías domésticas.

Las medidas podrían ser la adecuación del IVA en muchos productos básicos, la deflactación del IRPF mediante la adaptación del porcentaje de inflación al tipo impositivo, o la adaptación de las reducciones aplicadas al IRPF y los mínimos exentos al porcentaje de inflación. Igualmente debería plantearse propuestas de apoyo al sector empresarial productivo en el Impuesto sobre Sociedades.

Si queremos que la batalla fiscal sea operativa y se lleguen a acuerdos de propuestas sin derramar sangre deberán generarse ámbitos de reflexión que eviten la inmediatez y la improvisación fiscal. Nos jugamos mucho, debemos reclamar un espacio para construir una nueva fiscalidad solidaria y redistributiva.