Menores y dependientes abandonados a su suerte y trabajadores perjudicados

Desde el inicio de la pandemia, FSIE (Federación de Sindicatos Independientes de la Enseñanza) ha venido exigiendo al Gobierno la aprobación de permisos retribuidos o bajas laborales para los trabajadores que tengan el deber de cuidado y atención a familiares dependientes e hijos menores de edad que como consecuencia del Covid deban guardar cuarentena sin la posibilidad de que otras puedan llevar a cabo su cuidado.

El incremento de casos en esta nueva ola, como consecuencia del alto grado de contagios de la variante Ómicron, está ocasionando serios problemas para la conciliación familiar y laboral de miles de trabajadores que se ven obligados a renunciar a sus derechos laborales teniendo que dejar sus trabajos o solicitando permisos no retribuidos.

La posibilidad de adaptación que establece el Plan Mecuida se ha mostrado ineficaz e insuficiente porque supone que el trabajador deje de percibir su salario, algo que muchas familias no pueden permitirse de ninguna forma y menos en estos momentos en los que existe un IPC desbocado que está castigando la economía familiar.

Esta situación de desamparo institucional está llevando a algunas familias a comportamientos extremos de necesidad que ponen en peligro la salud pública, llevando a sus hijos al colegio cuando deberían estar en cuarentena o teniendo que poner en situación de riesgo a familiares vulnerables, como los abuelos, y cuyas consecuencias son altamente peligrosas.

El propio Gobierno anunció en el año 2020 que iba a aprobar una “incapacidad temporal para aquellos trabajadores que tuvieran que cuidar a un menor contagiado o que debiera guardar cuarentena por haber estado con un contacto estrecho”. Este compromiso nunca se cumplió y dos años después la situación de las familias y trabajadores es mucho peor.

La solución es posible, como ya ocurre en el ámbito de la función pública, donde ya existe la posibilidad de disponer del tiempo necesario para el cumplimiento de este deber personal e inexcusable para conciliar la vida familiar y laboral como así se recoge en el art. 48 j) del Estatuto Básico de la Función Pública. Algunas administraciones autonómicas están recurriendo a esta fórmula para solventar la ineludible obligación de los poderes públicos de proteger los derechos de sus trabajadores, la conciliación de sus vidas familiares y la salud de la ciudadanía.

No obstante, el Gobierno y las administraciones públicas han optado por mirar a otro lado, desentenderse de este grave problema de los ciudadanos, abandonarlos a su suerte y dejar que el tiempo pase.

Ante esta situación de desamparo y perjuicio que están sufriendo miles de ciudadanos por no poder cumplir con su obligación de cuidar de sus hijos menores de edad y de familiares dependientes y, dado que la única alternativa que se les ofrece es perder derechos laborales por una situación extrema y especial como la que estamos viviendo, FSIE se ha dirigido al Defensor del Pueblo con el fin de que, desde esta institución, se inste con carácter de urgencia al Gobierno de España a solucionar el problema de forma inmediata mediante la aprobación y regulación de permisos retribuidos o de bajas laborales.

A la incertidumbre de esta pandemia, la falta de claridad y homogeneidad en las medidas que se vienen adoptando por parte del Gobierno y las Comunidades Autónomas para hacer frente a los mismos problemas generados por el Covid, sumamos ahora la ausencia de medidas eficaces que garanticen que los padres que trabajan pueden cumplir con su obligación de cuidar de los hijos menores de edad y de sus familiares dependientes. Dos colectivos vulnerables que al parecer no debemos tener en cuenta ni preocuparnos de ellos. ¿Dónde están las políticas sociales en favor de los menores y dependientes?

Jesús Pueyo Val es secretario general de FSIE