Caso Faisán: indicios de responsabilidad política

Probablemente el proceso que se sigue en la Audiencia Nacional permita concluir que hay responsabilidad de algunos de los policías imputados o incluso que aquellos que tenían que haber luchado contra la red de extorsión pretendieron destruir pruebas. Lo que parece más complicado es conseguir las pruebas que demuestren la responsabilidad de los altos cargos del Ministerio del Interior, desde el secretario de Estado de Interior en ese momento, Antonio Camacho, hasta el policía que le pasa el teléfono a Elosúa, pasando por el director general de la Policía de entonces, Víctor García Hidalgo. Hay un tráfico intenso de llamadas, que es el que ha ordenado investigar el juez Ruz, pero no se puede tener acceso al contenido de esas llamadas. Es difícil que se encuentre la pistola humeante.

Sólo habría pruebas si alguno de los policías que pueden ser condenados hablara y dijera de dónde llegó la orden. Es lo que está intentando la acusación particular, propiciando un pacto que pudiera eximir de responsabilidad a uno de esos policías a cambio de que hablen. Pero en el caso de que algún miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado fuera condenado por haber colaborado con ETA, ¿no es suficiente indicio de que hay responsabilidad política? ¿Habría actuado cualquier policía que se ha dedicado a la lucha antiterrorista a favor de los terroristas sin haber recibido órdenes? Difícil de creer. Basta con que el chivatazo quede probado para que Rubalcaba, el ministro más valorado del Gobierno, esté seriamente comprometido.