Rubalquismo aéreo

En las horas críticas del viernes y del sábado Rubalcaba fue preparando a la opinión pública para la declaración del estado de alarma como una solución inevitable. Administró los tiempos con un calculado sentido del drama, primero avisó de que esa posibilidad existía y el sábado, tras el Consejo de Ministros extraordinario, anunció que, como las cosas no se habían solucionado, se recurría a una solución inédita en la historia de la democracia. Muchos han tenido la sensación de que, por fin, el Gobierno se ha mostrado firme y ha sabido resolver algo.

El conflicto es de los que se pueden simplificar: no se puede estar con los controladores que son unos privilegiados. El procedimiento está en los manuales revolucionarios: se acentúan las contradicciones latentes y la vanguardia del cambio, en este caso de la resistencia, se presenta como la solución. Sin duda ahora aparecerán los que hablen de una nueva conspiración del vicepresidente primero. No la ha habido. Pero lo cierto es que el Gobierno llevaba un año negociando con los controladores, que estaba enterado de que en Galicia se preparaba "un plantón" y que eligió el fin de semana del puente para precisar sus condiciones laborales.

La comparecencia de Zapatero este jueves en el Congreso ha dado pistas respecto a la sobreactuación que supone haber recurrido al estado de alarma. La Ley Orgánica 4/1981 de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio en su artículo 4 deja claro que, para recurrir a esta figura, es necesario que además de una "paralización de los servicios públicos esenciales para la comunidad" se den situaciones de "catástrofes, calamidades o desgracias públicas". Son necesarios los dos supuestos. En el caso de los controladores sólo se da, si se interpreta en sentido amplio, el supuesto de la paralización de los servicios públicos. Zapatero en su comparecencia ha esgrimido hasta la saciedad la sentencia que el 10 de mayo dictó la Audiencia Nacional en respuesta al decreto que reguló las condiciones laborales de los controladores a principios de año. El presidente ha recurrido a dos palabras de ese pronunciamiento judicial con las que ha intentado tapar cómo el Gobierno está forzando la ley en una cuestión tan delicada. La sentencia aseguraba que la situación creada por los controladores durante los últimos 20 años "no constituye un estado de normalidad, sino un estado de excepción permanente, que ninguna Administración responsable puede tolerar". Y añadía que el decreto "era imprescindible para corregir en el plazo más breve posible de tiempo una situación tan calamitosa".

Es evidente que el "estado de excepción" al que se refería la Audiencia Nacional no es el supuesto jurídico previsto en nuestra Constitución como escalón superior al estado de alarma. Como también es evidente que cuando la Audiencia hablaba de "situación calamitosa" no se refería a uno de los supuestos del artículo 4 C de la Ley Orgánica. Pero Zapatero ha torcido las palabras para transformar un grave problema laboral mal gestionado por el Gobierno en una situación constitucionalmente extraordinaria. Y a muchos españoles la pulsión de un Gobierno firme, sin escrúpulos leguleyos, le gusta.