Moria como retrato

Los miembros del Eurogrupo, los ministros del euro, se veían las caras presencialmente en Berlín el pasado viernes. Por primera vez después de seis meses. La gobernadora del BCE, Christine Lagarde, era contundente: hay que mantener los estímulos (más gasto) para hacer frente a la situación económica que el COVID ha provocado en Europa. La UE se juega su futuro en esta crisis. Por fin, tenemos lo más parecido que hemos tenido nunca a una política económica común con el fondo Next Generation.

Esa misma noche, en el campo de Moria, en la Isla de Lesbos, muchos de sus 13.000 refugiados dormían a la intemperie después de que un nuevo incendio hubiera devastado sus precarios alojamientos. Moria es la gran denuncia de cómo la penúltima crisis de la UE, una crisis más pensada que real, la llamada crisis de refugiados, sigue sangrando. Sigue poniendo de manifiesto la debilidad política y jurídica de la integración, la debilidad cultural de la región del mundo que, por historia y por presente, está llamada a ser una región diferente: una reserva práctica de humanidad. Veremos pronto si el Pacto Europeo de Asilo e Inmigración, que en principio debe ser presentado después de muchos aplazamientos a finales de septiembre, sirve para lograr algún avance. La mejora de la política de asilo europea es una ocasión para construir más Europa.

Antes de que se produjera el incendio en Moria, las condiciones para sus 13.000 habitantes ya eran inhumanas desde hacía mucho tiempo. Antes de la llegada del Covid ya había diarrea, difteria y algunas enfermedades raras. Moria iba a ser en 2015 uno de los hotspot que aliviara la presión que estaba sufriendo Grecia, iba a facilitar una identificación y derivación rápida de los refugiados. Se convirtió pronto en un campo de internamiento. Sus ocupantes solo tienen un litro de agua al día para beber, lavarse y cocinar. Las letrinas son las de un campamento militar para 800 personas. La suciedad está por todas partes y falta la más mínima intimidad para todo. La desesperación en algunos casos provoca un fenómeno tan poco frecuente como los suicidios infantiles. De momento, lo único anunciado por la UE es la ayuda para sacar de la isla a unos centenares de Menores No Acompañados.

Moria es el resultado de una falta de solidaridad con los países del sur y de la reacción excesiva ante un fenómeno que se magnificó. Del Welcome Refugees, se pasó a la sensación de estar sufriendo una colonización excepcional que podía poner en peligro el Estado del Bienestar y la integridad cultural europea. Los números no dicen eso. En el año crítico, en 2015, cuando se recibieron un millón de solicitudes de asilo, los primeros seis países (Sudáfrica, Estados Unidos, Turquía, Malasia, Kenia y Egipto) en solicitudes del mundo habían recibido 1,7 millones. La relación entre los flujos de refugiados y la población total de países receptores es la misma en la UE que en el resto de los países con rentas altas en el planeta. La reacción primero de la Comisión y después del Consejo fue aprobar unas cuotas de reasentamiento (para la la llegada segura desde sus países de origen de refugiados especialmente vulnerables), y unas cuotas de reubicación, el traslado desde los países fronterizos que más presión estaban sufriendo (Italia, Grecia y Hungría) a otros países miembros. El programa de reasentamiento ha funcionado relativamente bien, de los 22.500 refugiados previstos se han reasentado 19.400. Otra cosa bien diferente ha sido la reubicación. Estaba prevista la de 160.000 refugiados y solo se ha producido para 34.000. Algunos países nunca quisieron participar en el sistema de cuotas y otros las incumplieron. Hungría o Polonia mantienen un rechazo frontal a acoger, pese a que han sido condenados por el Tribunal de Justicia de la UE. Al final, en 2016, se acordó la externalización del control mediante el acuerdo con Turquía. Un acuerdo que vulneraba el derecho internacional y que ha puesto a la Unión Europea en manos del nacionalismo neotomano de Erdogan. La presión sobre Grecia se ha reducido significativamente. Las llegadas mensuales se cuentan por pocos miles y, en su mayoría, son afganos. Ha sido a costa de no garantizar los derechos humanos. Y en las islas griegas han quedado 40.000 personas en tierra de nadie en situación deplorable. Parece que se les utiliza para evitar el efecto llamada.

Los criterios para conceder o denegar el asilo son una cuestión nacional. Y según los sucesivos Acuerdos de Dublín, el país de entrada sigue siendo el que asume la responsabilidad de tramitar las solicitudes. Todo eso genera evidentes disfunciones. España, Italia, Grecia, Chipre y Malta piden, con razón, que se establezca un mecanismo de reubicación obligatoria entre todos los estados miembros. Pero de todas las cuestiones en juego, quizás la más relevante es la de la integración. Una región del mundo con 500 millones de habitantes y una grave crisis demográfica depende en gran medida de su capacidad de acogida, que no es solo un imperativo humanitario, sino la prueba de cuáles son las certezas y las evidencias de las que vive. Integramos cuando estamos seguros de quiénes somos, cuando estamos dispuestos a aprender de todos.